Unides Podem registra en solitario el cambio de mayorías para elegir al director de Antifraude

VALÈNCIA. La aritmética impedirá que las mayorías para elegir al director de la Agencia Antifraude cambien este año. El grupo parlamentario Unides Podem finalmente se ha quedado solo con su enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2023 que busca que el máximo representante de este organismo pueda ser elegido por mayoría absoluta en segunda instancia si, en primera votación no se alcanzan las tres quintas partes requeridas que ahora mismo contempla la normativa actual. 

El cambio propuesto, en realidad, fue una demandada de la propia institución que hoy preside Joan Llinares. El pasado mes de julio, la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez Garijo sacó a información pública varios cambios que pretendía acometer en la Ley de la Agencia Valenciana Antifraude; el más importante, cambiaba la forma de elegir al sucesor de Llinares. 

La ley actual recoge que el máximo responsable de la Agencia lo nombra el pleno del Parlamento por mayoría de tres quintos, 60 diputados, y si esta no se alcanzara se harían "nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes" hasta que finalmente fuese elegido algún candidato. Un redactado que obligaría a los partidos que integran el Gobierno valenciano -PSPV, Compromís y Unides Podem- a buscar un candidato que generara consenso con la oposición -PP, Ciudadanos o Vox-, dado que el tripartito apenas suma 52 escaños. 

No obstante, con la propuesta de Pérez este escenario cambiaría. En primera votación, la ley mantendría que sería obligatorio que el candidato que elevasen los grupos obtuviera una mayoría de tres quintos. Pero si no se obtuviera, en la segunda votación, que se realizará dentro del plazo de un mes, bastaría con "mayoría absoluta". Un cambio que no es intranscendente porque evitaría en todo caso cualquier tipo de bloqueo y permitiría al gobierno de turno elegir al director del ente en solitario, sin necesidad de pactar ningún candidato con la oposición como hasta la fecha.

El cambio fue propuesto en su día por la propia Agencia, pues no querían que la situación de interinidad que se está viviendo en órganos como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes -por no mencionar la del Consejo General del Poder Judicial- se repita en su caso. Es decir, que una vez caduque el mandato de Llinares este deba mantenerse en el puesto hasta que gobierno y oposición se pongan de acuerdo para relevarle con un sucesor de consenso. De hecho, el propio director reconocía en una entrevista concedida a Valencia Plaza que este era un deseo del organismo, a pesar de que este fin pudiera acabar "pervirtiéndose" por el ejecutivo de turno. 

La modificación, sin embargo, tan solo ha recabado el apoyo de Unides Podem, partido que gestiona la Conselleria de Transparencia. Compromís y el Partido Socialista han decidido no secundar esta enmienda, por lo que parece complicado que este cambio finalmente salga adelante, dado que actualmente tan solo contaría con el apoyo de ocho diputados. 

Sueldo antes de nombrar director

Otro de los cambios que propone el grupo parlamentario que dirige Pilar Lima es que se fije el salario del director de la Agencia Valenciana Antifraude por Mesa de Corts antes de ser nombrado y de tomar posesión. Una reforma que se introduciría a través de una nueva Disposición Transitoria: "Las retribuciones de la persona titular de la dirección de la agencia deberán establecerse por la Mesa de Les Corts con carácter previo al nombramiento y toma de posesión de quien suceda al primer titular de la Agencia", es decir, a Llinares. 

Junto a este, los morados también proponen que Antifraude pueda nombrar eventuales que no sean funcionarios de carrera. Esto es porque actualmente la plantilla de la entidad la componen empleados públicos, pero la intención es que el propio director y su gabinete puedan designar personal de confianza sin necesidad de que este forme parte obligatoriamente del cuerpo de la Administración de la Generalitat o del Estado. 

Así, también amplían el tipo de infracciones que se pueden cometer y por las que la Agencia podrá amonestar. En el caso de las "muy graves", Antifraude contemplaría también "la adopción de cualquier represalia ante las personas denunciantes a las cuales se les hubiera reconocido el estatuto de protección del denunciante"; "la realización de cualquier acto que obstaculice o intente obstaculizar la presentación de denuncias"; "cualquier acción que provoque la revelación de la identidad de la persona denunciante"; o "cualquier tipo de coacción de las personas que prestan servicios a la agencia". Además de las muy graves, Unides Podem a instancias de la Agencia, también incluye entre las graves la "reincidencia por realizar más de una infracción leve en el término de un año a contar desde que fuera firme la sanción en vía administrativa". 

Por su parte, las sanciones se mantendrían igual, pero se añadiría que la Agencia podría acordar "en caso de infracciones muy graves o graves, la amonestación pública". Y entre los cambios más relevantes se encuentra "la potestad sancionadora de la agencia", que sería "autónoma y podrá concurrir con el régimen disciplinario del personal funcionario, estatutario o laboral" aplicable en cada caso. 

En cualquier caso, de la misma manera que con el cambio de mayorías para elegir al director de la Agencia, las probabilidades para que todos estos cambios sean aprobados son especialmente bajas, dado que ni siquiera han sido acordados entre los tres socios del Botànic.