Foto: EUROPA PRESS/CONTACTO/ZHAO DINGZHEVALÈNCIA (EP). Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado este jueves un acuerdo político para crear la nueva Tarjeta Europa de Discapacidad pensada para reforzar los derechos de quienes la posean cuando viajen dentro de la Unión Europea, de modo que se garantice su acceso a condiciones especiales y un trato preferente, por ejemplo en el transporte o al asistir a espectáculos.
Para ello, la tarjeta se emitirá en un plazo máximo de 60 días y deberá ser reconocida en toda la Unión Europea como título para acceder a las condiciones especiales de que disfruten ya los nacionales del lugar de destino, en los servicios públicos y privados como en el transporte, eventos culturales, museos, centros deportivos o parques de atracciones.
El carnet será expedido por las autoridades nacionales competentes y completará -o sustituirá- las tarjetas o certificados nacionales existentes, por lo que seguirán siendo las autoridades nacionales las competentes para conceder el estatus de persona con discapacidad.
La Tarjeta Europea de Discapacidad se deberá facilitar tanto en formato físico como digital y los proveedores de servicios deberán informar en formato accesible de las condiciones que se ofrecen a los titulares de dicha tarjeta.
La revisión de la normativa comunitaria va a permitir también una mejora de la actual Tarjeta Europea de Estacionamiento, que deberá tener un formato común obligatorio en toda la UE que sustituirá a las tarjetas de estacionamiento nacionales para las personas con discapacidad y será reconocida en toda la UE.
La tarjeta de estacionamiento deberá ser expedida en un plazo de 30 días aunque los eurodiputados abogan por incluir la opción de solicitar una versión digital disponible en 15 días. Tanto la tarjeta de discapacidad como la de aparcamiento deberán incorporar un código QR para evitar falsificaciones.
La nueva normativa, que necesita aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y del Consejo para ser adoptada formalmente, dará un plazo de dos años y medio a los Estados miembro para adaptar sus legislaciones nacionales y tres años y medio para aplicarla.
