VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia celebró ayer viernes la penúltima sesión del último juicio dentro del conocido como caso Cooperación. Diez años después del inicio de la investigación, Rafael Blasco volvió a sentarse en el banquillo. La jornada incluyó las declaraciones de los acusados, las conclusiones y los informes finales de las acusaciones de la quinta pieza separada de la causa. Los de las partes tendrán que esperar hasta el 19 de noviembre, cuando por fin –y salvo sorpresa– quedará visto para sentencia.
Esta parte de las indagaciones se engloba dentro del desvío de fondos de las ayudas al Tercer Mundo y abarca las presuntas irregularidades en contratos informáticos de la Conselleria que dirigía Rafael Blasco entre 2008 y 2011. De acuerdo con los investigadores, al menos siete de ellos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública.
El objetivo era adjudicarlos a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían de intermediarias y que luego subcontrataban con las firmas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba el empresario Augusto César Tauroni o alguno de sus considerados testaferros. Con ello recibían una comisión de alrededor del 7% del total de los contratos para el desarrollo del Portal del Inmigrante, Portal de la Ciudadanía, herramientas de participación ciudadana y para el control telemático de la gestión de escuelas de acogida, entre otros.
Los posibles delitos a los que se apunta son tráfico de influencias, prevaricación y fraude a la Administración. Tres de los acusados alcanzaron una conformidad con la Fiscalía por la que admitieron su participación en los hechos y aceptaron penas de prisión: Tauroni –un año y tres meses–, la que fuera secretaria general de la Conselleria de Cooperación Tina Sanjuán y el exjefe de servicio de informática Javier Mucia (un año cada uno). El ocho veces conseller con el PP, por su parte, rechazó pactar, por lo que el juicio siguió adelante y se alargó hasta el final de la tarde de ayer.
Anticorrupción mantuvo en dos años y ocho meses su petición de cárcel tras un extenso informe en el que concluyó que el hecho de que no conste la firma de Blasco en los documentos que obran en la causa "no obsta su participación por la vía de la inducción tanto en la prevaricación como en el tráfico de influencias". El fiscal remarcó que el perjuicio económico no se exige para acreditar el citado tráfico de influencias, pero, en su opinión, en cualquier caso se produjo "antieconomicidad" en las contrataciones. "¿Si no, por qué han pagado las empresas?", se preguntó. Del mismo modo, calificó las resoluciones de los contratos de "esperpénticas y jocosas".
Previamente, se produjo la declaración del Blasco, quien anticipó que iba a responder a los magistrados, la Fiscalía y las defensas de los acusados. Aseguró que no propuso ni sugirió nada a nadie en relación con los contratos de informática. "Es falso que yo recomendara que se tuviera un trato favorable sobre un tema de contratación. Nunca hice nada de eso", afirmó.
El exconseller comentó que él "no sabía ni lo que era la contratación centralizada" que se usó para adjudicar los servicios a empresas vinculadas a Tauroni, que no hubo "interés" en dárselos a él y que "jamás" ha tenido "una relación de amistad" con el empresario. "No he ido nunca a tomar una copa o un café con él. Era un proveedor de la Administración con quien tenía un trato cordial. Además, no hay ningún correo ni ningún escrito de él hacia mí en Conselleria. No hay pruebas", aseveró.
Igualmente, remarcó que Tina Sanjuán "no habría aceptado nada que no fuera legal y correcto" y que mucha de la documentación que figura en esta causa es de los años 2012 y 2013, una etapa en la que él ya no era conseller.
Por su parte, Tauroni reconoció su participación en los hechos y en el trato de favor con los contratos desde la Conselleria. "Sabíamos que en el momento en que hubiera contratos teníamos una preferencia si legalmente era posible adjudicárnoslos. En un momento inicial, cuando se creó la Conselleria, se nos dijo que había una necesidad en el tema informático y que íbamos a ser favorecidos", apuntó.
En cuanto a su relación con Blasco, manifestó que lo conocía de Alzira. "Yo tenía relación con su hermano y cuando empezaron a hacerse públicas las irregularidades, estrechamos relación y ésta pasó de ser institucional a haber un plus de cordialidad. La relación fue más cordial con el transcurso del tiempo, más estrecha porque en la guerra se hacen relaciones más estrechas", indicó.
Mientras, Tina Sanjuán, con competencias en materia de contratación, admitió que Blasco le dio indicaciones para hacerlo con una de las empresas de Tauroni y que, como no reunía los requisitos legales, facilitaron otra fórmula para la adjudicación (centralizada). Pensó que en este caso era "lógico" por la ayuda que les habían prestado en otros asuntos de otras consellerias. Por último, Javier Murcia se remitió a su primera comparecencia ante el juzgado y a la conformidad con la Fiscalía.
Blasco fue condenado por las piezas 1, 2 y 3 del caso Cooperación, relativas al desvío de ayudas a ONGs y al proyecto fallido para la construcción de Haití. En 2015 ingresó en el centro penitenciario de Picassent y en 2019 obtuvo el tercer grado. Una nueva condena superior a dos años de cárcel abre la posibilidad a que volviera a entrar en ella.