FOTOS: EFESCHLESWIG (ALEMANIA). La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha considerado este jueves procedente la entrega del ex presidente catalán y líder independentista Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos pero ha rechazado el cargo de rebelión.
Ahora todo que da en manos de que la Fiscalía General de la región alemana de Schleswig-Holstein, que decidirá en breve sobre la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por el cargo de malversación, después de que el tribunal a cargo aprobara su entrega, según ha indicado a DPA una portavoz de la Fiscalía.
La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha considerado este jueves procedente la entrega de Puigdemont a España por malversación de fondos públicos pero ha rechazado el cargo de rebelión. Asimismo, el tribunal ha resuelto que el expresidente de la Generalitat, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad.
Con esta decisión, los jueces cumplen con la petición de la Fiscalía General regional, aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España.
Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.
Tras pasar doce días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España. Desde entonces, Puigdemont vivió en Berlín y posteriormente trasladó su residencia a la región de Schleswig-Holstein a la espera del fallo judicial que espera se produzca en los próximos días.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña, ha dictado un auto en el que concluye la instrucción de la causa y suspende de cargo público al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cinco investigados que mantienen su acta como diputados en el Parlament, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tras confirmarse sus procesamientos por el delito de rebelión. La suspensión no se aplica al exconseller Antoni Comín, fugado en Bélgica, al aceptar su intención de recurrir su procesamiento.
En este auto, con fecha de este lunes, el magistrado considera que se cumplen todos los requisitos que contempla el artículo 384 bis de la LECrim, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha hecho firme los procesamientos por el delito de rebelión contra estos siete miembros del anterior gobierno catalán y está "decretada la prisión provisional" contra cada uno de ellos, incluso contra Puigdemont hay cursada una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado al conocer la decisión de Alemania que es "una gran noticia" que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda ser extraditado a España por un presunto delito de malversación, rechazando el presunto cargo de rebelión.
En un apunte en Twitter, Torra ha dicho estar muy contento y ha añadido: "Se demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca se tendría que haber iniciado. Será en Europa donde ganaremos".
Torra valora así la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, que ha considerado procedente la entrega del expresidente catalán solo por malversación de fondos públicos.
El ministro español del Interior, Fernando Grande Marlaska, advirtió este jueves de que un posible envío de "mossos d'esquadra" a Alemania para proteger al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en ese país, debe ampararse en la legalidad española y europea.
La Consellería de Interior de la Generalitat consultará al Ministerio del Interior sobre el procedimiento para poder enviar "mossos d'esquadra"(Policía catalana) a Alemania, quienes se encargarían de la protección de Puigdemont, según publica hoy La Vanguardia.
"Cualquier movimiento que pueda hacerse en esos términos tiene que ampararse en la legalidad española y la legalidad de la Unión Europea", explicó Grande Marlaska a su llegada a un consejo informal de ministros de Interior de la UE en Innsbrück (Austria).
El Ministerio del Interior es el responsable último de autorizar esta salida de los oficiales de la Policía de la Generalitat, al tratarse de un envío de cuerpos de seguridad en servicio a otro país.
También el Gobierno alemán debe dar su autorización para que las personas encargadas de la seguridad del expresidente catalán puedan actuar como agentes de la autoridad si surge una situación que lo requiera.
No obstante, el ministro español puntualizó que "desconoce" esa posibilidad y que se ha enterado a través de la prensa. Grande Marlaska dijo no saber si es "simplemente un rumor o algo más que un rumor", pero insistió en que cualquier decisión que tome la Consellería de Interior "tendría que estar ajustada a la legalidad".
