Foto: JESÚS HELLÍN/EPVALÈNCIA (EFE). El uso sin restricciones en el Congreso y el Senado de las lenguas cooficiales de España, entre ellas el valenciano, es una vieja aspiración de los nacionalistas que este martes ha vuelto a poner sobre la mesa la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en medio de las negociaciones con Junts y ERC para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
La Constitución de 1978 reconoce, en el artículo 3.1 del Título Preliminar, el castellano como “la lengua española oficial del Estado” y por tanto, es la única que se adopta como lengua de trabajo en el Congreso y en el Senado, pese a que los reglamentos de ambas cámaras no recogen este punto en su articulado.
La polémica sobre el uso de las lenguas cooficiales (catalán, valenciano, gallego y euskera) o minoritarias en las Cortes generales o autonómicas es un debate recurrente entre partidos.
Actualmente, el uso de las lenguas cooficiales no está permitido en el Congreso salvo en momentos muy puntuales o durante intervenciones muy breves.
Hasta el nombramiento de Manuel Marín como presidente del Congreso en la primavera de 2004, el castellano era la única lengua utilizada en las sesiones de la cámara baja.
El 17 de mayo de ese año, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) consiguió sacar adelante, con el apoyo del PSOE, una resolución para que el Gobierno promoviera el uso de las lenguas cooficiales en los órganos constitucionales del Estado.
ERC consideró la aprobación de la resolución como un primer paso para el uso de estas lenguas en el la Cámara Baja.
Y en este contexto, el 26 de abril de 2005 Manuel Marín culminó su ronda de consultas con los grupos parlamentarios, con la que pretendía recabar la unanimidad de todos ellos para volver a poner en práctica el criterio de flexibilidad para la utilización de los idiomas que se hablan en algunos territorios, que él mismo había aprobado el 8 de febrero de ese año.
Ese criterio de flexibilidad se suspendió apenas un mes más tarde, después de que el diputado de ERC Joan Tardá no respetara las condiciones de uso de tal criterio, por lo que Marín le instó a abandonar la tribuna.
El criterio de uso propuesto por el presidente del Congreso consistía en la posibilidad de realizar una intervención breve en la lengua materna del diputado, seguida a continuación de la correspondiente traducción al castellano, traducción que el diputado de ERC no hizo.
Ya en 2006 durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los grupos parlamentarios del Congreso intentaron una reforma en profundidad del Reglamento de la Cámara Baja y chocaron precisamente en la cuestión de las lenguas, que fue lo que frustró aquella reforma.
El 21 de junio de 2022 el PSOE rechazó junto con el PP, Vox y Ciudadanos modificar el Reglamento para que se pudieran utilizar las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria, sobre todo en el pleno.
La norma que actualmente impera en el Senado, aprobada en 2011, permite a los senadores dirigirse al hemiciclo en sus propias lenguas cooficiales pero únicamente cuando se trata del debate de mociones.
No está permitido hacerlo en el debate de las iniciativas legislativas, ni en pleno ni en comisión y tampoco en las sesiones de control al Gobierno.
Antes, en 2005, se había aprobado la ampliación del uso de las lenguas cooficiales a todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y a la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo.
En septiembre de 2021, el pleno del Senado acordó abordar una reforma del Reglamento de la Cámara Alta para extender el uso de esas lenguas a todas las actividades del Senado, una iniciativa que quieren negociar los socialistas aunque sin llegar a universalizar el empleo estos idiomas.
Un año después, el 27 de julio de 2022 se reunió por tercera vez la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, donde se acordó el impulso y la protección de la lengua catalana con el compromiso, entre otras cosas, de favorecer la ampliación del derecho de los representantes políticos a realizar su labor en todas las lenguas del Estado, para lo que se planteó revisar el Reglamento del Senado.
Estos cambios que se proponen supondrían un coste extra anual para el Senado de unos 950.000 euros, ya que obligaría a ampliar los servicios de intérpretes y de traducción de los que ya dispone la Cámara desde que en 2011 se permitió por vez primera intervenir en estos idiomas.
En todo caso, la reforma del Reglamento en la Cámara Alta está pendiente de que concluya el plazo de enmiendas, que se ha ido ampliando en el tiempo, lo que a efectos reales supone la congelación de esta iniciativa.
