VALÈNCIA. El culebrón de la tasa turística sigue escribiendo episodios en el Govern del Botànic. Tras años de pulso entre los socios del Ejecutivo (PSPV, Compromís y Unides Podem) por la posibilidad de implantar un impuesto a las pernoctaciones, finalmente se alcanzó un acuerdo en Les Corts por parte de estos tres grupos en diciembre del año pasado que, no sin ciertas intrigas, desembocó la semana pasada en la toma en consideración de la proposición de ley para la implantación de la citada tasa.

Ahora bien, tal y como ha venido informando este diario, los socialistas se han resistido durante mucho tiempo a dar luz verde a una medida que no gusta en el sector. De hecho, el principal opositor del impuesto ha sido el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, que incluso ha llegado a plantear su dimisión si la tasa ve la luz. En la otra orilla, los socios del PSPV en el Botànic, Compromís y Unides Podem, han sido los principales promotores de este gravamen cuya implantación, en cualquier caso, dependerá de los ayuntamientos y se aplicaría en 2024. 

Con estos antecedentes, la polémica estaba servida. En los últimos días, la chispa que ha prendido la mecha con el anuncio de un estudio sobre la tasa realizado por investigadores de la Universidad de Alicante encargado en abril y pagado (18.029 euros IVA incluido) por el área de Turismo que dirige Colomer. Las conclusiones del informe, avanzadas por el diario Información días atrás, avalan la línea defendida por el secretario autonómico y por la patronal hotelera Hosbec de que la implantación de la tasa tendría efectos nocivos en el sector.