El Tribunal de Cuentas investiga contratos a dedo de Ayuntamiento de València, según el PP

VALÈNCIA (EFE). La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha asegurado este martes que el Tribunal de Cuentas "ha abierto una investigación sobre las contrataciones a dedo" del equipo de gobierno municipal, algo que ha considerado "una práctica habitual".

Según un comunicado del PP, es "habitual en el Ayuntamiento la contratación de servicios sin licitación pública" y, en este caso, el tribunal ha abierto una investigación por la contratación de los comedores de los centros ocupacionales por 534.605 euros sin concurso durante casi tres años.

El PP también ha aludido a sobrecostes sin justificar cuantificados por Antifraude en 91.908 euros y Catalá ha afirmado que la Agencia Valenciana Antifraude, en una resolución de noviembre de 2020, "advirtió de las irregularidades" y, en sus conclusiones, "afirmó que se han dado conductas o hechos podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves".

"Antifraude exigió la depuración de responsabilidades, así como el reintegro de los 91.908 euros para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos", ha recordado.

Asimismo, ha criticado que la Junta de Gobierno Local rechazó en noviembre de 2021 las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude para investigar a los responsables de "la adjudicación irregular grave sin informes ni valoración económica alguna del comedor de los tres centros ocupacionales municipales".

"El Gobierno de Ribó y PSOE ni buscó responsabilidades ni pidió el resarcimiento al Ayuntamiento de lo cobrado de más", ha denunciado Catalá.

"Más de 2.000 contratos a dedo y sin concursos por valor de 12 millones de euros. Estas son las cifras de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de València durante este año", ha criticado asimismo la portavoz del PP.

Este tipo de contratación se sigue utilizando "a pesar de las continuas advertencias del interventor", que ha definido como "reprobable e inapropiada para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas", ha dicho.

Catalá ha asegurado que, durante esta legislatura, el equipo de gobierno municipal ha firmado 8.300 contratos a dedo, lo que ha considerado un "abuso" que desoye las advertencias de Antifraude.

La líder del PP ha cifrado en más de 100 millones de euros lo que ha adjudicado a dedo el ejecutivo municipal de Ribó y PSOE en más de 17.000 contratos, "a los que habría que sumar los cientos que se firman en las empresas públicas como EMT, AUMSA o la Fundación Deportiva Municipal".

Catalá ha explicado que las concejalías que encabezan "el top 5 de contrataciones a dedo" son Servicios Centrales, con la firma de contratos por valor de 1,6 millones de euros, seguida por Cultura Festiva, con más de un millón de euros; Recursos Culturales y Patrimonio Histórico, con más de 870.341 euros; Acción Cultural, con 810.603 euros, y Mayores, con 450.207 euros.

Según la dirigente del PP, en el caso que investiga el Tribunal de Cuentas, el gobierno municipal "adjudicó a dedo el catering de los centros ocupacionales a un precio por menú a 8,03 euros, casi 5 euros por menú más de lo que se pagaba a la empresa adjudicada legalmente en 2015 y que tenía el contrato en vigor".

"Además también era un precio superior al que se licitó la nueva contratación que lo fijaba en 6,72 euros y adjudicado por 6,65 euros en menú", ha detallado.

Servicios Sociales: "El concurso era urgente"

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València asegura que la contratación, sin concurso, del catering de los centros ocupacionales municipales se decidió porque "no había tiempo suficiente para licitar el servicio", que era esencial y no podía dejar de prestarse.

El Ayuntamiento responde así después de que este martes la portavoz municipal del PP, María José Catalá, haya asegurado que el Tribunal de Cuentas "ha abierto una investigación sobre las contrataciones a dedo" del equipo de gobierno municipal, algo que ha considerado "una práctica habitual".

Según un comunicado del PP, es "habitual en el Ayuntamiento la contratación de servicios sin licitación pública" y, en este caso, el tribunal ha abierto una investigación por la contratación de los comedores de los centros ocupacionales por 534.605 euros sin concurso durante casi tres años.

En su respuesta, la edil Isabel Lozano ha informado de que el servicio prestado por Catering La Hacienda, SL, comprobada la bajada del precio del menú (3,70 euros), era deficiente y las quejas eran continuas tanto por parte de las personas usuarias de los Centros Ocupacionales Municipales (COM) como de las familias y los trabajadores.

Ha añadido que, a pesar de que se le insistió a la empresa para que las enmendara, las deficiencias incluso se agravaron y, cuando finalizó el contrato, Catering La Hacienda, SL manifestó verbalmente que no quería prorrogarlo, añaden desde la concejalía.

El servicio de comedor, precisa, finalizó el 31 de mayo de 2017 y volvía a empezar el 1 de octubre de 2017, y "por lo tanto no había tiempo suficiente para licitar el servicio", que no se podía dejar de prestar dado que en los COM se atiende a personas muy vulnerables (también a nivel de salud) y se decidió hacer el encargo directo a Novaterra Càtering, SL.

La concejalía explica que se eligió a Novaterra Càtering teniendo en cuenta que es una fundación, de impacto social, que desde hace muchos años desarrolla programas de inserción sociolaboral de colectivos en situación de exclusión social (mujeres víctimas de violencia de género, paradas de larga duración y personas con discapacidad, entre otros).

Además, agrega, Novaterra Càtering, SL ofrecía unos menús de calidad, equilibrados y utilizando productos de proximidad.

Sobre el retraso del nuevo contrato, explica que fue consecuencia de varias circunstancias, entre ellas la carencia de personal al Servicio de Bienestar Social e integración, y la entrada en vigor de la nueva ley de contratos (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), que motivó, entre otros, la modificación y adaptación de los pliegos ya elaborados a la nueva normativa.

"En ningún caso ha habido un abuso del enriquecimiento injusto", defiende, dado que el precio establecido con Novaterra Càtering, SL, si se tiene en cuenta que el producto servido estaba elaborado en el marco de un programa de inserción socio-laboral, fue incluso más bajo que el precio de mercado.