Joan Baldoví. Foto: E. PARRA/POOLDespués de siete años esperando a que el Gobierno, este y el anterior, impulse un nuevo modelo de financiación autonómica, después de tantas promesas incumplidas, que ahora se apruebe en el Congreso una moción para dar un nuevo plazo de ocho meses a quien ya se le dio un plazo de ocho meses en enero de 2020 y lo incumplió es como si a Anil Murthy, después de reiteradas promesas incumplidas de acabar el nuevo estadio del Valencia CF –y del feo tan grande que le hizo al presidente de la Generalitat– se le diera otro plazo para acabar el 'nuevo Mestalla' en 2026.
Pero es lo que hay, que diría Murthy. Repasemos: en el acuerdo de investidura de enero de 2020 Pedro Sánchez, que necesitaba el voto de Compromís para ser presidente, prometió presentar un proyecto de reforma en ocho meses, plazo que María Jesús Montero alargó hasta noviembre con el compromiso de presentar un "esqueleto" de nuevo modelo. No lo hizo. La pandemia cinco meses después permitió a la ministra seguir procrastinando. Lo urgente ya no era la reforma del sistema de financiación autonómica –¿alguna vez lo fue?–, sino la emergencia pandémica, excusa de mal pagador, nunca mejor dicho, porque durante la pandemia sí se han aprobado otras reformas importantes como la ley de eutanasia o la ley Celaá, que poco o nada tienen que ver con la pandemia.
A finales de 2020 Montero dio un nuevo plazo para iniciar la reforma: después de las elecciones en Cataluña del 14 de febrero. Pero tras el 14-F, ya en marzo, le dijo a Puig que "en los próximos meses se va a agilizar la presentación de la propuesta para esta reforma" –son palabras del president porque ella no compareció tras la reunión–. El 24 de marzo Joan Baldoví interpeló en el Congreso a la ministra, a la que imploró que "haga una propuesta ya, ¡por el amor de Dios!", y Montero le contestó que la presentaría "en breve".
Y en esto llegó la moción de Compromís, gracias a la cual Montero ya no se tiene que molestar, hasta fin de año, en inventar una nueva excusa. No habrá reforma este año pero tenemos un nuevo plazo con el que consolarnos. A falta de pan buenas son tortas, porque eso ha resultado ser la moción de Compromís, un pan como unas tortas.
La idea era buena, pero más propia de un recién llegado al Congreso que de un experimentado parlamentario como Baldoví. Pretendía que los diputados valencianos secundaran la moción al margen de sus grupos parlamentarios, cosa que ha ocurrido en contadas ocasiones en la Cámara Baja y nunca, que uno recuerde, por parte de un diputado de la Comunitat Valenciana.
Inasequible al desaliento, Baldoví trató entonces de convencer a los grupos, con tanto empeño que fue descafeinando su iniciativa hasta dejarla en un enunciado de buenas intenciones encabezadas por la trampa del PSOE: nuevo plazo para que Montero presente su propuesta no "en breve" sino "antes de fin de año". Ni rastro del fondo de nivelación, ni de la condonación de la deuda generada por la infrafinanciación, ni del criterio de población… Tan solo principios generales que cualquiera menos Vox suscribiría.
Pues ni así. El PP se abstuvo y en los 193 votos a favor no estuvieron Coalición Canaria, BNG, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria ni Navarra Suma –todos se abstuvieron–, que defienden los intereses de sus Comunidades Autónomas. Nadie dijo que esto fuera fácil
Compromís trató de evitar el ridículo sacando pecho porque "por primera vez" el Congreso de los Diputados ha puesto fecha para que el Gobierno presente su propuesta de reforma, pero ni siquiera eso es cierto. El 11 de septiembre de 2018 el Congreso aprobó una moción del PP, con el voto a favor de los entonces cuatro diputados de Compromís, para instar al Gobierno de Sánchez "a presentar, coincidiendo con el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, una revisión del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas". Está en el buscador de iniciativas de la web del Congreso.
Un ultimátum muy concreto que la ministra incumplió, para variar, y eso que presentó el citado proyecto de presupuestos con tres meses de retraso. Si Montero se ha saltado varias veces el plazo que le da la Constitución para presentar los presupuestos, incumplir otro ultimátum del Congreso fijado a través de una simple moción no le supondrá ningún sofoco.
El otro punto que destacó Compromís para salvar la honra es el que especifica que "mientras esta reforma no se produzca, se continuará garantizando a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado", que parece redactado por el PSOE para destacar lo que ya está haciendo el Gobierno y que publicó este periódico hace varias semanas: Montero está refinanciando a la Comunitat Valenciana por la puerta de atrás. Pero eso es pan para hoy y deuda para mañana porque los fondos extraordinarios por la pandemia van a ser cada vez menores.
Y si el Gobierno no cumple con lo que le ha instado a hacer el Congreso, ¿qué? Pues pasará lo de siempre, nada.
