UE, Derechos Fundamentales e IA: ¿y València?

La Unión Europea, mejor dicho, el Consejo y el Parlamento Europeo, han llegado a un acuerdo para un futuro Reglamento de Inteligencia Artificial que permite o prohíbe el uso de la misma en función del riesgo para los ciudadanos. Este acuerdo, que ha de ser todavía ratificado, llegó tras jornadas maratonianas de negociaciones bajo el paraguas de la Presidencia española del Consejo. Un éxito, sin duda, en la semana de la elección de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. 

Sin embargo, no sólo de elogios vive la humanidad. La crítica, constructiva, es siempre necesaria para construir proyectos o normas capaces de ser mejores técnica y democráticamente. En el caso del acuerdo para el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial, habiendo analizado la propuesta así como las modificaciones introducidas por el Parlamento, son muchos los matices que envuelven la norma y no tanto los motivos para celebrarla. 

En primer lugar, se celebra el haber logrado la primera ley de inteligencia artificial del planeta. En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, "la ley de inteligencia artificial de la UE es pionera en el mundo". El problema es que, por mucho que se pactara el pasado viernes, la normativa llegará tarde –si no es que demasiado tarde– a una de las transformaciones más importantes de la historia de la humanidad. Esto es debido a que esta norma, siempre y cuando no haya contingencias en la ratificación del acuerdo alcanzado, entraría en vigor en 2026 –tiempo más que suficiente, en términos tecnológicos, para desarrollar soluciones que pongan en riesgo elementos fundamentales de nuestras sociedades–. 

Por otro lado, se celebra la excepción europea como un hito en nuestra particular competencia con China y Estados Unidos. Sin embargo, que hayamos pactado –que no aprobado– un nuevo Reglamento no significa que inmediatamente les dejemos atrás, y por tanto nos situemos líderes, en la carrera por la regulación de la inteligencia artificial en el planeta. De hecho, si dejamos nuestro (mi) europeísmo de lado con el fin de analizar con objetividad el estado de la situación podemos comprobar como China, ya a finales del pasado verano, aprobó una regulación de la inteligencia artificial. ¿A quién estamos intentando engañar? 

Asimismo, aquellos que como los catedráticos de la Universitat de València Remedio Sánchez Ferriz o Göran Rollnert Liern creemos en los derechos fundamentales en el marco de nuestra carta constitucional, somos conscientes de los enormes retos a los que nuestros sistemas jurídicos se enfrentan en la tarea de amoldar las múltiples y continuas afectaciones a los derechos fundamentales que serán causadas –y ya lo están haciendo– por esta nueva tecnología. En este sentido, el sistema de "semáforos" introducido por la propuesta de Reglamento, esto es, el grado de tolerancia de la tecnología en función de su riesgo a las personas, no ayuda a la salvaguarda de los derechos fundamentales en su plenitud. Como sostuvo Peces-Barba, "los derechos fundamentales son (siempre) dispositivos jurídicos, no simples nociones morales". 

Por último, en la balanza que desde las revoluciones de derechos ciudadanos representa la justicia y el derecho, nos encontramos ante los intereses legítimos de quienes ven en estas nuevas tecnologías la posibilidad de mejorar la vida de sus clientes, y la de sus accionistas. Y aquí aparece nuestra querida terreta así como la vocación valenciana de emprender siendo pioneros, pues no hemos de olvidar que importantes proyectos en inteligencia artificial tienen nuestro acento. Véase a este respecto la marcha de la cotizada valenciana Substrate AI liderada por Lorenzo Serratosa, o la propuesta sobre inteligencia artificial generativa de Clibrain en València de la que ya informó este diario.  Todas estas sociedades, y el ecosistema a su alrededor conformado por empleados, clientes y ciudadanos, se verán (nos veremos) de una forma u otra, más o menos, afectados por esta normativa de aplicación directa en España –cuando entre en vigor–, y acuerdo de medianoche en Bruselas. 

Sin duda, para muchos nos encontramos ante un "pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad" en la regulación de la inteligencia artificial. Para otros, estamos ante un acuerdo de mínimos, que lo es así porque ha de contentar a veintisiete gobiernos –que no Estados– , que entrará en vigor tarde y sobre una materia ya regulada en otras jurisdicciones del planeta. Los valencianos y los proyectos aquí iniciados verán como las disposiciones de la norma se aplican directamente sobre ellos, y entonces podremos analizar si la misma merecía tanto aplauso o quizás mayor ambición y reflexión. 

Siempre es mejor esto que nada, dirán algunos –y en parte estoy de acuerdo–, y ese mérito sí que podemos atribuirlo a una compleja pero exitosa Presidencia española del Consejo de la UE. 

Pablo Javier Torres Méndez es estudiante del Máster en Derecho Europeo en el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica)