VALENCIA. La Operación Taula, de la que este jueves se cumple un año, supuso el descenso a los infiernos políticos de todo el grupo municipal del PP. Pero la persona a la que más afectó fue, sin duda, la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Barberá pasó de ser conocida como ‘la alcaldesa de España', de tener el número 3 en su carné del PP y de gozar de un apoyo incondicional por parte de los principales dirigentes del Partido Popular, a salir por la puerta de atrás y ser vilipendiada públicamente por aquellos que meses antes la jaleaban al grito de "alcaldesa, alcaldesa".
A raíz de la Operación Taula, Barberá fue acusada de haber blanqueado 1.000 euros para la campaña de las municipales de 2015, al igual que medio centenar de integrantes del Grupo Popular Municipal. Mil euros que la exalcaldesa ingresó con un cheque y que, según la investigación, el partido habría devuelto a todos los donantes en dos billetes de 500 euros que se habrían blanqueado de esta fórmula, conocida como pitufeo.
El motivo del cambio de actitud de los suyos fue el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidiera que veía indicios de delito en el comportamiento de Barberá y que, junto con ellos, el magistrado del Alto Tribunal Cándido Conde-Pumpido decidiera citarla como imputada por el pitufeo el pasado noviembre. Previamente, el juez de Valencia que instruye la causa también había encontrados indicios suficientes como para solicitar que el TS investigase a la senadora.
Desde que saltara el escándalo, Rita Barberá siempre había defendido su inocencia en todos los foros a los que acudía. Hasta dos ruedas de prensa ofreció la exalcaldesa y senadora para dar explicaciones sobre su presunta implicación en el blanqueo de capitales. Ella siempre negó haber participado o que hubiera financiación ilegal en el que había sido el seno de su casa los últimos años, el grupo municipal popular de Valencia.
Pero la Justicia no estaba convencida y, finalmente, Barberá decidió declarar voluntariamente en calidad de investigada ante el Tribunal Supremo, adelantándose a la petición de suplicatorio y la posible imputación formal. Sus acólitos aseguran que el caso se iba a archivar pero las fuentes judiciales consultadas por Valencia Plaza piensan lo contrario, ya que el fiscal iba a pedir varias testificales y periciales. Si se iba a archivar o no es algo que no sabremos, pues dos días después de prestar declaración Rita Barberá fallecía a causa de un infarto en un céntrico hotel madrileño.
A partir de ese momento se desató la polémica. ¿Habían sido los medios de comunicación una parte imprescindible en ese trágico final? Si hay algo cierto es que Barberá siempre se había enfrentado a la prensa y nunca se había quejado de ello. Nunca se escondió hasta los últimos meses de su vida, cuando sola y aislada por los suyos decidió encerrarse. Una época donde no siempre el comportamiento de todos los medios fue lo ejemplar que debería haber sido.
Esos meses en los que no solo tenía a las cámaras todo el día detrás, ya que sus propios compañeros le hacían el vacío, y en los que tras darse de baja del Partido Popular, de su partido, se veía obligada a sentarse en el Grupo Mixto junto a los senadores de Compromís o de la extrema izquierda vasca. Unos meses en los que la senadora sufrió un cambio físico con una pérdida significativa de peso y en los que, según su amigo el exministro García-Margallo, entró en depresión y se vio obligada a medicarse.
Su corazón no soportó la presión. Para los anales de la historia quedan las declaraciones de su cuñado, el abogado José María Corbín, a la Cadena Cope: "Rita ha muerto de pena y en esa pena la fundamental aportación la han tenido los suyos". Durante los días posteriores a su fallecimiento, desde el PP le brindaron ese apoyo que no le quisieron dar en vida.
A defender su ejemplaridad y a defenestrar a los periodistas salieron aquellos primeros espadas del PP que ante los medios habían dicho de ella que "sería mejor para todos que dejara el escaño" (Pablo Casado); "cuando uno no suma, cuando puede estar haciendo daño al partido, lo razonable y lo sensato es apartarse del foco" (Andrea Levy), o el más duro de todos, el vicesecretario Javier Maroto, que consideraba que la exalcaldesa de Valencia no estaba demostrando ni "dignidad" ni "ejemplaridad". "No cumple ninguna de las dos cosas y lo lamento profundamente porque en su comunicado y en sus expresiones dice que no quiere hacer daño ni al partido ni a las instituciones y, desgraciadamente, hemos comprobado que no está siendo así", había afirmado Maroto.
Pero poco les duró la campaña, pues tan solo un mes después salieron a la luz los papeles del coste real de su campaña en 2007, unos papeles que volvían a poner en el disparadero de Barberá y a su grupo municipal. Y fue tras estas nuevas revelaciones aportadas al juez por Valencia Plaza, cuando esas voces que habían elogiado a Barberá tras su fallecimiento volvían a apagarse.