UGT se opone a que Puerto Valencia asuma el coste que supondrán los despidos en la estiba

VALENCIA, (EFE). El secretario de la sección sindical de UGT en el Puerto de Valencia (UGT-APV), Diego Carrera Vozmediano, ha en el que expresan su desacuerdo a que la Autoridad portuaria de Valencia asuma el coste de los pasivos sociales que supondrán los despidos en la estiba

En un escrito remitido al presidente y director general de la Autoridad Portuaria, UGT expresa su disconformidad con la interpretación del Gobierno central e la sentencia Luxemburgo y su intención de vulnerar los acuerdos alcanzados entre trabajadores de la Estiba y empresas del sector, ya que puede conllevar despidos.

El sindicato considera que las posibles indemnizaciones por estos despidos las asuman el capital privado que apostó por la privatización de las Sociedades de Estiba, y no se paguen con fondos públicos retenidos a los trabajadores, que han sufrido recortes desde el año 2010.

Según UGT-APV, las continuas bajadas de tasas y alargamiento de plazos concesionales están propiciando "una premeditada y continua transferencia de recursos públicos a la empresa privada, pero no a una cualquiera, sino a empresas estibadoras, transitarias y navieras en manos de fondos buitre", que ya fueron beneficiadas con la devolución de la tarifa T3.

UGT ha recordado que, desde 2010, los trabajadores han visto vulnerando su derecho a la negociación colectiva y han sufrido una recorte del 5% en sus nóminas, además de reducciones en las aportaciones al plan de pensiones y otra mejoras sociales.

Ante la posibilidad que las autoridades portuarias asuman los gastos de los pasivos de la estiba, UGT-APV ha pedido a los responsables del Puerto de Valencia que se les informa del importe estimado que percibirían las empresas estibadoras y transitarias, la identificación fiscal de estas empresas para consultar su situación económicas en el Registro Mercantil.

Solicitan igualmente el importe global de las bonificaciones, las cantidades destinadas al sostenimiento de la empresa pública Sasemar y las aportaciones realizadas por APV para pagar los accesos viarios y ferroviarios a través del Fondo Financiero de Accesibilidad a los Puertos.