La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Foto: MARTA FERNÁNDEZ JARA/EPVALÈNCIA (EP). El Tribunal de Cuentas ha cuantificado este martes en el Congreso en más de 103.690 millones de euros los gastos asumidos entre 1989 y 2018 por la Seguridad Social en partidas no contributivas y que, por tanto, debían haber sido financiados por la Administración General del Estado.
Así lo ha manifestado la presidenta del órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, ante la que ha presentado diferentes informes relativos a la Seguridad Social y sus mutuas colaboradoras.
Esta cifra forma parte de la fiscalización del Tribunal sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de Seguridad Social, pero también es una de las tareas pendientes del Gobierno tras la última reforma del sistema público de pensiones.
Así, la reforma mandataba al Gobierno a encargar una auditoría para cuantificar qué gastos considerados impropios, por su carácter asistencial y no contributivo, había venido asumiendo el sistema desde 1967. Precisamente, Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu han emplazado al ministro José Luis Escrivá a encargar esta auditoría al Tribunal de Cuentas, recordándole que ya va tarde respecto al plazo legal que establecía la reforma.
En su comparecencia, Chicano ha señalado este montante corresponde, por un lado a la universalización de la asistencia sanitaria (31.828 millones) y los complementos a mínimos para elevar las pensiones más bajas (71.862 millones), partidas que, en opinión del Tribunal, deberían haber sido asumidas por el Estado a través de transferencias corrientes.
La presidenta ha explicado que la Seguridad Social financió con cotizaciones la universalización de la Sanidad hasta 1998 pero que en el caso de los complementos a mínimos esta financiación se prolongó catorce años más, hasta 2012.
Esta factura de gastos impropios podría ser mayor, al señalar Chicano que también hubo gastos que, sin tener naturaleza presupuestaria influyeron en la evolución negativa de los resultados y del patrimonio neto, como las amortizaciones anuales de los inmuebles utilizados para servicios sanitarios y locales, transferidos a las comunidades o adscritos a las fundaciones hopsitalarias.
Sin embargo, ha señalado que no es posible para el Tribunal cuantificar este gasto impropia por la antigüedad de los datos necesarios para el cálculo.
En su intervención, Chicano ha llamado la atención para tener en cuenta esta factura a la hora de cancelar los préstamos contraídos por la Seguridad Social con la Administración General del Estado, principal acreedor del sistema garante de las pensiones públicas.
Según el informe de fiscalización presentado en el Congreso, la Seguridad Social arrastra una deuda a 31 de diciembre de 2018 de 79.222 millones de euros, de los cuales 50.273 millones son adeudados precisamente a la Administración General del Estado.
Sin embargo, la presidenta del Tribunal subraya que "los mecanismos para la cancelación de tales préstamos no se pueden plantear aisladamente", sino que "se tienen q tratar conjuntamente con los dirigidos a liquidar la totalidad de los costes que la Seguridad Social asumió por cuenta de la Administración General del Estado".
Advirtiendo de que las recomendaciones contenidas en el informe habían sido emitidas antes de la última reforma del sistema público de pensiones, Chicano sí que ha destacado la creciente brecha entre los ingresos por cotizaciones, decrecientes un 1,3% entre 2011 y 2018, y el gasto medio anual por pensionista, que aumentaron un 18,7% en ese período.
La acumulación de déficits durante este período, señala el Tribunal, elevó a 37.933 millones de euros el patrimonio neto negativo del balance de la Seguridad Social, tras presentar resultados económico patrimoniales negativos acumulados entre 2010 y 2018 por 115.022 millones.
"La deuda es un problema, pero es un problema no menor la deficiencia de las cotizaciones. De ninguna manera cubre las prestaciones", ha remarcado Chicano, que ve necesario "aproximar la prestación a la cotización". "Habrá que hacerlo en algún momento y tomar medidas en ese sentido", ha dicho.
