Universitat Politècnica de València. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Sindicatura de Comptes ha elaborado un informe de fiscalización del ejercicio 2019 de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana en el que se ha observado que ninguna ofrece en sus cuentas anuales información sobre el coste de las actividades. Aunque todavía no resulta obligatoria esta cumplimentación, desde la Sindicatura se señala que las universidades deberían implantar, a la mayor brevedad posible, sistemas de contabilidad analítica, ofreciendo así en sus cuentas anuales una mayor información y transparencia.
En el informe, además, se ha comprobado que la Universitat Jaume I (UJI) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) no han registrado en el activo del balance la totalidad de sus respectivos derechos de cobro frente a la Generalitat, en contra del criterio uniforme mantenido en sus informes por la Sindicatura de Comptes.
Asimismo, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, no ha remitido a la Sindicatura de Comptes las cuentas anuales de las entidades dependientes de la UV, UA y UMH, el informe de auditoría de regularidad contable de la UMH, ni los informes de auditoría de cumplimiento y de auditoría operativa de la Intervención General de la Generalitat (IGG) de todas las universidades.
En las respectivas páginas web de las universidades no se han publicado las cuentas anuales de las entidades dependientes de la UV y la UMH, los informes de auditoría de regularidad contable de la UA y la UMH, así como los informes de auditoría de cumplimiento y de auditoría operativa de la IGG de la UV, UPV, UA, UJI y UMH.
Las cuentas anuales de todas las universidades se ajustan, en términos generales, al Plan General de Contabilidad Pública, aunque en algunos apartados de la memoria no se han incluido los modelos propuestos en este plan. Esto ha ocasionado que la memoria no contenga toda la información requerida, aunque ello no impide una correcta interpretación de los estados contables.
La UPV y la UJI han formulado sus cuentas anuales de 2019 sin incluir, en el apartado de hechos posteriores de la memoria, información sobre las consecuencias en las universidades de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que se considera significativa, al menos en cuanto a las incertidumbres que dicha circunstancia implica.
En la fiscalización de la UV se ha comprobado que no se han implementado, o se han realizado de forma parcial, las siguientes recomendaciones recogidas en el informe de fiscalización del ejercicio 2018.
En primer lugar, la implantación de una herramienta informática integrada en la contabilidad que permita una adecuada llevanza de los gastos con financiación afectada y del correspondiente cálculo de las desviaciones de financiación, del resultado presupuestario y del remanente de tesorería.
Y, en segundo lugar, el establecimiento de un sistema ágil y seguro de archivo económico-administrativo que recoja de forma ordenada y sistemática toda la documentación que genere cada expediente, a fin de facilitar su control y seguimiento, tal como contempla el artículo 22 del reglamento regulador de los contratos de investigación.
Después, desde la Sindicatura se ha comprobado que la UPV ha implementado todas las recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio 2018, en la medida en que se ha remitido el presupuesto de sus entidades dependientes a la Conselleria con competencia en materia de universidades, dispone de un inventario actualizado de todas aquellas entidades en las que participa a efectos de realizar un control efectivo y ha establecido mecanismos que permiten verificar que los documentos que se formalizan a través de medios electrónicos han sido realmente firmados, con la finalidad de garantizar su seguridad jurídica.
Las únicas recomendaciones que tenían la UA, UJI y UMH en el informe de fiscalización del ejercicio 2018 hacían referencia explícita al Plan General de Contabilidad de la Comunitat Valenciana y, en la medida que no se encuentra vigente, no procede realizar el seguimiento de estas.
