La reciente publicación del estudio «Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España» ha desatado una intensa polémica. En él se estima que la subida de dicho salario (SMI) establecida en 2019 tuvo un impacto negativo sobre el empleo y, en particular, produjo una pérdida de entre 98.000 y 180.000 puestos de trabajo. El estudio, elaborado por seis economistas del Banco de España y alojado en la serie Documentos Ocasionales de este Banco, ha sentado como un jarro de agua fría en la izquierda española y muy especialmente en el partido político Unidas Podemos, principal impulsor de la medida a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El diputado Rafael Mayoral ha llegado a decir, desde la tribuna del Congreso, que el Presidente del Banco de España es un «impresentable» al que «habría que correr a gorrazos» por «atacar los intereses de la clase más vulnerable de nuestro país con manifestaciones salvajes como las que se han hecho en ese informe». Y ello a pesar de que el estudio en cuestión ha sido confeccionado con arreglo a los estándares científicos comúnmente aceptados en economía, y de que en él se advierte que las opiniones y análisis que allí aparecen son responsabilidad de los autores y, por tanto, no necesariamente coinciden con los del Banco de España.
Esta reacción de hostilidad contrasta muy llamativamente con el alborozo con el que en el referido Ministerio se ha recibido el «Informe de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI», donde, según señala un sector de la prensa, «los expertos piden subir ya el salario mínimo». Es probable que muchos lectores piensen, a la vista de semejante noticia, que si una docena de reputados economistas recomienda incrementar ya el SMI es porque éstos han analizado previamente con el debido rigor las posibles consecuencias de un incremento tal y han estimado que el mismo tendrá seguramente un impacto social positivo. ¡Subir el SMI es justo y necesario, en contra de lo que opinan los impresentables del Banco de España! Sin embargo, conviene tener en cuenta las circunstancias en las que se ha elaborado el Informe. Éste es obra de una comisión creada ad hoc por el Ministerio, cuyos miembros designó el Ministerio y cuyas posibilidades de evaluar una eventual subida del SMI fueron cercenadas drásticamente por el Ministerio. Como se advierte en el Informe, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el fin de cumplir el acuerdo de coalición de gobierno de subir el salario mínimo hasta alcanzar el 60 por ciento del salario medio en la legislatura, encargó a esta Comisión dos objetivos: «estimar cuál es el 60 por ciento del salario medio» y «señalar cuál es la senda más conveniente para, en su caso, alcanzarlo a lo largo de la legislatura». Y nada más.
En consecuencia, y en contra de lo que sugieren varios titulares periodísticos, la Comisión no ha evaluado los posibles efectos de aumentar el SMI ni se ha pronunciado sobre la conveniencia de tal medida. Y no lo ha hecho porque el Ministerio no ha querido que los evaluara y se pronunciara al respecto.
Esta posición gubernamental es difícilmente justificable. Resulta significativo que entre las recomendaciones efectuadas por el Informe se deslice que «la Comisión considera igualmente necesario que se la dote de recursos para que sus miembros puedan realizar una evaluación de impacto sobre el efecto de las subidas recientes del SMI sobre el empleo, el paro y las rentas salariales y su distribución». Si se recaba asesoramiento científico para tomar una decisión accesoria de relevancia secundaria –la de fijar el calendario con arreglo al cual hay que subir el SMI –, con mayor razón habría que recabarlo con el fin de asegurar el acierto de la decisión crucial y lógicamente previa de subirlo o no. ¿A qué obedece este sinsentido? ¿Considera el Ministerio que las evaluaciones científicas previas deben reservarse para las cuestiones menores y que las decisiones de política económica más importantes deben adoptarse sin que se hayan analizado de manera rigurosa sus posibles consecuencias? ¿Teme el Ministerio que incluso los expertos por él designados estimen que subir ahora el SMI tendría un impacto negativo?
Las comunidades científica y política están destinadas a bailar juntas y bien pegadas, en la medida en que ambas se necesitan, desean y complementan mutuamente. Los poderes públicos pueden aportar a esta relación al menos dos cosas anheladas por la mayoría de los científicos: dinero e influencia. El dinero que a estos les hace falta para desarrollar sus actividades investigadoras o mejorar sus salarios. Y la influencia que muchas veces se requiere para ver cómo se ponen en práctica y se plasman en la vida pública sus ideas.
Los científicos, por su parte, suelen ser capaces de atender las necesidades de conocimiento y legitimación de los políticos. Pueden proporcionar a éstos la información, las opiniones, las evidencias, los datos y los análisis rigurosos y especializados requeridos para reducir el riesgo de adoptar decisiones equivocadas, de consecuencias perjudiciales para la sociedad. Y al prestarles asesoramiento, los expertos también pueden legitimar las decisiones de los políticos, hacer que éstas resulten más aceptables por la ciudadanía, sobre todo cuando estos últimos siguen las opiniones de aquéllos.
Esta relación simbiótica constituye una fuente potencial de enormes beneficios para el conjunto de la sociedad, pero también de peligros que no hay que subestimar. Se corre, por ejemplo, el riesgo de que las autoridades utilicen el asesoramiento científico no para obtener la mejor información posible que les permita asegurar el acierto de las decisiones que van a tomar, sino para confundir a la ciudadanía y avalar ante la opinión pública decisiones que en realidad han sido adoptadas de antemano sin una previa evaluación rigurosa de sus consecuencias. Los políticos pueden lograr este objetivo de diversas maneras: preguntando en cada ocasión sólo a aquellos expertos que previsiblemente van a emitir una opinión coincidente con la suya propia; haciendo sólo aquellas preguntas que presumiblemente van a tener una respuesta favorable; amenazando con «correr a gorrazos» a quienes emitan opiniones discrepantes, premiando a los que manifiesten opiniones concordantes, etc.
Que las cosas salgan en este punto bien, mal o regular depende en gran medida de las precauciones que el propio sistema jurídico establezca para garantizar que el asesoramiento científico sirve realmente para mejorar los resultados de las políticas públicas. A estos efectos, dicho asesoramiento debería reunir ciertas características, cuando menos las siguientes:
Pluralidad. Por razones obvias, los políticos deberían recabar opiniones procedentes de puntos de vista distintos, no sólo las de expertos afines.
Transparencia. El público debería poder conocer no sólo los resultados de las evaluaciones, sino también qué expertos las han efectuado; cómo han sido designados para esta misión; cuáles son sus dependencias respecto de los intereses en juego; qué métodos y datos han utilizado, etc. La transparencia constituye un instrumento fundamental de generación de información y prevención de irregularidades.
Autonomía e independencia. Los expertos deberían tener una amplia libertad para evaluar con arreglo a criterios científicos las políticas públicas sometidas a su consideración e incluso para hacerse las preguntas que ellos consideren relevantes a este respecto, sin temor a sufrir represalias de cualquier tipo, procedentes de sujetos públicos o privados, por las opiniones que al respecto puedan emitir.
Estabilidad. Los grupos de expertos encargados de efectuar evaluaciones en relación con problemas persistentes y especialmente importantes deberían gozar de una mínima estabilidad, a fin de asegurar no sólo su autonomía e independencia, sino también de aprovechar la experiencia y la reputación adquiridas en el desempeño de sus funciones. La Low Pay Comission británica constituye un buen ejemplo en este sentido.
Planificación. En la medida de lo razonable, convendría predeterminar cómo se van a desarrollar las evaluaciones, a fin de asegurar su transparencia y reducir el riesgo de que éstas puedan verse manipuladas o sesgadas. Conviene planificar las cuestiones que requieren asesoramiento, los criterios y el procedimiento de selección de los expertos, el alcance y el objetivo de su intervención, los puntos sobre los que deben pronunciarse, la eventual participación de los afectados, etc.
Las notables deficiencias observadas, por poner sólo dos ejemplos recientes, con ocasión de la determinación del SMI y la gestión de la pandemia de la covid-19 han puesto de manifiesto que aquí tenemos un amplísimo margen de mejora.