VALÈNCIA. Este jueves finalizaba el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas al proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018. Un proyecto en el que el Consell introdujo los efectos laborales de la anunciada extinción de la concesión del departamento de Salud de la Ribera, el 1 de abril de 2018, cuando el servicio pasará a ser gestionado directamente por la Generalitat.
Sin embargo, una enmienda presentada por PSPV y Compromís a ese apartado de la Ley introduce una novedad. El síndic socialista, Manolo Mata, y su homólogo de la coalición valencianista, Fran Ferri, incluyen, en un segundo punto, la "extinción de los contratos de gestión integral de centros de titularidad pública en el ámbito de la diversidad funcional".
Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, aunque no está previsto que se revierta la concesión a los gestores privados de estos centros de titularidad pública como sucederá en unos meses con Ribera Salud, este texto abriría la puerta a que cuando terminen los contratos con las empresas, los centros puedan ser gestionados por el Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS).
"No quiere decir que se vaya a hacer con todos, ni que sea inmediato, pero abre la posibilidad a que en un futuro exista el amparo legal para hacerlo", matizan fuentes oficiales del departamento de la también vicepresidenta del Consell.
El texto también recoge lo que sucedería con los trabajadores de estos centros: "El personal afectado continuará en su puesto en condición de personal a extinguir, y solamente podrá adquirir la condición de fijo mediante la superación de los procesos normativamente establecidos a estos efectos y con respecto a los principios constitucionales y legales aplicables". Es decir, quedarían con el mismo estatus que el personal no estatutario de La Ribera.
Otra de las enmiendas que plantea el bipartito es que los conductores al servicio directo de los miembros del Consell pasen a ser personal de libre designación y no eventuales. Con ello, serían seleccionados de entre todo el personal funcionario después de superar los correspondientes concursos.
Cabe recordar que desde hace unas semanas, los conductores del Consell mantienen un acuerdo interno por el que se niegan a trasladar a los máximos dirigentes de cada conselleria después de que el actual Ejecutivo valenciano no les haya reconocido ni recuperado el "complemento específico 45" del que ya disfrutaron con el anterior gobierno del PP y que llevan reclamando más de un año.
Aunque se han producido distintas reuniones entre el colectivo de los conductores y la dirección general de Función Pública, dependiente de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, para poner fin a unos "paros" que se iniciaron el pasado mes de septiembre, de momento, no se ha llegado a ningún acuerdo.