La consellera Ana Barceló y Alberto de Rosa (Ribera Salud). Fotos: RAFA MOLINA y EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El lento proceso de reversión a la gestión pública de la concesión del Area de Salud de La Marina, que incluye el Hospital de Dénia, tiene un nuevo escenario que puede facilitar el acuerdo entre la Generalitat y Ribera Salud: la reciente compra por parte de la multinacional norteamericana Centene Corp de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), propiedad hasta ahora de Sanitas. Esta aseguradora es también la concesionaria del Hospital de Manises.
El Hospital de Manises no está en venta, según manifestó a Valencia Plaza un portavoz de Sanitas tras el comunicado que explicaba que la compañía había tomado la decisión de desprenderse de sus concesiones "en la Comunidad de Madrid". Fuentes de Ribera Salud –participada al 50% por Centene Corp y Banco Sabadell– confirmaron que la operación entre Centene y Sanitas solo incluía el hospital madrileño.
Sin embargo, fuentes del sector señalan que la aseguradora ha demostrado con esta venta que las concesiones de hospitales no son un negocio prioritario para ella –si bien no las concesiones de Madrid y Valencia no son iguales–, mientras Ribera Salud sigue interesada en esta actividad –gestionará el de Torrejón–, y estaría muy interesada en repetir la operación de Torrejón en el área de Manises, que tuvo que vender en 2012 por exigencia de su entonces accionista Bankia.
De esta manera y aunque sea solo una posibilidad, la adquisición de la concesión de Manises por parte de Ribera Salud –o de Centene, con cesión de la gestión a su filial– abre una nueva vía en la negociación con una poderosa moneda de cambio para la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, que tendría en su mano permitir que la firma que dirige Alberto de Rosa se hiciera con la gestión de Manises. Según ha podido saber Valencia Plaza, en la Generalitat ya contemplan esta posibilidad en la que Ribera Salud debería renunciar a pelear por Dénia, área menos rentable pero políticamente muy importante para Ximo Puig, pues ha prometido cuatro veces que rescataría la concesión antes del fin de la legislatura.
El escenario es rocambolesco pero el punto de partida lo es aún más. Puig anunció hace dos años y medio en Pedreguer que la Generalitat rescataría la concesión de La Marina, que vence en 2024, y ordenó a los consellers de Sanidad, Carmen Montón, y Hacienda, Vicent Soler, que se pusieran manos a la obra. La concesionaria es Marina Salud, participada por la aseguradora DKV con un 65% y por Ribera Salud con el 35% restante. DKV había manifestado públicamente el deseo de vender su parte y tenía un acuerdo muy avanzado con Ribera Salud cuando Puig lanzó su anuncio en marzo de 2016.
Los dos primeros años apenas se avanzó, más allá de encargar una valoración económica del rescate que hace meses que está terminada y que la Generalitat no ha hecho pública. Lo único que se ha filtrado es que una de las dos vías de rescate, la resolución unilateral del contrato, es inviable económicamente. La segunda, la única contemplada hasta ahora, pasa por negociar la compra a DKV de la empresa concesionaria, Marina Salud.
Pero esa compra tiene obstáculos contractuales, como se encargó de recordar el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, a la entonces consellera, Carmen Montón. La empresa valenciana tiene derecho de tanteo sobre las acciones de DKV, es decir, que si la aseguradora vende su 65% a un tercero, por ejemplo la Generalitat, Ribera Salud puede ejercer ese derecho y quedarse la participación por el mismo precio. Pero también tiene derecho de acompañamiento, que consiste en que si Sanidad compra el 65% de DKV, Ribera Salud puede obligarle a comprar su 35% al mismo precio por acción.
La situación de bloqueo, agravada por la falta de comunicación entre Montón y la concesionaria en plena guerra por la reversión del Hospital de la Ribera (Alzira), se complicó aún más con la decisión de la consellera, respaldada por Les Corts, de impedir por vía legal que Ribera Salud pudiera ampliar su participación en Marina Salud. Lo hizo incluyendo en la nueva Ley de Salud autonómica, que entró en vigor en abril de 2018, el siguiente artículo: "Para garantizar la libre competencia y evitar posiciones de dominio, ninguna persona física o jurídica podrá ostentar, directa o indirectamente, en el ámbito de la sanidad pública valenciana, más del 40 % de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión de un departamento sanitario".
La empresa no se amilanó y advirtió que, en caso de vetarse la posible operación de compra a DKV, acudiría a los tribunales por considerar que esta limitación a la competencia es contraria a derecho. La reversión de Dénia llevaba camino de enquistarse en los tribunales.
En el Palau de la Generalitat volvieron a plantearse la posibilidad de una reversión antes del fin de la legislatura el día que Carmen Montón fue nombrada ministra de Sanidad, el pasado 5 de junio. En su lugar, Puig nombró consellera a Ana Barceló, que optó por resolver todos los problemas que había heredado de Montón por la vía del diálogo y no del enfrentamiento.
Tanto fuentes de la Conselleria como de Ribera Salud, que gestiona al 100% las áreas de Elx-Vinalopó y Torrevieja, coinciden en que la relación es ahora la que se espera entre una administración y una empresa que presta un servicio tan importante como la gestión sanitaria. Hay diálogo, aunque hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo porque ambas partes quieren hacerse con la gestión del Hospital de Dénia.
La posible entrada de Manises en la ecuación, si se confirma que Sanitas quiere desprenderse de esta concesión, dejaría contentos a todos, a los que se quieren ir, el se quiere quedar y a la que quieren entrar.
No obstante, hay obstáculos que complican que se cumpla el objetivo del Consell de revertir Dénia antes de mayo de 2019. El primero, que debería materializarse la operación entre Centene y Sanitas en Manises. Después, habría que cambiar la ley para que Ribera Salud pudiera gestionar ese hospital. Tercero, el retraso en las liquidaciones de los ejercicios anuales del área de Manises, que no se sabe cuánto debe a la Generalitat –tras una sentencia a favor de la concesionaria–, dificulta su venta.
Y por último, la Generalitat tendría que habilitar una partida en sus presupuestos para comprar el hospital de Dénia, ya que de momento ha afirmado que usaría el dinero destinado a su funcionamiento.
