Vertedero de Urbaser, gestor de residuos en Alicante, en una imagen de archivo VALÈNCIA. Los socios del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, volvieron a demostrar este jueves que las alianzas tripartitas de gobierno nunca son fáciles de manejar. El escenario de las discrepancias, en esta ocasión, fueron Les Corts Valencianes, en concreto la comisión que debate las enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.
El motivo de las diferencias es un conocido de anteriores episodios de conflicto en el seno del Botànic: el impuesto de residuos. Unides Podem se ha abrazado cual reencuentro de un viejo amigo a esta tasa que, en su día, provocó un desencuentro notable entre los distintos grupos parlamentarios que conformaban, en aquel entonces, la primera alianza progresista.
Así, lo que propone Unides Podem viene a resucitar el impuesto que plantearon en 2017 y que se aprobó gracias a una enmienda de la formación morada. Sin embargo, a mediados del año siguiente y antes de que llegara a cobrarse, los tres socios, a instancias del PSPV, consensuaron una propuesta de bonificación y rebaja de algunos de los gravámenes planteados. Una medida que, además de dejar exenta a la industria azulejera, rebajaba los costes inicialmente previstos para muchas empresas.
Un descenso de la presión que ahora quiere recuperar Unides Podem por el retraso en la puesta en marcha del gravamen y por la inclusión dentro de los Presupuestos Generales del Estado de un impuesto de estas características en el ámbito estatal. Lo que, al no estar cedido a las Comunidades Autónomas, terminaría llevando los ingresos recaudados al Gobierno de España y no a la Generalitat. Sobre esto, el Gobierno ha anunciado públicamente que planea ingresar 861 millones de euros el año próximo por ese nuevo tributo que, según informó El Economista, se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, gravando el depósito en vertedero y la incineración con un máximo de 40 euros por tonelada, que se reducirá hasta un 50% si la basura se recoge separadamente.
Unos argumentos que no fueron suficientes para que, este jueves, la enmienda saliera adelante, dado que encontró el rechazo de todos los grupos -incluido el PSPV- y tan solo la abstención de Compromís.
Sobre esta cuestión, fuentes de la coalición valencianista en Les Corts, incidían también en la inclusión de un impuesto de residuos en los PGE, por lo que la implantación de la tasa desde el Consell obligaría al Estado a compensarla por la pérdida de ingresos con el valor que tuviera su canon autonómico. Es por ello que desde Compromís apelaban a un estudio de las posibilidades del Botànic en esta cuestión con la intención de una enmienda intermedia que permita a la Comunitat Valenciana no salir perjudicada si hay luz verde para el tributo estatal que las empresas terminarían pagando a Madrid.
Unas tesis que no se comparten desde el PSPV. La formación socialista, según fuentes del grupo, rechaza de plano transigir con el incremento impositivo que propone Unides Podem e incluso ponen en duda la tesis de cómo puede afectar un impuesto estatal.
Actualmente, en el caso de residuos no peligrosos excluidos los procedentes de la construcción y demolición cuando sean susceptibles de valoración, se encuentra establecido un gravamen de 7,5 euros por tonelada métrica. Unides Podem pide que sean 30 euros.
En el caso de residuos procedentes de construcción y demolición, está fijado un euro por metro cúbico, mientras que en la enmienda se reclama 3 euros por metro cúbico, si bien se puntualiza que quedarían exentos de este gravamen los residuos incluidos en el código LER 10 12 08, los "testillos" procedentes del sector cerámico.
En lo que se refiere a residuos peligrosos, cuando sean susceptibles de valoración, la ley fija 30 euros por tonelada métrica, mientras que Unides Podem apuesta por elevar la tasa a 35 euros. Si son residuos peligrosos, el pago fijado es de 15 euros por tonelada métrica, mientras que en la enmienda se pide aumentarlo a 42 euros.
