Máximo Caturla (Foto: GVA)VALENCIA, (EFE). Un exempleado de Ciegsa que testificó ante los agentes de la Guardia Civil que han investigado el 'caso Imelsa' sitúa al ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla como responsable del incremento de los costes de adjudicación de proyectos y del supuesto cobro de comisiones ilegales.
Según consta en la declaración que este testigo, responsable de la división técnica de Ciegsa entre el año 2000 y 2005, hizo el pasado mes de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Caturla le despidió tras negarse a incrementar el coste de una obra adjudicada a Sedesa, la firma de Vicente Cotino.
Antes de la llegada de Caturla a Ciegsa, el proceso de adjudicación de centros escolares a través de esta empresa pública dependiente de la Generalitat se basaba en baremos que realizaban los técnicos del departamento de proyectos.
"De acuerdo con estas baremaciones el gerente proponía el adjudicatario, y posteriormente el consejo se reunía cada vez que había que aprobar una licitación para decidir sobre la misma", explicó este testigo a los agentes.
Uno de los principales cambios en el sistema de adjudicaciones con la llegada de Caturla fue la licitación por lotes, de modo que las empresas que concurrían habían de disponer de gran capacidad financiera, "impidiendo por tanto la concurrencia de determinadas empresas pequeñas".
Según este testigo, en diciembre de 2003 Caturla propuso cambios en el organigrama de Ciegsa que afectaron fundamentalmente a la división técnica para dividirla en dos, una dedicada a la contratación y otra a proyectos y obras, de modo que este testigo dejó de tener control sobre las adjudicaciones.
La persona designada como responsable del área de contratación fue un arquitecto que también trabajó posteriormente para Imelsa y que se encuentra imputado en el caso Imelsa.
Sobre esta división de funciones, según este testigo, se celebró una reunión en Ciegsa (enero de 2004) en la que se anunció una nueva dirección ejecutiva en la empresa y cambios en los pliegos para favorecer a constructoras valencianas.
En esa reunión, explicó a la Guardia Civil el exempleado de Imelsa, Caturla se atribuyó el cometido de comunicar las adjudicaciones a las empresas y, según las anotaciones personales de este testigo, Caturla dijo: "En esta empresa manda el conseller -entonces Esteban González Pons- y el conseller hace lo que le sale de los cojones, y si alguien no está de acuerdo dimite y se le da un cheque y en paz".
Tras dar a los agentes varias observaciones sobre el comportamiento de Caturla, este testigo explicó que en una ocasión reprochó al entonces secretario autonómico que una indicación suya contradecía directrices contenidas en un informe de la dirección de Régimen Económico.
Según el relato de este testigo, Caturla le pidió que le acercase ese informe y, sin leerlo, lo rompió ante varias personas haciendo comentarios relativos a la poca importancia que concedía al mismo.
Preguntado sobre su despido, explicó que Caturla le llamó al despacho para decirle que había perdido su confianza en él, una decisión que relaciona con el hecho de que, un día antes, había mantenido una reunión con Caturla y Vicente Cotino (Sedesa) en el despacho del primero.
En ese encuentro le pidieron que "tenía que incrementar el precio de una adjudicación de un lote en unos 600.000 euros", a lo que el testigo se negó, entre otras cosas porque "esta empresa ya llevaba seis meses de retraso en el inicio de las obras contratadas".
Tras su despido, según explicó a los agentes de la UCO, tuvo constancia de que las empresas adjudicatarias dispusieron de un 10 % más de gasto autorizado para la realización de las obras, que desde Ciegsa se llamó a arquitectos para que incrementasen el coste de sus proyectos, a pesar de que algunas obras se encontraban ya prácticamente concluidas y que "se estaba haciendo pasar por ventanilla por segunda vez a determinadas empresas".
