VALÈNCIA. El accidente de la línea 1 de metrovalencia vuelve a Les Corts. Uno de los técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al que los grupos parlamentarios llamaron a comparecer en la comisión de investigación ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra las conclusiones que determinan que fue responsable político de dicha tragedia en la que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
En virtud del artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional –recursos contra decisiones parlamentarias–, la defensa de este trabajador de FGV solicita que se declaren nulas las conclusiones del dictamen aprobadas en julio de 2016, diez años después del accidente. En concreto, la parte en la que se le considera como responsable político siendo "un mero trabajador".
"La responsabilidad política no es procedente ni ajustada a derecho, pues como funcionario no era ni es titular de poder público alguno al que pueda imputarse o exigirse dicha responsabilidad", apunta el recurso. "Se están excediendo al declararle como tal y declarándose realmente su culpabilidad jurídica en un juicio paralelo al margen del proceso público con todas las garantías al que como tal trabajador tiene derecho", añade.
En este sentido, el letrado entiende que se ha vulnerado el derecho al honor, a la presunción de inocencia y a no sufrir indefensión –tres derechos fundamentales recogidos en la Constitución– de su cliente al habérsele incluido entre los responsables políticos "por haber incumplido la Ley de prevención de riesgos laborales". En aquel momento era director de Recursos Humanos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
Conviene señalar que el accidente acaeció al descarrilar el tren en la curva previa a la estación de Jesús, cuando circulaba a 80 kilómetros por hora en un tramo con velocidad limitada a 40. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia consideró antes de archivar la causa, que no quedaba acreditado que el siniestro se produjera por un fallo en el vagón o en la vía.
Así, el recurso recoge que las comisiones de investigación parlamentarias "deben limitarse a dilucidar responsabilidades políticas, directas o indirectas de los titulares del poder público, pero no alcanzan a decidir sobre las posibles responsabilidades profesionales, personales o penales de los particulares o funcionarios de carrera".
Explica la defensa que, por tanto, la comisión no tiene por objeto declarar la culpabilidad jurídica de todas las personas relacionadas con los hechos que se investigan y debe "deslindar lo que constituye su objeto específico –determinar responsabilidades políticas– de lo que corresponde a la Justicia ordinaria" para no convertir este tipo de herramientas parlamentarias en "juicios paralelos que no se ajustan a derecho".
El dictamen de la comisión, un documento de 296 páginas elaborado a partir de 75 testimonios y más de 150 horas de comparecencias, fue remitido por Les Corts a la Fiscalía para que el Juzgado de Instrucción número 21 lo incorporara al procedimiento. Sin embargo, pese a estar aprobado en julio de 2016, la presidencia de la cámara valenciana lo remitió un año más tarde y estando sobreseída la causa, por lo que la instructora Nieves Molina dudaba de su posible incorporación al proceso.
Los juzgados reabrieron el caso
Después de que la juez archivara dos veces la causa, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó reabrir de nuevo el pasado mes de febrero la instrucción del caso del accidente ocurrido en el metro de València el 3 de junio de 2006 y dejó sin efecto el auto del 7 junio 2017 y el que le precedió de 23 mayo 2017. El archivo fue recurrido por el Ministerio Fiscal, la Asociación de Víctimas y varias víctimas y familiares de fallecidos.
