VALÈNCIA. (EFE). La Conselleria de Transparencia ha sacado a exposición pública el anteproyecto de ley de Gobierno abierto de la Comunitat Valenciana, que entre otros aspectos reforma sustancialmente el Consejo de Transparencia, y al que se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 16 de marzo.
El borrador del anteproyecto de ley pretende ofrecer un marco integrador de los instrumentos del gobierno abierto y la buena administración en la Comunitat Valenciana, para lo cual regula la transparencia, el buen gobierno, la planificación y evaluación, la participación ciudadana y el fomento del asociacionismo.
La norma regula de manera más completa y reforma sustancialmente el Consejo de Transparencia, al que se dota de personalidad jurídica como autoridad independiente, se refuerzan las garantías para su independencia y buen funcionamiento, y se incorpora la posibilidad de procedimientos de mediación, junto a las reclamaciones por el derecho de acceso.
En materia de transparencia también se establece la elaboración de planes bienales de transparencia y una organización administrativa para garantizar el cumplimiento transversal en el ámbito de la Generalitat, según un comunicado de la Generalitat.
Asimismo, se amplían las obligaciones de publicidad activa de la Generalitat, incrementando los mínimos de información que se han de publicar clasificados por materia, por ejemplo en el caso de la contratación pública.
En materia de buen gobierno, se avanza en la promoción de los códigos de conducta y de buen gobierno en las Administraciones públicas, y por ejemplo se extiende la obligación de contar con código de gobierno a los Gobiernos locales y el resto de entidades.
También se prevé la inclusión de principios éticos y reglas de conducta para contratistas y beneficiarios de subvenciones en los pliegos de contratos públicos y en las bases de subvenciones, así como la promoción de código de conducta para el personal empleado público que participe en su gestión.
Otro aspecto es que se prevé la elaboración por el Consell de un Plan de gobierno, como plan estratégico de legislatura, que debe estar sometido a un seguimiento y revisión semestral, y se destaca la obligación de evaluar el impacto de las normas que se aprueben.
La futura ley establece un completo marco regulador de los mecanismos de participación ciudadana, hasta ahora inexistente, de forma que regula el Consejo de Participación Ciudadana, los órganos de participación institucional de las Consellerias y los instrumentos y procedimientos específicos de participación.
Regula también mecanismos para el fomento y la promoción del asociacionismo y la cultura participativa, incluyendo el fomento de la educación para la participación.
La Conselleria de Transparencia ha organizado distintos espacios de debate para recoger propuestas a la ley, si bien el texto se publica ahora en su página web para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones adicionales.