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El gobierno de Fabra inició la adquisición pese a conocer perfectamente las deudas de la empresa
VALÈNCIA. El sumario de la causa de la Fórmula 1, que investiga las presuntas mordidas en la construcción del trazado, y por el que están investigados el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, el exvicepresidente Vicente Rambla o el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, evidenciaría que todo el ‘pufo’ se hizo con conocimiento de causa.
En un informe al que ha tenido acceso Valencia Plaza redactado por el que fue director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueras y firmado el 5 de diciembre de 2011, cuatro días antes de que se autorizase la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Consell presidido por Alberto Fabra, se detallaban todas las pérdidas de dicha empresa y que sería el erario quien hiciera frente a ellas.
El informe "confidencial" explica que el contrato trasladaba las obligaciones económicas establecidas en su día entre Valmor y Formula One Administration (FOA), y que éstas "pasan a ser una obligación contractual vinculante para la SPTCV". Y prosigue diciendo que "lo que es más importante, a los efectos que interesan en este informe, también se trasladan determinadas obligaciones contractuales formalizadas entre Valmor y FOA a SPTCV".
Figueras también informó al Consell del hecho de que "en el supuesto de que Valmor incumpliera sus obligaciones comportaría de forma directa para SPTCV un coste de dos anualidades del canon", y añadió que, "dicho de otro modo, SPTCV no podría asumir la organización de la F1 no solo porque no tiene medios para ello, sino también porque no goza de esa posibilidad, pese a lo cual se vería obligada a satisfacer el importe de la cláusula penal pactada".
Y apostillaba que "esta situación es de enorme gravedad sobre todo porque somos conocedores de que la situación económico-financiera de Valmor arroja serias dudas sobre su viabilidad".
Pero pese a todo, según Figueras se debía asumir la compra por, entre otras cosas, el impacto económico del evento, el impacto sobre la renta, la visibilidad de la Comunitat o el turismo generado, entre otros asuntos. Pero para sacar esos datos, incluyó como beneficios para la Generalitat datos que suponían unos ingresos ficticios sobre el coste real del evento deportivo.
Como ejemplo, el informe expone la ocupación hotelera que, pese a bajar exponencialmente año a año pues pasó de 212.134 en 2008 a 162.785 en 2010, para Figueras el impacto económico de esos turistas avalaba la compra. Es más, cifraba el impacto económico de los grandes premios en más de 100 millones de euros al año, todo sin restar las pérdidas que suponía cada una de las carreras celebradas en València.
Fue el informe de Figueras el que propuso que la Generalitat pagara un euro por la empresa deportiva pese a saber que Valmor tenía un pasivo de cerca de 32 millones de euros y que iba a aumentar. Y fue en ese informe confidencial en el que se basó la firma de dicha compra ruinosa.
Y para ello proponía "una gestión directa por parte de una sociedad de la Generalitat Valenciana de la organización del Gran Premio" mediante la adquisición de la totalidad de las participaciones representativas del capital social de Valmor, seguida de una inmediata fusión de ambas sociedades a través de la integración del patrimonio de Valmor en la sociedad absorbente.