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Un imputado aporta un escrito de la UV que tilda de "privada" la Fundación V Encuentro

El sacerdote Antonio Corbí descarga las responsabilidades por el viaje del Papa en los fallecidos García Gasco y López Trujillo

17/05/2019 - 

VALÈNCIA. Las declaraciones previstas en el caso que investiga varios contratos de la visita del Papa continuaron este jueves con las comparecencias de los dos nuevos imputados, el sacerdote Antonio Corbí y el jefe de departamento de derecho procesal de la Universitat de València y representante legal de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (EMF) Francisco Javier Jiménez Fortea. Este viernes está prevista la última de ellas con la citación del expresidente del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada.

La causa, abierta en el Juzgado de Instrucción Número 5 de València, investiga 11 contratos por valor de 9,5 millones de euros vinculados a la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006 y mantiene como principales imputados al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exconseller Juan Cotino, el exvicepresidente Víctor Campos o al obispo auxiliar Esteban Escudero, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, sigue centrándose en si la Fundación V Encuentro de las Familias era pública o privada.

Fundación privada

Según explicaron a Valencia Plaza fuentes del caso, la declaración de Jiménez Fortea fue una bocanada de aire para las defensas. El profesor entregó un informe pericial, pero también el escrito del rectorado de la propia universidad que le daba permiso para trabajar en ella porque “era privada”.

Ese escrito sustentaría la tesis planteada hasta ahora por los letrados defensores, la de que la Fundación V Encuentro era privada desde su creación, lo que impediría que pudieran acusar a los investigados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Iglesia

Por su parte, el sacerdote que estaba citado era Antonio Corbí, actual párroco de la iglesia de San Nicolás de València y exsecretario particular del que fue arzobispo de Valencia y posteriormente cardenal, Agustín García-Gasco, fallecido en Roma en 2011 a los 80 años, también tuvo que prestar declaración como imputado por su relación con la causa.

Corbí, igual que hiciera el obispo auxiliar de València, Esteban Escudero, también derivo todas las responsabilidades sobres los contratos bajo sospecha a dos personas fallecidas. Según explicó, la persona que decidió las contrataciones, así como las adjudicaciones, fue García Gasco. Como su compañero el día anterior, aseguró que el obispo era siempre la persona que decidía y posteriormente, para la toma de las decisiones finales, elevaba consulta al Vaticano donde tenían la última palabra sobre cualquier asunto.

En el Vaticano, la persona que tenía mando en plaza sobre todo lo relacionado con el V encuentro era a juicio de Corbí, el también fallecido cardenal Alfonso López Trujillo, que era el presidente del pontificio consejo para la familia, y desde 1994 responsable de los encuentros mundiales. El sacerdote explicó que García Gasco siempre consultaba con él todo lo que tenía relación con la futura visita del Papa Benedicto XVI. Así, siguió con la tesis de su compañero de que en la Iglesia hay una estructura jerárquica donde las decisiones siempre las tomaban los mandos eclesiásticos.

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