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entrevista al director de la agencia valenciana antifraude

Joan Llinares: "En los contratos de emergencia covid hubo intermediación innecesaria" 

Foto: EDUARDO MANZANA
14/10/2022 - 

VALÈNCIA. La Agencia Valenciana Antifraude cumple un lustro de funcionamiento con su director, Joan Llinares (Alzira, 1953), al frente. Un momento en el que el Gobierno central ha aprobado el proyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción, que ahora entra en tramitación parlamentaria y que puede afectar al futuro del organismo. Los contratos de emergencia, las irregularidades en Valencia Activa o las trampas en las oposiciones han sido algunos de los últimos expedientes de la Agencia, que despierta una mezcla de entusiasmo y desdén entre los partidos en función de lo que haga.  

-El Gobierno ha aprobado recientemente la ley para proteger a las personas denunciantes de corrupción y que supone una transposición de la directiva europea. ¿En qué le afecta a la agencia?
-El proyecto de ley acaba de entrar en el Congreso. La norma que regula la Agencia Valenciana Antifraude se adelantó a la propia directiva europea y, por supuesto, a la del propio Estado en la protección de las personas denunciantes. Ahora, esta nueva ley establece por ejemplo la obligatoriedad de crear canales de denuncia a través de buzones internos que todas las administraciones están obligadas a tener. El proyecto hay cuestiones que no contempla y otras que son mejorables porque ya éramos 7 comunidades autónomas las que habíamos legislado sobre el asunto: la Comunitat Valenciana, Andalucía, Baleares, Navarra, etc. En un futuro, esperemos que no muy lejano, el Estado tiene que crear una Autoridad de Protección las Personas Denunciantes a nivel nacional. ¿Qué pasa con los territorios que ya tenemos competencias en esto? Pues hay que armonizarlo. 

"Habrá que esperar a que se clarifique en la ley nacional, pero la Agencia podría pasar a atender casos de empresas privadas a nivel autonómico"

Nosotros presentamos alegaciones al proyecto y hay algunas que han sido recogidas. Entre ellas, el reconocimiento de la existencia de leyes autonómicas que ya regulan esta cuestión o la cobertura de ámbitos donde nosotros no podemos llegar. Entre ellos, la Administración del Estado: Agencia Tributaria, Tesorería de la Seguridad Social, los Puertos... ahí hasta ahora no había nada. Si sale adelante el proyecto ahora sí que se podría actuar en la práctica totalidad de la Administración Pública. 

Además, hay una novedad muy importante donde nuestra ley autonómica nunca entró, que es el ámbito de los sectores privados: los bancos, el consumo y la producción de alimentos, la energía, la sanidad, las infraestructuras de transporte y comunicaciones... las personas que denuncian en estos terrenos también tienen derecho a que se las proteja. 

-¿Esto quiere decir que si una persona de una empresa asentada en la Comunitat Valenciana relacionada con estos ámbitos quiere denunciar una irregularidad podrá dirigirse también a la Agencia Antifraude?
-Para eso tenemos que esperar a que finalice la redacción del proyecto de ley nacional. Ahora mismo no aparece de manera suficientemente clara. Pero tal como aparece, sí le correspondería a la Agencia, como autoridad autonómica, atender estos casos que surjan a ese nivel. Hay que esperar a que se clarifique.

Foto: EDUARDO MANZANA

-Si sale adelante tendría que modificarse entonces la ley valenciana que regula la Agencia. 
-Sí. Se tendría que adaptar a la ley nacional en aquellos aspectos que haya que desarrollar en el ámbito autonómico. 

-Esto puede llevar unos cuantos años...
-Sí... ahora viene el procedimiento parlamentario, que no sabemos si se le dará trámite de urgencia u ordinario y, por lo tanto, ni siquiera sabemos cuánto puede tardar en aprobarse el proyecto. Por lo pronto, contempla la existencia y competencias de las agencias autonómicas. 

-Blinda más la valenciana entonces. 
-Sí. En 2016, el Parlamento valenciano se adelantó. Parece que por ser una ley autonómica fuera de tercera categoría, pero no lo era. Y ahora se refuerza con la nacional. 

-¿La Agencia hasta qué punto ha entrado en las universidades públicas? 
-Sobre todo en irregularidades y en prevención. Los casos que han entrado se han resuelto favorablemente porque se ha modificado lo que se estaba haciendo. Especialmente han sido temas de contratación, donde se mueven centenares de millones de euros: seguridad, limpieza, mantenimiento... también incompatibilidades del profesorado. 

En prevención estamos realizando cursos con las cinco universidades públicas, que están creando sus comités antifraude. También entramos en el ámbito de la propia docencia con la colaboración con cátedras en aquellas carreras que son las proveedoras de futuros funcionarios (Derecho, Económicas, Ciencias Políticas, etc.). 

"Hemos visto que ha habido intermediación en la venta de material con unas comisiones altísimas. Con una peculiaridad, además, y es que ambas empresas estaban en el mismo polígono industrial"

-Uno de los últimos informes de Antifraude detectaba sobrecostes y comisiones de dos millones en los contratos de emergencia suscritos por la Generalitat en 2020 para la compra de material contra la covid. ¿Qué destaca de esta investigación y cómo valora las conclusiones?
-La investigación duró dos años, eran decenas de miles de documentos. Es un expediente que está en fase de seguimiento porque ha habido unos requerimientos de subsanación. Una de las cuestiones que se deducen es la de que el contrato de emergencia se aplicó sin tener en cuenta en ocasiones que las empresas a las que se les encargaban las compras no tenían legalmente la capacidad para poder actuar en esos ámbitos. El contrato de emergencia está contemplado en la legislación, pero una de las cuestiones que hay que garantizar es que con quien contratas tenga capacidad para hacerlo. Si luego, como en estos casos, se va a subcontratar, ¿por qué no se ha ido directamente a esa empresa? Hemos visto que ha habido intermediación innecesaria, que no proveía de nada, con unas comisiones altísimas entre el precio que vendía el intermediario y el de la empresa que realmente producía el material. Con una peculiaridad, además, y es que ambas empresas estaban en el mismo polígono industrial. No estaba una en el extranjero y buscas un intermediario de aquí. Eran cuestiones meramente telefónicas. 

Hubo fallos administrativos y somos conscientes de en qué condiciones estaban realizando estas tareas los responsables, en un momento de confinamiento y de miedo de contagio. Pero lo que es el núcleo que gestionó aquello pensamos que lo podría haber hecho de otra manera. 

Luego se produjo otra cuestión que también criticamos y es que desapareció la fiscalización interna de los contratos de emergencia. Algo que resulta fundamental porque es el primer filtro. La ley te libera de los trámites previos, pero no de la fiscalización. Además, se aplicaron contratos de emergencia para muchas más cosas de las necesarias. Transcurrido un año de los hechos, todavía había administraciones que los aplicaban para compras que poco tenían que ver con covid. 

Foto: EDUARDO MANZANA

-Varias defensas del caso Azud impugnaron una pericial encargada por la jueza a Antifraude por las adjudicaciones bajo lupa. Hablaban de falta de imparcialidad suya por ser socio constituyente de Acción Cívica contra la Corrupción, que ejerce de acusación. ¿Entiende estas impugnaciones? 
-El derecho de defensa es muy amplio. El director de la Agencia Antifraude es una persona pública, nombrada por Les Corts porque reúne los requisitos que dice la ley: que tenga la preparación profesional y que a la vez haya desarrollado actividades en la lucha contra la corrupción acreditadas. Esto que es un mérito para el cargo resulta que es un problema cuando la Agencia colabora con la justicia. Yo no hago ningún informe pericial, lo hacen los funcionarios. Cuando llega una petición del juzgado, el director del área de pericias es el que decide, de entre los más de 40 funcionarios que hay aquí, quiénes son los más habilitados para el requerimiento. Esto se comunica al juzgado, que examina el currículum y lo confirma.

-El caso Azud precisamente sí que se encontraron con que afectó a la Agencia porque un investigado trabajaba en ella y se le tuvo que apartar.
-Sí. Había un funcionario, una persona profesionalmente muy preparada, pero que en los años del boom inmobiliario había solicitado una excedencia porque es experto en urbanismo. Estuvo desarrollando dentro de su profesión actuaciones que han aparecido en el caso Azud. El mismo día que se tuvo conocimiento de esa relación cesó, independientemente de que el procedimiento judicial termine como termine. 

-¿Cuál es la investigación más relevante que cree que han concluido hasta la fecha en estos cinco años de funcionamiento?
-Hay indicadores muy diferentes. Si hablamos de especial gravedad en cuanto a que afecta a la esencia de lo que una administración pública debe de ser, los asuntos relacionados con la provisión de personal. Concretamente, la filtración de las respuestas de un examen de oposición. Eso supone garantizarle a una persona sin el mérito y la capacidad un puesto de por vida de funcionario público en el que va a tener potestades para gestionar los intereses de los ciudadanos. Esto tiene consecuencias más allá de los requisitos que establece la Constitución, y es que esas personas pasan a estar al servicio del poder que les ha facilitado este empleo de por vida. Hemos detectado casos en la administración y en la Policía Local que han acabado en los tribunales. 

"La persona que copió en las oposisiones perdió el destino dentro de Valencia, fue destinada a Castellón y ahora estamos haciendo seguimiento de si se ha cumplido"

-¿Uno de ellos es el de la exdirectora general de la Generalitat juzgada por pasar las respuestas de la oposición a una amiga y que finalmente fue absuelta?
-Sí. La sentencia indicaba que se remitiera a la Agencia porque, a pesar de ser conductas tan graves que vulneran la Constitución, resulta que el Código Penal no está preparado para eso y no había encaje. Se reanudó el procedimiento sancionador en el ámbito administrativo, disciplinario. Esta persona perdió el destino dentro de Valencia, fue destinada a Castellón y ahora estamos haciendo seguimiento de si se ha cumplido. En mi opinión debería conllevar la inhabilitación pero no tenemos la potestad. 

-Y otro el de la Policía Local de Benidorm. 
-Sí. Un opositor que ya estaba como interino tenía una plantilla con las respuestas encima de su rodilla. Lo denunciaron, la Agencia inició la investigación y se pasó a la Fiscalía. También lo absolvieron porque no se pudo determinar quién filtró el examen. En ambas sentencias se reconocen los hechos, que ha habido filtración. Y establecen que, o no está tipificado, o no se podía determinar qué miembro del tribunal hizo la filtración. En el caso de Benidorm, se está realizando también seguimiento desde la Agencia y se ha comunicado al Ayuntamiento que está en la obligación de iniciar un procedimiento disciplinario.

Foto: EDUARDO MANZANA

-¿E investigaciones que hayan conllevado grandes cuantías de dinero?
-Las relacionadas con municipios donde se reanuda un PAI después de muchos años de incumplimientos por parte del promotor y que, aplicado el pliego de adjudicación a ese agente urbanizador, está obligado a hacerse cargo de una serie penalidades estipuladas en él. Sin embargo, el Ayuntamiento hace caso omiso y establece que con tal de que el promotor reanude el PAI se le perdona todo. Eso no se puede hacer. Son recursos públicos. 

-¿Dónde ha ocurrido esto?
-Uno de los casos ha sido Burriana, supone una cuantía de 21 millones euros. El Ayuntamiento se está resistiendo a poner en marcha el procedimiento y podría acabar en el Tribunal de Cuentas porque hay una responsabilidad patrimonial de aquellos que deciden no hacer cumplir las normas urbanísticas. El otro municipio no ha trascendido, supone 2,5 millones, pero el consistorio nos ha comunicado que sí va a aplicar el procedimiento.

-¿Ha habido alguna denuncia derivada de los fondos europeos? ¿Vaticina que será un problema?
-Sobre los fondos europeos, debido a que se tienen que invertir cifras millonarias en unos plazos muy ajustados de tiempo, el temor que tenemos es que pudiera haber irregularidades. De ahí que hayamos mantenido muchas reuniones preventivas con el sector público de la Generalitat. Hay un gran riesgo de que esas cantidades no vayan a los destinos para los cuales se conceden. Pero ahora estamos en una fase de adjudicaciones muy inicial y no hemos recibido denuncias. 

-La Agencia instó al presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, a devolver parte de su sueldo como alcalde de Gavarda por incumplir la dedicación exclusiva. ¿Lo ha hecho?
-No. 

-¿Y qué le parece?
-Es uno de los casos que está en seguimiento. Hay casos que van al Tribunal de Cuentas, depende del tipo de conflicto. 

-También han pedido responsabilidades a la Diputación de Valencia por el cobro de 45.000 euros en dietas indebidas en Divalterra por parte de José Luis Vera. ¿Ha habido respuesta? 
-No. Es relativamente reciente y estamos esperando la reacción de la Diputación. Nos consta que se le ha reclamado.

"Lo que no se hace con aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, y podrán decir lo que quieran, supone incumplir la ley" 

-El informe de investigación sobre las contrataciones en Valencia Activa señalaba que podía haber fraude o corrupción, pero la cosa se ha quedado ahí. Hay, de hecho, quien lo compara con el caso Alquería. ¿Qué le parece?
-Durante muchos años, los puestos llamados de confianza no regulados como eventuales se han estado cubriendo como contratos equivalentes a los de alta dirección sin serlo. El Estatuto Básico del Empleado Público es obligatorio para cualquier procedimiento. En el caso de las empresa públicas, estamos hablando de cumplimiento de principios de mérito y capacidad. No conozco tanto el caso Alquería, pero estos principios son obligatorios para toda la administración, incluyendo empresas y fundaciones municipales. Aquí hay juegos malabares con las leyes con informes en los que se dice que las fundaciones se rigen por derecho privado. Es cierto, pero aquellas que se nutren de fondos públicos han de crear puestos de trabajo regidos por los principios del EBEE. Lo que no se hace así, y podrán decir lo que quieran, supone incumplir la ley. 

-La Conselleria de Transparencia ha sacado a exposición pública la modificación de la Ley de Acompañamiento para cambiar las mayorías para elegir al director de la Agencia Antifraude. Un cambio que en realidad ha solicitado la propia institución. ¿Por qué este cambio?
-Veremos si prospera. El requerimiento de la mayoría de tres quintas partes no se modifica, pero lo que sí se incorpora es que haya una segunda oportunidad en caso de que no se alcancen las mayorías de distintas partes. Desde mi punto de vista es muy importante que la persona que sea titular de esta institución tenga un refuerzo de las tres quintas partes del Parlamento. A mí eso me ha servido mucho, igual que no haber tenido ningún voto en contra, a pesar de todo lo que luego me ha tocado sortear. El mandato del director de la agencia es improrrogable, son siete años y ya no se puede continuar. Si hay una situación de bloqueo, este cambio en la ley permite que termine habiendo un nombramiento. Esto lo tiene la ley andaluza y, de hecho, su director, Ricardo Pujol, no salió en primera votación. Magistrado que por cierto desmanteló toda la corrupción de Marbella. No es una persona que se pudiera decir que era de partido... es un experto en lucha contra la corrupción. Pero si no hubiese habido ese segundo turno, Andalucía no tendría director de agencia. Este cambio por tanto es un auxilio para que las cosas no se queden paradas. Cuando yo veo, y salvando las distancias, el espectáculo del Consejo General del Poder Judicial, me da verdadera vergüenza. 

"Me queda un año y medio como director de la Agencia y lo que tengo clarísimo es que cumpliré la ley. Ni un solo día transigiendo" 

-Precisamente por eso mismo. Aunque el fin sea bueno, porque lo que se busca es evitar que la Agencia se bloquee o se quede con mandatos interinos, ¿cree que puede acabar pervirtiéndose esta reforma, debido a que ya no se necesita a la oposición para nombrar al director y acabar utilizándose a la contra pasando el rodillo?
-Sí. Me preocupa que termine pervirtiendo esto como se han pervertido tantas cosas. Que la ley se aprueba con un determinado fin y luego se pervierta. A mí me queda año y medio como director de la Agencia; en mayo o junio de 2024 termina mi mandato y seis meses antes se debe haber iniciado el proceso para buscarme el relevo. Pero puede ocurrir que llegue la fecha límite que dice la ley y que no se haya decidido aún la persona que me suceda. Aquí en la Agencia tenemos articulado que si a mí me pasa algo, si me ausento por enfermedad, vacaciones o lo que sea, la dirección adjunta ejercería mis funciones de forma interina. Pero esa provisionalidad no te dota de todas las potestades para poder ejercer tu puesto en condiciones. Sino que es algo transitorio. Lo que tengo clarísimo es que yo cumpliré la ley: ni un solo día transigiendo lo que la ley dice. 

-Durante estos años, ¿han puesto los partidos del Botànic, que aprobaron la creación de la Agencia, todo de su parte para que esta haya funcionado de la mejor manera? ¿O siente que en ocasiones han puesto alguna que otra traba?
-Si quieres que una institución funcione, encárgate de su presupuesto. Puedes tener buenas palabras, palmadas en la espalda, pero si no te doy medios, te va a pasar lo que en términos bélicos se llama la rendición por inanición. No te doy medios, por tanto ya te someterás. Pero los presupuestos de la Agencia cuando se han presentado a Les Corts se han aprobado en los términos en los que los trasladamos. Por tanto, podemos haber tenido diferencias, pero eso es el funcionamiento del día a día. Si decimos que necesitamos estos recursos y nos lo dan, no hay mayor expresión de respeto. 

Foto: EDUARDO MANZANA

-¿Y cuánto van a pedir este año?
-Nos vamos a mover en unas cifras muy similares a los anteriores. 

-Les Corts aprobaron un acuerdo por el que está previsto que los grupos despidan a todo su personal. Con este escenario, ¿usted ve que es un acuerdo legal? ¿O podrían traer problemas legales?
-Cada grupo parlamentario tiene derecho a contratar gente de su confianza y la causa para cesarlos es una causa legal. No es una decisión de una persona, sino que es una causa legal. Lo que ocurre es que hay unas obligaciones de coberturas de naturaleza económica como pagar las indemnizaciones por los años trabajados. Eso es lo que por lo visto no tenían provisionado y que ahora están discutiendo. Pero cuando la causa del cese es legal, nada te impide, cuando nace una nueva legislatura, que un eventual que estuvo en la anterior legislatura vuelva a estar en la siguiente. En una empresa privada sí que sería un fraude como una casa. O en un partido político. 

-El problema es que ahora mismo este personal no es eventual, sino que es laboral contratado por los propios grupos parlamentarios. 
-Ahí ya no entro porque desconozco la naturaleza de los contratos. Si el contrato está mal planteado, entonces podría generar dudas. 

"La Sindicatura de Comptes y nosotros hemos dicho que las subvenciones de los grupos necesitan más transparencia"

-¿Y cómo valora que estén estudiando dotar de una subvención extra a los grupos e incrementar el presupuesto para que puedan sufragar esos despidos?
-Lo que contempla nuestra norma electoral es que los grupos perciban una aportación del presupuesto del Parlamento para garantizar su funcionamiento. ¿Qué se hace luego con ese dinero? La Sindicatura de Comptes, que luego audita, ha puesto negro sobre blanco y ha dicho que esto necesita más transparencia. Nosotros también lo hemos dicho. Estas aportaciones que reciben los grupos no es para que se hagan lo que quieran. La ley dice que es para el funcionamiento y sostenimiento del grupo. No tuvieron en cuenta que tenían gente contratada a la que iban a tener que indemnizar y por tanto no hicieron la provisión que debían. Lo que debían haber hecho y no han hecho. Y por tanto es incorrecto. 

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