Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Hace apenas dos semanas, la consellera de Educación, Raquel Tamarit, y la responsable de Justicia, Gabriela Bravo, presentaron el acuerdo alcanzado por ambas carteras que establece el grado de conocimiento del valenciano que deberá acreditarse para acceder a un puesto en la Administración valenciana. El pacto llegaba casi dos años después de haber aprobado la Ley de Función Pública, que también costó cinco años validar por las diferencias que tenían PSPV y Compromís precisamente en esta cuestión: si el valenciano debía ser un mérito o un requisito de acceso.
El texto acordado, que comenzará a aplicarse a partir de la Oferta Pública de Empleo de 2025, deja fuera a los sanitarios, para los que el conocimiento de la lengua cooficial será un mérito para acceder al empleo público. Con ello, los socios del Botànic zanjaron la polémica que había suscitado este debate.
Sin embargo, este martes volvió a resurgir: el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, anunció que el requisito lingüístico para este colectivo será una realidad en la próxima legislatura si el Gobierno del Botánico se mantiene al frente de la Generalitat a partir de las elecciones de mayo.
En Les Notícies del Matí de À Punt, Trenzano tildó la nueva normativa como un "avance importantísimo" porque ha permitido regular el conocimiento del valenciano tanto en el ámbito de la Generalitat, como en las universidades, ayuntamientos y empresas del sector público. Pero también admitió que todavía queda camino por recorrer en este sentido para que el valenciano sea extensivo en todos los ámbitos, incluido el sanitario.
"Hemos de ir piedra a piedra haciendo pared, y tal y como se ha dicho, el personal sanitario lo dejaremos para la tercera legislatura", manifestó el director general de Compromís. Un avance que, sin embargo, no se contempla como tal en los decretos publicados hace unos días a pesar de que el requisito lingüístico acordado se empezará a exigir en la OPE 2025. Es decir, que empezaría a aplicarse en la legislatura que viene.
La intervención de Trenzano es especialmente significativa por dos motivos. El primero, por el momento en que se produce: apenas dos semanas después de haber anunciado el acuerdo al que llegaron los dos socios mayoritarios del Botànic. Pero por otra, porque ahonda en el modelo que desde un principio planteó Compromís y que el PSPV se negaba a aceptar: que para el personal sanitario el conocimiento del valenciano fuera un requisito de acceso a la Función Pública.
De hecho, este ha sido el motivo principal que ha retrasado la tramitación del reglamento del requisito lingüístico durante dos años. Incluso, también bloqueó la propia ley de Función Pública durante cinco años -comenzó a redactarse en 2016- porque socialistas y valencianistas no encontraban la manera de llegar a un acuerdo sobre el redactado. Finalmente decidieron aprobar la norma por un lado y dejar los detalles de los grados de capacitación que debían demostrar los aspirantes a ocupar un puesto en la Administración para un reglamento que ambas partes tendrían un año para consensuar.
Los desencuentros entre Política Lingüística (Compromís) y Función Pública (PSPV) se alargaron en el tiempo y al final los decretos que desarrollaban el requisito tardaron dos años en aprobarse. Un diseño que se acerca más al concepto que deseaba el partido del puño y la rosa que al pretendido en su momento por la coalición valencianista: no en vano, el nivel C1 de valenciano será exigible tan solo a los altos funcionarios de la Generalitat, pero además dejaba también fuera a los sanitarios. Un pulso que, ahora, y con la vista puesta de nuevo en las unas, parece que Compromís quiere mantener con los socialistas en el próximo mandato.
