Vicent Soler. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. Una sentencia que da la razón a la Junta de Castilla y León en su reclamación al Gobierno por la liquidación del IVA pendiente de 2017 abre la puerta a que la Comunitat Valenciana reciba los 281 millones de euros que el Estado dejó de pagarle por el mismo concepto.
Ese fallo, dictado por el Tribunal Supremo este martes, condena al Estado a pagarle a Castilla y León los 182 millones pendientes de la liquidación del IVA de 2017. Se trata de una deuda que el Estado mantiene con el conjunto de las CCAA, por lo que esta sentencia abre la vía a recursos de otras autonomías en la misma situación al ser la primera dictada en ese sentido.
El origen de esa deuda, que para el conjunto de las CCAA asciende a 2.500 millones de euros, es el cambio que introdujo el entonces ministro de Hacienda, el popular Cristóbal Montoro, en la gestión del IVA en 2017 y que, como este martes recordó el conseller de Hacienda, Vicent Soler, tuvo como "injusta" consecuencia que el conjunto de las comunidades percibiera una mensualidad menos de la que les correspondía por la recaudación efectiva de ese ejercicio.
El Gobierno trató de resolver esa deuda a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 incluyendo un cambio normativo en la liquidación de 2017. Sin embargo, al no prosperar las cuentas por el voto en contra de PP, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, CC, UPN, Bildu, Foro y dos diputadas Unidos Podemos, esos PGE no salieron adelante y el largo periodo de interinidad del Gobierno impidió que el cambio normativo previsto se pusiera en marcha antes de que acabara 2019.
Cerrado pues ese ejercicio, la ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, alegó que, como el modelo de financiación autonómico prevé la liquidación del IVA a los dos años, la solución tendría que haberse aplicado en 2019 y dijo que no devolvería el dinero a las CCAA.
Montero se defendió culpando al PP de haber impedido la aprobación de los PGE que contenían la solución y dijo que el Ejecutivo no se quedaba los 2.500 millones del IVA de las Comunidades Autónomas porque esa cantidad no existía al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hacía dos años.
La sentencia del Supremo de este martes, sin embargo, considera que, al quedarse con parte de la recaudación efectiva del IVA que correspondía a las CCAA, se produce "un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la comunidad autónoma demandante –en este caso, Castilla y León– y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado".
La negativa de Montero abrió una brecha con las CCAA. La ministra de Hacienda trató de atajar la revuelta autonómica con una oferta para saldar la deuda pendiente con un 'extra FLA'. Esto es, el Estado daba a las CCAA que lo deseasen un préstamo sin intereses por el equivalente de la deuda que no les computaría como déficit de 2019, pero no les transfería el dinero.
La propuesta de Montero indignó a varias CCAA, pero no al conseller valenciano. Mientras otros consejeros tildaron la solución de absurda o insuficiente, Soler consideró que la propuesta de Montero de más deuda sin aumentar el déficit sí saldaba la deuda de 281 millones con la Comunitat, aunque "no de la mejor manera posible". A su juicio, la propuesta de Montero tenía "mucha imaginación" para arreglar un problema "que creó el PP".
De hecho, la Conselleria de Hacienda ya renunció de facto en los presupuestos de la Generalitat de 2020 a incluir 250 millones de euros por la liquidación pendiente del IVA de 2017, al contrario de lo que hizo en los de 2019, que sí preveían esos ingresos. La inclusión de esos 280 millones del IVA pendiente de 2017 fue uno de los puntos que tensó la negociación del presupuesto entre los socios del Botànic, ya que Compromís instaba a Soler a mantener la reclamación frente a Montero.
La postura de la Comunitat Valenciana contrastó con la de otras comunidades como Castilla y León que, tras reclamar sin éxito una solución al Gobierno de Pedro Sánchez, acabó formalizando un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo que ahora le da la razón.
¿Qué pasa entonces con los 281 millones que el Estado le debe a la Comunitat? Vicent Soler aseguró tras conocer la sentencia que la Conselleria de Hacienda está analizando el fallo judicial, pero abogó por una "solución consensuada con todas las comunidades autónomas" para solucionar el "quebranto que provocó" el ministro de Hacienda del PP.
Fuentes de su departamento consultadas por Valencia Plaza explicaron que la Conselleria de Hacienda espera que el Ministerio se pronuncie oficialmente sobre la sentencia, pero da por sentado que el Ejecutivo aplicará con todas las CCAA la solución que adopte para cumplir el fallo que le obliga a compensar la deuda con Castilla y León.
En ese sentido, el Ministerio de Hacienda precisó a Europa Press que, si se paga a una, se pagará a todas.
Una de las posibles vías para la devolución del dinero sería compensar la deuda adicional que el Gobierno permitió a las CCAA ya que la sentencia del Supremo no condena al Estado a pagar, sino a que se compense el "desfase financiero" provocado a las CCAA.
El Ministerio de Hacienda manifestó que estudiará y cumplirá el fallo y defendió que, en cualquier caso, España es el país descentralizado que más ha protegido a los entes territoriales, remarcando que para 2021 los Presupuestos Generales del Estado ya contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para a las comunidades autónomas.
El fallo responde al recurso contencioso-administrativo que la Junta de Castilla y León interpuso el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros.
El Ejecutivo regional solicitaba al Gobierno de España que se pagaran a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la mencionada liquidación correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros, a lo que se suman las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que ascendía a otros 61,51 millones de euros.
Esta última cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.
