Foto: VPVALÈNCIA. Los inversores extranjeros no podrán absorber o comprar empresas europeas si están subsidiados por sus Estados, para evitar la competencia desleal y, en especial, la pérdida de control de la Unión Europea (UE) sobre sus sectores estratégicos. La medida se acaba de aprobar en el último día de la Presidencia europea de Francia y obedece a una propuesta de la Comisión para legislar protegiendo el espacio europeo de la inversión de terceros países en empresas con alto nivel de I+D+i o de recursos naturales.
La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiestos cuán desvalidos estaban los sectores estratégicos en Europa y lo vulnerables que somos ante países como China, con alto nivel de protección para sus empresas y de inversión en los recursos de otros continentes. Además del sector sanitario y la guerra de la mascarillas, en la UE se ha llegado a comprar puertos como el de El Pireo (Grecia), con capital chino, durante la crisis financiera. También el puerto de Valencia es sede de una de las navieras más importantes del mundo, la china COSCO.
Por ello, tras una reunión que terminó a última hora, el Parlamento Europeo llegó a un acuerdo político con los Estados miembros de la UE sobre un nuevo instrumento jurídico de la UE para hacer frente a las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior. Esta herramienta facultaría a la Comisión para investigar casos, exigir soluciones como reembolsos de subvenciones o incluso imponer multas.
Junto con el Instrumento de Contratación Pública Internacional, el análisis de las inversiones extranjeras, el instrumento anticoerción y la prohibición de los bienes de doble uso, la nueva normativa equipará a la UE con una caja de herramientas para defender a las empresas y los puestos de trabajo europeos de la competencia desleal.
El Grupo socialista en el Parlamento, S&D, logró mantener los umbrales lo suficientemente bajos como para ser significativos y cubrir el mayor número posible de contribuciones financieras en los procedimientos de contratación pública. Esto significa que estarán sujetos a los Actos Delegados de la Comisión con la posibilidad de aumentarlos o bajarlos y dará al Parlamento el poder de adoptar o rechazar la propuesta de la Comisión.
El negociador del S&D también defendió una cláusula de revisión significativa para permitir a los legisladores permitir el ajuste oportuno del instrumento. La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, negociadora y recién elegida coordinadora del S&D para el comercio, se mostró satisfecha por la creación de una “herramienta eficaz para investigar, corregir y bloquear la competencia desleal de las empresas extranjeras”.
La eurodiputada valenciana añadió que, “hoy en día, las empresas europeas deben cumplir con normas estrictas sobre ayudas estatales, mientras que los competidores de fuera de la UE pueden beneficiarse de subvenciones extranjeras que les dan una ventaja injusta”. Según explicó Rodríguez-Piñero, esas empresas extranjeras están “reforzadas con dinero estatal y pueden ofrecer precios más bajos para ganar contratos públicos o pagar precios más altos por hacerse cargo de otras empresas. Eso es simplemente injusto. Con este nuevo instrumento, queremos cerrar esta laguna legal y nivelar el campo de juego”.
El Grupo S&D ha destacado la posibilidad de establecer umbrales bajos y justos para las ofertas de contratación pública. “Cuando se gasta dinero público, es crucial asegurarse de que no vaya a las empresas que no están jugando limpio, a expensas de las empresas y los puestos de trabajo europeos”, añadió la eurodiputada.
Gracias a este acuerdo, “la Comisión pronto tendrá una herramienta eficaz en sus manos para hacer frente al juego injusto”, manifiestan desde S&D. Además, con la nueva norma, la Comisión estará facultada para investigar casos, exigir el reembolso de las subvenciones e incluso imponer multas, con el objetivo de contener las subvenciones extranjeras injustas.
