Agentes de seguridad de Paellas Universitarias trasladan unas vallas. Foto: EVA MAÑEZ.VALÈNCIA. Unos por otros, y la casa sin barrer. Nada se sabe del expediente de sanción a Paellas Universitarias por incumplir la Ley de Espectáculos de la Comunitat Valenciana el pasado mes de abril. Más de siete meses después, la multa duerme, apacible, el sueño de los justos en un cajón de la administración valenciana debido a una disputa competencial entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la capital.
El expediente está paralizado porque la administración autonómica y la municipal no se ponen de acuerdo sobre quién debe tramitarlo. La discusión se da porque los hechos constitutivos de sanción se produjeron en el impás en el que se estaban trasladando las competencias sobre las multas por infracciones de la Ley de Espectáculos.
La Generalitat Valenciana anunció un convenio según el cual traspasaba las competencias de las sanciones graves y muy graves al Ayuntamiento de València. Poco tiempo después, el 12 de abril, tuvo lugar el macrofestival. Pero no fue hasta el 13 de mayo cuando el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el convenio.
Así pues, pasados siete meses desde el festival, ambas administraciones todavía no han dirimido quién debe ejecutar la sanción. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), dependiente de la Generalitat, solicitó un informe a la Abogacía con el propósito de resolver este entuerto.
Y a este documento se remiten desde la Avsre para sentenciar que son competencia del Ayuntamiento aquellos procedimientos que estaban en "fase de actuaciones previas" cuando se hizo el traslado de competencias, como es este caso. Es por ello que en la administración autonómica van a dar traslado al Ayuntamiento de estas actas para que sea el consistorio "quien adopte, o no, el oportuno acuerdo".
Una máxima que niegan desde el Ayuntamiento de València. Fuentes consultadas cercanas a la concejalía de Procedimiento Sancionador, explican que según este criterio, el consistorio habría de encargarse de muchos expedientes de años atrás. Un proceder que, aseguran con rotundidad, podría conllevar prevaricación. Así, insisten en que es la propia Generalitat la que debe concluir el expediente de Paellas Universitarias que ya inició.
Así, las mismas fuentes se preguntan por qué la administración autonómica intenta esquivar la responsabilidad y recuerdan que la determinación del Ayuntamiento a la hora de imponer sanciones ha sido firme: ya impuso la multa por incumplimiento de la ordenanza de ruido, que ascendió a apenas 1.200 euros, como publicó Valencia Plaza.
La multa que ahora es objeto de discusión competencial sería mucho mayor. Los técnicos deberán estudiar el caso y dirimir la cuantía: si se multa a los organizadores por celebrar las Paellas sin autorización, se les aplicaría la sanción de una falta grave, de hasta 300.000 euros; por contra, si el motivo de la sanción es haber llevado a cabo el festival desoyendo una resolución denegatoria del Ayuntamiento, se consideraría una falta muy grave, con multa de hasta 600.000 euros.
