Un plan de 'supervivencia' para Pinedo: 36 millones en mejoras y la regularización de la depuradora

VALÈNCIA. Quizá no es la panacea, pero se le intenta parecer. Empieza a ver la luz el nuevo Plan Especial para la Depuradora de Pinedo, cuyo objetivo es, por un lado, regularizar la parte de las instalaciones que no tenían licencia, y por otro, dejar negro sobre blanco medidas correctoras para solucionar los problemas que la planta de tratamiento de aguas residuales genera en el entorno, bien sobre los vecinos más próximos, bien en el ecosistema y paisaje que la abraza. Unas actuaciones que alcanzarían los 36 millones de euros según las previsiones de la administración.

El TSJCV dictó una sentencia en 2016 en la que ordenaba al Ayuntamiento de València a cerrar la Fase III de la depuradora al carecer de licencia municipal. No obstante, el mismo organismo admitiría más tarde en otro fallo que es "imposible de ejecutar" la primera orden por los "gravísimos perjuicios ambientales" que dicha decisión podría tener. Por ello, la intención de la Conselleria de Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà es regularizar la instalación y reducir su impacto al máximo con este Plan Especial.

Por ello, la Conselleria sacó este martes a exposición pública la versión preliminar del mencionado Plan, así como el proyecto básico de posibles mejoras en la infraestructura, de manera que afectados e interesados pueden presentar alegaciones en los próximos 45 días. Precisamente, en el documento se explica, como dijo el TSJCV, que el cierre definitivo de la tercera fase de Pinedo supondría "no sólo los costes ambientales de verter aguas muy contaminadas sobre el medio -más de 300.000 metros cúbicos al día-, sino también costes legales por sanciones por incumplimiento de las directivas europeas".

A la postre, este nuevo Plan viene a sustituir el que se aprobó ya en 1990 para esta zona, y aunque no modifica las normas recogidas en aquel, sí que introduce novedades. Entre las normas urbanísticas se detalla que "los principales efectos ambientales de la instalación son los que inciden en las condiciones de sosiego de la población del entorno (principalmente ruidos y olores)", por lo que se fijan unos objetivos de calidad ambiental mínimos. 

Obras para las molestias

En cuanto a ruido, por ejemplo, y de acuerdo a la normativa, sólo se podrán alcanzar los 55 decibelios durante el día y 45 durante la noche. Y en cuanto a los olores, también se fija un umbral de 16 unidades de olor europeas -la unidad de medida empleada en esta materia-. Para poder cumplir con estos niveles, la Conselleria plantea en el proyecto técnico una serie de obras y actuaciones sobre las instalaciones. 

En primer lugar los técnicos han detectado los puntos generadores de olores: las reacciones bioquímicas de las aguas residuales antes de ser tratadas, los fangos, los residuos del pretratamiento, las arenas extraídas durante el proceso o las grasas y otra materia orgánica flotante. Para frenar la mayor cantidad de olores posible, se plantea entre otras cosas la instalación de una nave metálica en la zona de pretratamiento, además del uso de cubiertas, biofiltros y de mejoras en los canales, los desarenadores y decantadores.

Ahora bien, estas actuaciones también servirán para reducir el ruido que sale al exterior de la planta, aunque para ello se proyectan obras adicionales, entre las que está contemplado sustituir turbinas por difusores y soplantes, renovar las centrífugas o instalar sistemas de ventilación, puertas y ventanas de doble cristal, entre otras cosas. Pero además, algunas de estas mejoras también repercutirán en la mejora de la calidad de las aguas ya tratadas y que se vierten más tarde.

Más allá de esto, también se han introducido actuaciones para proteger el litoral y las playas de la ciudad de València "en caso de un hipotético fallo en las instalaciones del sistema de Pinedo". Por ejemplo, se instalarán dos grupos electrógenos para bombeos de agua bruta y evitar así el vertido de aguas sin tratar si se porduce un corte o fallo de suministro eléctrico. Y también se instalará una nueva bomba de agua bruta para evitar episodios de vertidos sin tratar. A todo ello se suma la conexión de la salida de las aguas mejor tratadas al emisario submarino.

En conclusión, estas intervenciones -además de otras de optimización, acondicionamiento y eficiencia energética- supondrían para la administración valenciana un coste máximo de 36 millones de euros, IVA incluido. Cifra que sería la base del concurso público, y que seguramente acabaría siendo menor por las bajas de las empresas. Con todo, el documento está ahora en exposición pública y deberá recabar las alegaciones de afectados e interesados, por lo que las consideraciones recogidas podrían ser objeto de modificación de cara al Plan definitivo.