VALÈNCIA. (EFE). El juicio por la primera época de Gürtel cumple un año mañana 4 de octubre, un nuevo récord en esta causa, que comenzó su andadura en 2009 -una de las instrucciones más largas-, y que por primera vez ha llevado a declarar como testigo ante un tribunal a un presidente del Gobierno en activo.
El enjuiciamiento de la primera época de Gürtel (1999-2005), derivado de la causa principal que se ha instruido en la Audiencia Nacional, es ya uno de los juicios más largos de nuestra historia judicial, solo superado por el del caso Malaya, que llevó al banquillo a la trama corrupta en el Ayuntamiento de Marbella liderada por el exalcalde Julián Muñoz.
El de Malaya se prolongó dos años, mientras que el de Gürtel podría llegar a su fin un mes después de haber cumplido el año.
El próximo día 9 encarará ya la fase final con la exposición de las conclusiones definitivas por parte de la Fiscalía y de las acusaciones y dos días después será el turno de las defensas de los 37 acusados en este juicio, entre los que destaca el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Posteriormente, todos ellos expondrán sus respectivos informes a lo largo del mes de noviembre y antes de dejar el juicio visto para sentencia, los acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra.
La vista oral comenzó con todos los acusados en libertad, pero en febrero los considerados cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez" El Bigotes"- ingresaron en prisión en cumplimiento de la condena que les fue impuesta por una de las piezas valencianas de Gürtel, el caso Fitur.
A partir de ese momento, la sala de vista comenzó a quedarse vacía de acusados, a los que se eximió de asistir al juicio.
Antes de ir a la cárcel, los tres habían prestado ya declaración ante el tribunal de forma locuaz, principalmente Correa que estuvo 12 horas declarando a lo largo de tres jornadas tras permanecer en silencio durante los siete años de instrucción.
"He recibido comisiones por muchas obras de OHL, de ACS, de Dragados y de otras", desveló en su declaración, para después añadir que de ese dinero le daba el 2 o el 3 % a Bárcenas por conseguir obras en ministerios como Fomento o Medio Ambiente.
Esa nueva revelación, de un Correa colaborador en busca de atenuantes, provocó la reapertura de la causa sobre la caja B del PP, pendiente de juicio.
La soltura, e incluso descaro, que exhibió durante su declaración, y el dominio, no poco arrogante, que mostró tener de la "macrocausa Correa", como él mismo la denominó, le hicieron parecer en exceso relajado como para enfrentarse a 125 años de cárcel, por lo que planeó sobre su cambio de estrategia la posibilidad de un pacto con la Fiscalía, siempre negado por ambas partes.
Tras el paso de los acusados, en febrero llegó el turno de los responsables civiles como partícipes a título lucrativo en beneficios obtenidos por la trama.
Entre ellos, el PP, cuyo representante legal se acogió a su derecho a no declarar, y la exministra de Sanidad Ana Mato, que compareció ante el tribunal como beneficiaria de regalos de la trama a su exmarido y exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, que también se sienta en el banquillo de los acusados.
"Del pago de las celebraciones infantiles" y de los viajes familiares "se encargó el señor Sepúlveda", y "si alguien se lo ha regalado se lo ha regalado a él, no a mí", se defendió Mato, a la que la Fiscalía reclama 28.468 euros por esos obsequios, cantidad que ya consignó a modo de fianza.
Después vinieron los testigos, y coincidió que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre -que siempre ha negado conocer a Correa- tuvo que testificar el 20 de abril, en pleno estallido de la Operación Lezo, en la que fue detenido su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Como ya hizo durante la instrucción, Aguirre aseguró al tribunal que no conocía a Correa, y a la salida no pudo contener las lágrimas al ser preguntada por la detención del que había sido su hombre de confianza. A los 4 días dimitió como presidenta del PP de Madrid.
Dos días antes de la declaración de Aguirre se conocía la decisión de citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo. Un tribunal dividido -2 a favor y uno en contra- accedía a la tercera petición que en ese sentido le hizo la acusación popular que ejerce Adade (Asociación de Abogados Demócratas por Europa).
Antes ya habían sido llamados a testificar cinco exministros del PP, de los que dos fueron secretarios generales del partido: Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Acebes.
"Fuera o no fuera secretario general del Partido Popular, antes o después, jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones de concursos", dijo Álvarez-Cascos desmintiendo a Correa. También negó que él fuera el "PAC" que figura en la contabilidad de Gürtel.
"Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución" o "no lo sé, no me consta, lo desconozco", fueron las fórmulas empleadas por los exministros Acebes o Mayor Oreja, respectivamente, para negar los sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas.
En ese mismo sentido declaró el 26 de julio Rajoy, que subrayó que sus funciones en el partido siempre han sido meramente políticas y no contables, y negó que conociera la caja B reflejada en los papeles de Bárcenas, que calificó de "absolutamente falsos".
La serenidad, la preparación con sus abogados de la declaración y la ironía que empleó en algunas de sus respuestas permitieron a Rajoy salir airoso de una de las pruebas más difíciles a las que ha tenido que afrontar por culpa del caso Gürtel.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell