Un año con olor a quemado: en 2017 el 15% de los incendios se produjeron en la zona Mediterránea

MADRID (EP). El año 2017 ha sido el año con más hectáreas arrasadas en el último lustro y el segundo peor del decenio, solo superado por 2012, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), que señala que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre han ardido un total de 176.587 hectáreas, casi el doble de la media de los últimos diez años (87.385,35). Alrededor del 15,4% de los incendios se ha producido en el Mediterráneo.

Hay que retroceder hasta 2012 para hallar un año con más hectáreas quemadas, cuando ardieron 216.546 hectáreas en el mismo periodo. Excepto ese año, desde 2007 no hay un ejercicio en el que la cifra si quiera se acerque a las de este 2017.

En el ranking anual, por detrás de 2012 y 2017 quedan de lejos 2009, con 119.840 hectáreas; 2011, con 100.343 hectáreas; 2007, con 83.253 hectáreas afectadas; 2015, con 80.621. El año con menos terreno afectado por el fugo en el último decenio fue 2008, con un total de 49.523 hectáreas en los once primeros meses.

La cifra de este año es un 64,38 por ciento mayor que la del año pasado, con 62.887 hectáreas, algo más del doble (50,51%) que la media del decenio.

Por número de siniestros, sin embargo, el año 2017 es el cuarto del decenio con más fuegos, con 13.545, por detrás de 2011 (16.171); 2009 (15.531); 2012 (15.707). Esto supone que en menos fuegos se han quemado más hectáreas. De hecho, 8.496 de los siniestros de este año fueron conatos, con menos de una hectárea afectada; 5.049 fueron incendios, de más de una hectáreas y de estos, 53 fueron grandes incendios en los que ardieron más de 500 hectáreas.

De este modo, 2017 se convierte en el peor del decenio en cuanto a grandes incendios forestales (GIF) con 53 de estos siniestros, un 64,15 por ciento más que la media de los últimos diez años (19) y un 29,27 por ciento más (9) que en 2012, el peor año por hectáreas arrasadas, en el que se registraron 41 GIF.

En total, el fuego ha afectado en lo que va de año al 0,63 por ciento del territorio nacional, más del doble que la media del decenio, con el 0,31 por ciento afectado.

Por tipo de superficie, el 37,22 por ciento de las hectáreas quemadas eran de superficie arbolada, el 56,65 por ciento eran matorral y monte abierto y el resto, 10.893 hectáreas de pastos y dehesas.

En cuanto a la distribución geográfica, algo más de la mitad de siniestros el 52.38% se produjeron en el noroeste; el 31,68% en las comunidades interiores, el 15,47% en el Mediterráneo.

Mientras, el 74,54% de la superficie forestal quemada ardió en el noroeste, es decir que tres cuartas partes de la superficie forestal se quemaron donde se registraron la mitad de los fuegos; el 10,38 por ciento de la superficie arbolada se quemó en el Mediterráneo, el 13,97% en las comunidades interiores y el 1,10% en Canarias.

Asimismo, el 67,12% de la superficie arbolada se quemó en el noroeste, el 17,81% en el Mediterráneo; el 13,89% en las comunidades interiores y el 1,18%o en Canarias.

Emergencia medioambiental

En este contexto, la ONG Greenpeace lamenta las cifras y advierte de que los episodios vividos este año en Portugal, Galicia o California "ya no son una excepción sino una emergencia social y medioambiental" porque el cambio climático "ha desdibujado las estaciones" y denuncia que el plan de extinción tradicional está obsoleto.

De hecho, destaca que solo en la oleada incendiaria de octubre en Galicia, Asturias y León ardieron 74.000 hectáreas y señala que los fuegos se registraron en el marco de una ola de calor en la que los operativos se habían ampliado a última hora con la llegada de un otoño inexistente.

Greenpeace lamenta que además de la impotencia y la consternación por la pérdida de espacios naturales de gran valor y animales calcinados perecieron cuatro personas y cientos perdieron sus hogares.

La responsable de la campaña de incendios de Greenpeace, Mónica Parrilla, para mitigar los impactos de esta "nueva era de incendios" es "fundamental" tener en cuenta el cambio climático en la prevención y la extinción de incendios.

En ese sentido, insiste en que los planes tradicionales de extinción se han quedado anticuados y en que las campañas de extinción no pueden darse solamente en la época estival.