El conflicto por las externalizaciones en EMT Valencia amenaza la compra de 150 buses y un crédito del BEI

VALÈNCIA. El sindicato TUC-Intersindical ha interpuesto un recurso a la licitación publicada por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València para la compra y mantenimiento de 150 autobuses híbridos por 79 millones de euros. Una inversión que el consistorio ha previsto financiar parcialmente con un crédito de 39 millones -la mitad- otorgado por el Banco Europeo de Inversiones y que éste ya ha ratificado.

El mencionado sindicato decidió impugnar el concurso público de la empresa que dirige el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, por un apartado en concreto: el referente a la externalización del mantenimiento de los autobuses suministrados. Un servicio que la propia empresa ha cuantificado en 19,8 millones de euros, insertos en los 79 totales, y que, denuncia el sindicato, repercutirá en una menor creación  y promoción de puestos de trabajo en el seno de la EMT, dado que la carga de trabajo será absorbida por la adjudicataria.

Asimismo, quien resulte adjudicatario podría subcontratar hasta el 50% de los servicios, previa autorización de la EMT. Una cláusula que, según prevé TUC-Intersindical, dará lugar a un "aumento del margen de beneficio de la adjudicataria mientras precariza al extremo a los trabajadores objeto de la subcontratación". Tampoco está de acuerdo con que se pongan a disposición de la adjudicataria los depósitos de San Isidro y de Norte tras la inversión de casi dos millones realizada por la empresa municipal para su remodelación.

Así las cosas, a finales de julio el comité de empresa suscribió un acuerdo que pedía a la EMT paralizar el expediente de licitación al considerar que el plan de mantenimiento "representa una externalización de los trabajos que a día de hoy se vienen realizando por el personal propio de la EMT", así como que los trabajos de mantenimiento preventivo se realicen por personal de la empresa municipal tras recibir la formación necesaria. Esta semana, los sindicatos se reunieron con representantes de la empresa para alcanzar a un acuerdo sobre el conflicto. 

Del encuentro salió un documento firmado por todas las secciones sindicales excepto la de Intersindical. Si en la licitación se contemplaba que el servicio de mantenimiento preventivo se realizaría por la adjudicataria durante el tiempo de garantía que acordara con la EMT, el nuevo pacto adelanta el fin de la externalización al primer año de vida útil de los autobuses. Además, se incluyen mejoras respecto al mantenimiento correctivo y la continuidad laboral de los trabajadores con contrato temporal de próximo vencimiento.

Sin embargo, todo ello deberá compaginarse con otro punto del mismo documento: la licitación continuará adelante en los mismos términos que estaba prevista. Algo que para el sindicato discordante es incasable, dado que las condiciones explicitadas en los pliegos entran en contradicción con las del propio acuerdo. Así, Intersindical se negó a suscribirlo por todo ello y porque el documento incluía el compromiso de no llevar a cabo procedimientos judiciales, como el recurso que ya estaba en marcha.

El acuerdo deberá ser ratificado en una comisión paritaria en el mes de septiembre. Hasta entonces, los miembros de Intersindical esperan tener margen de mejora en el acuerdo y se niegan por el momento a retirar el recurso ante una licitación que, consideran, debería haberse acordado antes con los empleados. "Estamos abiertos a negociar", explican fuentes del sindicatos, "pero no podemos retirar el recurso hasta que no modifiquen los pliegos".

Tanto la empresa como otros sindicatos alertan de que si continúa en pie el recurso pasado septiembre, podría suponer la paralización temporal del concurso público y la posible pérdida del crédito del BEI. Una advertencia que el sindicato disconforme no cree real puesto que, arguyen, el presidente Giuseppe Grezzi "anunció que el crédito estaba atado en marzo". Y en ese sentido, subrayan que se trata de una herramienta de presión para conseguir doblegar la postura del sindicato.

Asimismo, insisten en que su impugnación no tiene nada que ver con la compra de autobuses -puesto que es de imperiosa necesidad la renovación de la flota-, sino que se debe exclusivamente a las externalizaciones del servicio.