La UCO confirma el amaño en el 'Call center' y afirma que se pidió ayuda a Rus para mediar ante deficiencias

VALÈNCIA (EP). Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han confirmado que hubo amaño en el contrato del 'Call center' que otorgó la extinta empresa pública Imelsa a la mercantil Servimun S.L. y han desvelado una carta que consideran iba dirigida al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus en la que se le pedía ayuda para mediar ante unas deficiencias detectadas durante la ejecución del contrato.

Los agentes han sido los primeros peritos en comparecer ante la Audiencia de Valencia, en el juicio que se sigue contra Rus y otras seis personas más por la pieza D del caso Imelsa, relativa al 'Call center'.

En su comparecencia, a petición de Fiscalía Anticorrupción, los dos agentes --uno de ellos graduado en Derecho y con un máster en Administración Pública y, el otro, con diferentes cursos sobre contratación pública y una experiencia de ocho años en investigaciones relacionadas con contratación-- han ido narrando cómo surgió el caso del 'Call center' y sus principales conclusiones.

Han indicado que el procedimiento se origina tras una declaración del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', ante la Guardia Civil. En esa ocasión, mientras Benavent --acusado también en esta pieza-- hablaba "de forma genérica" de procedimientos de contratación, nombró el 'Call center'.

Así, iniciaron una investigación --en ese momento Benavent colaboraba con Fiscalía y la Guardia Civil, pese a que luego cambió su estrategia de defensa-- para comprobar si el contrato había sido amañado para hacerle un favor a su exsuegro Mariano López --acusado--, tal y como manifestó el acusado. En ese momento Benavent también nombró a Salvador Deusa --exjefe de la Diputación de Valencia-- y a Ricardo de Ángel --exjefe del servicio de Gestión Tributaria de la corporación provincial--.

Los agentes realizaron varios requerimientos de documentación, correos electrónicos e hicieron seguimientos a Benavent, puesto que tuvieron conocimiento de que se había apoderado de diferente documentación. En estos últimos, observaron que llegaban a su finca de Benigànim diferentes vehículos y, en una ocasión, vieron cómo su hermano se desplazó desde allí a Cofrentes, a otra casa, de la que extrajo cajas y bolsas y las cargó en su coche. Luego se desplazó hasta el despacho del antiguo abogado de Benavent y las descargó.

Tras observar estos movimientos, los agentes pidieron autorización judicial para registrar estos tres domicilios y en el despacho del letrado se localizaron facturas emitidas por Servimun con cargo a Imelsa y una carta que la UCO piensa que se dirigía a Alfonso Rus y que comenzaba con un "Estimado Alfonso". En la misiva, que consideran que emitía Mariano López, se relataban cuestiones que tenían que ver con Imelsa y con el contrato del 'Call center'.

"La carta empezaba con un 'estimado Alfonso' y se citaba textualmente a la empresa Imelsa y Servimun y hablaba de la ejecución del contrato. Entendemos que es del 'Call center'. A raíz de ahí concluimos que el autor podía ser el exsuegro de Benavent y su destinatario, Alfonso Rus", han dicho.

Preguntados por los motivos por los que sospechan que la carta iba dirigida a Rus, han manifestado que porque en la misma Mariano López defendía los intereses de Servimun y le pedía ayuda a "Alfonso" tras detectarse una serie de deficiencias en el servicio. Creen que era Rus porque éste "era una persona que tenía ascendencia sobre el contrato y estaba por encima de Marcos. O eso entendemos", han aseverado. Esta carta no la tenía ni Rus ni López, sino Benavent.

Por otro lado, los agentes se han referido a diferentes correos electrónicos que cruzaron Deusa y el exdirector del área jurídica de Imelsa en los que se observaban "tensiones". Estos correos tuvieron lugar antes de la ejecución del contrato y se vieron desavenencias en la forma de adjudicación: "Deusa acusaba a Grau de marear el tema y Grau se excusaba diciendo que quería dejar el pliego lo más claro posible desde el principio", han reproducido. En uno de estos correos, Deusa también trasladó al exdirectivo que algún día le contaría las "presiones" a las que estaba sometido.

En cuanto al expediente del 'Call center' y a la puntuación a las empresas, los agentes han manifestado que respecto a los criterios subjetivos, los técnicos dieron la máxima puntuación a Servimun; mientras que en criterios objetivos, el resto de empresas que optaban fueron cogiendo puntos y se acercaban a la oferta de Servimun. Para mantener el servicio, esta última empresa aumentó su oferta económica y, como consecuencia, no fue capaz de cumplir con el trabajo, han apostillado.

A los agentes también se les ha interrogado por los audios del pendrive que dieron origen a la causa --que las defensas cuestionan-- y han explicado que uno de ellos se lo trasladó Fiscalía y les pidió que analizaran el contenido. Había múltiples grabaciones y las fueron transcribiendo "en un trabajo muy costoso", han dicho.

Mientras analizaban estos audios, el juzgado les requirió --una vez judicializada la causa-- para que desprecintaran dos dispositivos aportados por Mariano López, otro pendrive y un ordenador. Comprobaron que el contenido del pendrive era el mismo que el inicial y vieron que en la computadora no había nada de interés, con lo que se continuó trabajando con el primer pendrive --fue el aportado por la exdiputada y exconsellera Rosa Pérez--. Preguntados por quién informó sobre el ordenador y dónde está ese escrito, los agentes no lo han concretado.

Las penas

En esta pieza, Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al 'yonki del dinero' le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.

Los otros cinco acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.