Un funcionario de València procesado pidió "600 euretes" y sexo a un promotor

VALÈNCIA (EFE). El jefe de sección de la oficina técnica de Expropiaciones del Ayuntamiento de València pidió "600 euretes" y "dos polvos" al promotor de un local supuestamente destinado a prostíbulo para, al parecer, agilizar los trámites de las licencias urbanísticas.

Estas peticiones se han escuchado hoy en una grabación en el transcurso del juicio, por el procedimiento del jurado en la Audiencia de Valencia, al que se somete este funcionario, acusado de tráfico de influencias y para el que la Fiscalía reclama un año de prisión, además de su inhabilitación.

En la citada grabación, que fue almacenada por el promotor denunciante de los hechos (de nacionalidad búlgara) y que ha sido reproducida a petición del fiscal, el acusado expone a su interlocutor que gracias a un aviso suyo sobre unos requerimientos a su proyecto se ha ahorrado mucho dinero (de alquiler del local) y añade: "Con 600 euretes lo podríamos arreglar".

"Hay una montaña de papeles que te cagas", dice al promotor de un prostíbulo en la calle Cuenca de València, y además le reclama: "Dos polvos en cuanto lo tengáis inaugurado", supuestamente para agilizar los trámites para la obtención de la licencia.

"Tranquilo, que no voy a cobrar hasta que no lo tengáis" o "no digáis a nadie que estoy detrás de todo el rollo" son otras de las frases que se han escuchado en la grabación.

Los 600 euros, según se ha defendido el acusado, hacían referencia al coste que tendría para el promotor un asesoramiento externo.

Sobre el resto de cuestiones, se ha limitado a apuntar que no reconocía como suyos algunos comentarios de esa conversación, sin precisar cuáles.

Según su tesis, el denunciante contactó con él tras escucharle dar consejos sobre urbanismo en una radio, y decidió ayudarle por su carácter abierto, sin reclamarle dinero por ello.

La abogada defensora ha insistido en que su cliente únicamente informó de la demora que sufriría el expediente y recomendó otras formas de tramitación (de forma separada pensión y bar), al tiempo que ha subrayado que no pudo tener acceso informático al expediente urbanístico en cuestión.

"El Ayuntamiento ha cambiado de signo político y el acusado sigue en su puesto, jamás ha sido sancionado. ¿Se creen que si hubiese cometido alguna infracción no estaría pegando sellos?", ha agregado la abogada dirigiéndose a los miembros del jurado.

El acusado ha sido suspendido por el Ayuntamiento por seis meses, tras los cuales ha vuelto a su puesto de trabajo, tal y como ha reconocido en la sala de vistas.

Según explica el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos sucedieron entre 2014 y 2015, cuando el promotor, que había solicitado licencia municipal para una pensión con un bar, fue informado de que los trámites se iban a retrasar debido a la cantidad de solicitudes.

El solicitante localizó al acusado a través de amigos en común y le contó el caso, tras lo cual el arquitecto averiguó el estado del expediente y confirmó al solicitante el retraso del mismo, al tiempo que le pidió 50 euros.

Meses después, el acusado contactó con el solicitante de la licencia y le propuso hablar con el funcionario que tramitaba su caso para que se agilizara a cambio de 600 euros, y el dueño de la pensión denunció los hechos días después.