VALÈNCIA. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Sueca ha decidido seguir adelante y abrir juicio oral al exalcalde de Corbera y actual regidor de Urbanismo, Jordi Vicedo, así como a la Secretaria del ayuntamiento, Soledad Martínez, por el caso de la polémica cantera. En el auto, se les acusa de un delito continuado de exacciones ilegales y un delito continuado de prevaricación.
Además, la jueza requiere a los dos acusado y al responsable civil subsidiario, que señala que es el consistorio, una fianza conjunta por cuantía de 261.931 euros.
El embrollo judicial que llevará a Vicedo y a Martínez a declarar ante la jueza, se inició en enero de 2018 cuando el ayuntamiento decidió no renovar la licencia de explotación de la cantera a la empresa Áridos Romafe S.L. y detener los trabajos que se estaban realizando. Esta sociedad adquirió por primera vez la licencia para explotarla en julio de 2004 y por un periodo de ocho años. Cuando finalizó este plazo, en 2012, el nuevo equipo de gobierno liderado en aquel momento por Vicedo, de Compromís, hacía un año que estaba al frente del consistorio y comenzaron las tensiones.
Tras una primera negativa, en octubre de 2012, la administración local decidió prorrogar la licencia hasta 2015 a cambio de una serie de condicionantes, según detalla el escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia. Se trata de tres pagos que en total suman 65.000 euros que debía hacer la empresa a cambio de seguir con la explotación, así como una serie de actuaciones en el terreno.
Tras aceptar esta primera prórroga y sus condicionantes, se propuso una segunda prórroga de la licencia de 2015 a 2017, también a cambio de diversos pagos de que sumaban 90.000 euros en total y un canon por la cantidad de toneladas extraídas.
Sin embargo, tras finalizarse esta segunda renovación de la licencia, tal como recoge el escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia, el exalcalde puso nuevas condiciones para que existiera una tercera prórroga: un aval de 600.000 euros. Unas condiciones que el representante de la empresa no aceptó “ante la patente irregularidad de la exigencia y lo desorbitado de la misma”, recoge el documento. Fue entonces cuando el consistorio denegó la prórroga y ordenó la paralización de los trabajos de la cantera.
La decisión por parte del juzgado de abrir juicio oral al regidor de Urbanismo y a la Secretaria de la administración local se produce tras la petición en este sentido del Fiscal y de la acusación, esto es, la empresa. De hecho, la Fiscalía Provincial de Valencia, en su escrito de acusación, solicita para el anterior alcalde de Corbera cuatro años de suspensión de empleo público por un delito de exacciones ilegales y el pago de una multa. Así como 15 años de “inhabilitación especial para empleo o cargo público y suspensión del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo”, en este caso por un delito continuado de prevaricación.
Por su parte, para la Secretaria de la administración local, pide también cuatro años de suspensión de empleo público, por un delito de exacciones ilegales y el pago de una multa, así como, por un delito de prevaricación, 12 años de “inhabilitación especial para empleo o cargo público y suspensión del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo”.
En todo momento, el documento aportado por la Fiscalía apunta a Vicedo como la persona que mantenía las reuniones con el representante de la empresa explotadora de la cantera y a la Martínez, la Secretaria del ayuntamiento, como conocedora de esas situaciones.
Las reacciones a la apertura de juicio oral y las peticiones por parte de la Fiscalía no se han hecho esperar. El Partido Popular ha calificado de "demoledor" el auto del juez y ha pedido la dimisión del anterior alcalde y actual regidor en el ayuntamiento. "La dimisión de Vicedo debería haberse producido en el momento de conocer la decisión del fiscal. Ahora deberá ser el alcalde el que tome la obligada decisión de destituirlo", ha asegurado el portavoz de los populares en el consistorio, Vicente Pastor.
De hecho, desde el partido de la oposición explican que han decidido "dar un plazo de un mes a Vicedo para dimitir o al alcalde para destituirlo", ya que estiman que hasta septiembre no se conocerá la fecha del juicio. "Si no lo hacen, demostrarán que su código ético es papel mojado", defiende Pastor.
Y, además, han anunciado que en caso de que no se produzca la dimisión o la destitución del regidor, tomarán "las medidas oportunas para que den explicaciones a través de una petición de pleno extraordinario con la comparecencia del alcalde y el concejal y la solicitud de reprobación por sus actuaciones".