VALÈNCIA (EP/EFE). El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha rechazado las solicitudes del Ayuntamiento de València en las que pedía ampliar el plazo para la conclusión de proyectos subvencionados en el marco de la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.
Este departamento del Gobierno central indica al consistorio que puede devolver las ayudas recibidas si no es posible justificar su uso para lograr el objetivo previsto inicialmente.
Así se recoge en la respuesta emitida por Transportes y Movilidad Sostenible a los escritos presentados por esta administración local el pasado mes de julio con las solicitudes mencionadas.
Se trata de una resolución provisional -caben alegaciones- de desestimación de modificación de un expediente correspondiente a la concesión de subvenciones de la primera convocatoria del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano en el marco Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El consistorio de la capital valenciana había solicitado una modificación del plazo de ejecución de la ampliación del espacio para el peatón, de la mejora de la accesibilidad al transporte urbano y de la digitalización de la red y la gestión de la flota de autobuses urbanos. Así, se pedía cambiar el plazo de fecha de fin de ejecución del 31 de diciembre de 2023 en los tres casos al 31 de marzo de 2025 en el primero, al 31 de mayo de 2025 en el segundo y al 31 de diciembre de 2025 en el tercero.
Igualmente, la administración municipal reclamaba una modificación del alcance de la primera actuación, la referida a la ampliación del espacio para el peatón. Planteaba la inclusión de una nueva subactuación correspondiente al proyecto de urbanización de la Plaza Músic Antoni Eiximeno, como recoge la resolución de Transportes, consultada por Europa Press.
En la ampliación para el peatón se contemplan otras actuaciones como la renovación de infraestructura de la calle Isabel la Católica, la urbanización de la avenida Malvarrosa, las reurbanizaciones de la supermanzana del barrio de Orriols, de la supermanzana de la Petxina y la remodelación de la plaza Barón de Cortés en Russafa.
El Ayuntamiento sustentaba la modificación del alcance en la "alteración sobrevenida de la planificación de los trabajos iniciales para ofrecer una solución integrada de ampliación del espacio para el peatón en el entorno del barrio de la Malvarrosa" y en "saldos producidos por bajas de licitación que pueden finalmente no materializarse en saldos efectivos si se produjeran modificaciones de contratos o liquidaciones" o en "un saldo sobrante" si "estas no se produjeran".
"Con el fin de asegurar la absorción de fondos y la consecución de hitos y objetivos generales descritos en las bases y convocatoria, así como el PRTR, se considera conveniente introducir esta subactuación que no solo sería capaz de absorber los posibles saldos sobrantes en plazo, sino que reforzaría la finalidad de la actuación", expuso el consistorio.
Por otro lado, para justificar las modificaciones de ampliación de plaza de ejecución que proponía, el Ayuntamiento señalaba imprevistos que llevan a retrasos, eventual paralización de trabajos en julio, agosto, Navidad y Fallas, o proposiciones anormalmente bajas en los procesos de licitación.
Tras analizar la petición municipal para modificar el alcance que afecta a la ampliación del espacio para el peatón, el ministerio concluye que "no supone un cambio sustancial -sostiene que "el alcance de la actuación modificada no difiere en más de un 50% respecto del alcance de la actuación inicial" y que "el presupuesto total inicial (sin IVA) resultado de la modificación no supone una variación superior al 50% respecto al total declarado en la solicitud de subvención-".
Transportes y Movilidad Sostenible determina también que "no produce daños a derechos de terceros". "Se interpreta que a juicio del Comité Técnico de Valoración y aplicando los mismos criterios aprobados durante la fase de evaluación de las solicitudes, la nueva propuesta hubiera obtenido la misma valoración, por tanto, no afecta al proceso de evaluación de las solicitudes de ayudas", indica.
No obstante, el ministerio precisa que "los cambios propuestos alteran la naturaleza y los objetivos de la subvención" porque "no mantiene la naturaleza y objetivos de las cinco subactuaciones inicialmente solicitadas".
Del mismo modo, Transportes señala que "tampoco concurre ninguno de los tres motivos por los que resulta aceptable una modificación". Alude así a una "alteración sobrevenida de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención debidamente justificada", dado que "introducir una nueva subactuación no prevista en la memoria inicial con el fin de asegurar la absorción de fondos remanentes de bajas de licitación está basado en un hecho que no se ha llegado a dar y la disponibilidad de dichos fondos dependería de la voluntad del beneficiario".
En cuanto a la petición para modificar plazos de ejecución, el ministerio expone que "se incumple con el artículo 39 de la Orden TMA/892/2021". Detalla que se "supera el cómputo total de doce meses desde la fecha indicada en la resolución de concesión definitiva".
Con todo, Transportes determina desestimar las solicitudes presentadas por el Ayuntamiento y dice a esta institución, atendiendo al reglamento de la Ley General de Subvenciones, que "puede hacer devoluciones voluntarias de la subvención concedida, sin previo requerimiento de la administración, en caso de que no sea posible la justificación de su uso para la consecución del objetivo para el que fue concedida" y "con los intereses de demora correspondientes, en su caso".
Ante esto, el Ayuntamiento de València ha pedido respeto al trabajo de los técnicos municipales ante el requerimiento del Ministerio de devolución de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE).
El consistorio ha asegurado que asiste "a la persecución a la ciudad de Valencia por parte de Pedro Sánchez", algo "intolerable", y que va a defender las actuaciones realizadas "donde haga falta", en primer lugar mediante alegaciones.
Además, critica las "formas bochornosas" por las que los técnicos han recibido "una supuesta respuesta de devolver 38 millones de euros por la prensa".
Señala que la resolución del Ministerio resuelve que se informa al Ayuntamiento beneficiario que, de acuerdo con el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, el interesado puede hacer devoluciones voluntarias de la subvención concedida, sin previo requerimiento de la Administración, en caso de que no sea posible la justificación de su uso para la consecución del objetivo para el que fue concedida, con los intereses de demora correspondientes, en su caso.
Por tanto considera que el Ministerio "a día de hoy no ha exigido ni un euro" al Ayuntamiento de València, y lamenta que se trata de "un ejemplo de la máquina del fango que debería incluir Sánchez en su nueva ley".