Antonio Estañ, Ximo Puig y Mónica Oltra. Foto: VPVALÈNCIA. El próximo 1 de julio entra en vigor el impuesto sobre la incineración y vertido de residuos industriales que los partidos que sustentan el Botànic –PSPV, Compromís y Podemos– aprobaron en la Ley de Acompañamiento de 2018. Un nuevo tipo de gravamen que, paradójicamente, será modificado a la baja sustancialmente antes de que las empresas afectadas deban hacer la primera autoliquidación.
Como ya avanzó Valencia Plaza, socialistas, valencianistas y morados ultimaban una proposición de ley para modificar la ley de Acompañamiento con el fin de rebajar los tramos de este impuesto durante su primer año de vida para que su introducción fuese menos agresiva. Una decisión motivada por el anuncio del president de la Generalitat, Ximo Puig, –tras visitar la patronal azulejera Ascer– de que habría bonificaciones para que no afectara a la competitividad de las empresas.
El nuevo texto consensuado por las tres formaciones a instancias de los socialistas cuenta con numerosos cambios respecto a la ley original: tres nuevos grupos de exenciones, otros tres nuevos supuestos de no sujeción al impuesto –equivalentes a las exenciones, a efectos prácticos–, lo que supone una reducción del 100%, y grandes rebajas en los tipos de gravámenes. La mayor de todas, alcanza hasta un 75%.
Los sectores más beneficiados serán los que se sintieron más perjudicados cuando se aprobó el nuevo impuesto: el azulejero y el cementero, donde es muy habitual la valorización energética, es decir, la incineración de residuos utilizados como combustible.
Toda una suma de modificaciones cuyo verdadero propósito se omite en la exposición de motivos, ya que se justifica como una corrección de "erratas advertidas" en la Ley de Acompañamiento –a no ser que las erratas sean los tipos impositivos establecidos en diciembre– y por la adaptación de la ley a una modificación de la directiva europea 2008/98/CE sobre residuos. Esa nueva normativa obliga a un cambio de denominación de los tipos de clasificación de residuos y recomienda imponer nuevos cánones a operaciones relacionadas con el vertido y la incineración.
La modificación de la ley, si sale adelante sin modificaciones, supone que no estarán sujetas al impuesto algunas actividades que en la Ley de Acompañamiento sí estaban gravadas. Se trata del "depósito en vertedero de los residuos de amianto", las "tecnologías de valorización material" y "las tecnologías debidamente regladas de reutilización, reciclado o autosuficiencia energética en las propias instalaciones de producción".
Además, estarán exentas del impuesto tres nuevas actividades, entre ellas "la valorización energética de recursos no peligrosos con tratamiento previo".
En la nueva tabla de gravámenes destaca la rebaja de los residuos no peligrosos –excluidos los procedentes de la construcción y demolición– cuando sean susceptibles de valorización. Es decir, que puedan ser reciclados o reutilizados. En este caso, las empresas pasarán de pagar 30 euros por tonelada a 7,5 euros.
La segunda rebaja más significativa es la que afecta a los residuos procedentes de la construcción y demolición, que antes de ser modificada la cuota era de 3 euros y finalmente quedará en 1 euro por metro cúbico "prorrateándose la parte correspondiente a cada fracción de metro cúbico para las operaciones de vertido". En este caso, la reducción del tipo impositivo es de un 66%. El Partido Popular, que ha participado en algunas reuniones en las que se han planteado las modificaciones de estos tributos, pedía la reducción hasta 0,75 euros, que era la cuantía demandada por el sector.
Por lo que respecta a la reducción del coste por incinerar y verter residuos peligrosos, las reducciones que se plantean son más bajas. No en vano, la cuota íntegra a abonar por los residuos peligrosos incinerados y vertidos que sean susceptibles de valorización apenas se reduce en un 29%. Las empresas deberán abonar 30 euros por tonelada métrica cuando en la ley original estaba previsto que fueran 42 euros.
En el caso de que los residuos peligrosos "no sean susceptibles de valorización", la reducción será de un 42%. Según fuentes del PSPV, pasarán de los 35 euros previstos a 15 euros.
El motivo por el que se reduce en menor medida las cuantías a pagar por aquellos residuos peligrosos que puedan ser reutilizables o reciclables es porque se pretende desincentivar la incineración y fomentar el reciclaje para ir reduciendo el porcentaje de rechazo y "avanzar hacia una economía circular" tal y como recomienda la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
Aunque el impuesto entrará en vigor el próximo domingo, las empresas del sector no pagarán de inmediato. Deberán autoliquidarlo e "ingresar el importe de la deuda tributaria en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre". Esto es, antes del 20 de octubre de 2018.
PSPV, Compromís y Podemos tratarán de introducir la proposición de ley en el pleno del 4 y 5 de julio por lectura única, es decir, sin posibilidad de que el texto legislativo pueda sufrir modificaciones. Sin embargo, deberán sumar a PP y Ciudadanos para poder hacerlo, ya que si no hay unanimidad no se podrá tramitar por esta vía rápida porque el Reglamento de Les Corts no lo permite.
No obstante, todo apunta a que el partido liderado por Isabel Bonig y el encabezado por Mari Carmen Sánchez en Les Corts se sumarán al acuerdo. De hecho, los populares plantearon hace unas semanas una moratoria de un año para que las empresas comenzaran a pagar este impuesto en 2019 y los naranjas no son partidarios de la creación de nuevos tributos ni de la subida de los mismos, por lo que ante la rebaja de los ya aprobados, los grupos creen que saldrá adelante sin complicaciones.
