València activa la ZAL del Puerto tres décadas después de su impulso

VALÈNCIA. La última sentencia del Tribunal Supremo que valida el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia ha dado vía libre a la implantación en los terrenos de los diferentes proyectos logísticos e industriales. Este martes, el Ayuntamiento de València dio la primera licencia para este sector, que supondrá el aterrizaje de la gigante naviera MSC con unas naves logísticas de más de 25.600 metros cuadrados. Se trata, así pues, del primer proyecto que recibe los permisos municipales de obra tres décadas desde que se proyectara esta Zona de Actividades Logísticas, que tan discutida ha sido por asociaciones vecinales, ecologistas y partidos de izquierdas.

Concretamente, la concejalía de Urbanismo ha otorgado la licencia de obra y actividad para que la compañía construya un centro logístico para el almacenamiento de productos de alimentación de origen vegetal y animal, refrigerados y congelados, con un almacén robotizado, oficinas, laboratorios de inspección y vestuarios, así como muelles de carga y recepción de mercancías en un proyecto que supondrá una inversión de 30 millones de euros, como hicieron público tanto la alcaldesa, María José Catalá, como el edil de Urbanismo, Juan Giner.

"La apuesta del gobierno de la alcaldesa de la ciudad de València por dinamizar, por atraer inversiones, por generar certidumbre y seguridad jurídica es firme", aseguró en ese sentido Giner, que se congratuló por la reactivación del sector logístico y consideró este primer permiso a MSC como ejemplo de que "era necesario un cambio" en el gobierno municipal. Postura que fue criticada duramente por el grupo municipal de Compromís, cuya portavoz, Papi Robles, aseguró que la reactivación de la ZAL representa "el modelo del PP: camiones, contenedores, puerto y asfalto".

Así, Robles consideró que con el permiso "hoy se da un paso más por parte de Catalá y su gobierno -formado por PP y Vox- en la condena de la ciudad, y especialmente del vecindario de La Punta y del barrio de Nazaret, instalando un cementerio de contenedores en la puerta de su casa". "Se inicia un proyecto sobre una zona que se urbanizó ilegalmente, como sentenció el TSJ, y que disparará el tráfico de camiones y aumentará la contaminación", dijo Robles, para añadir que en la capital valenciana "ya hay días en los que no se puede salir a hacer deporte por la alta contaminación ambiental".

Tres décadas después

Así pues, se da el pistoletazo de salida para la construcción en las parcelas de la ZAL, como pedían recientemente los empresarios logísticos al Ayuntamiento. Fue hace más de 30 años, en 1993, cuando los gobiernos socialistas -Felipe González en el Gobierno central y Joan Lerma en el autonómico- y el ejecutivo local del PP dirigido por Rita Barberá, junto al Puerto de Valencia, acordaran el desarrollo de una Zona de Actividades Logísticas. Desde entonces, tras los cambios urbanísticos y las obras de urbanización ya durante gobiernos populares valencianos, las asociaciones vecinales llevaron el proyecto a los juzgados para intentar paralizarlo por su afectación a los barrios de La Punta y Natzaret, en el sur de la ciudad.

Para el desarrollo de la ZAL, las diferentes administraciones crearon la Sociedad Valenciana Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística) y suscribieron diferentes convenios, que se sustanciaron más tarde en la aprobación de un Plan Especial que modificaba el planeamiento urbanístico de esta zona. Pero un primer recurso vecinal acabó en 2009 con la anulación del Plan por parte del Tribunal Supremo por la falta de un informe de la Demarcación de Costas.

Tras el fallo, y en un nuevo intento, la Generalitat volvió a aprobar el Plan, esta vez incorporando el mencionado informe, pero otro recurso motivó una nueva anulación en 2013 por parte del TSJ valenciano, que exigía a la administración tramitar desde el principio el plan anulado de acuerdo con las nuevas exigencias normativas, tanto urbanísticas como medioambientales. El Tribunal Supremo ratificó la decisión judicial dos años después por estas infracciones formales.

Así pues, con las obras de urbanización ya acometidas, las administraciones, ya dirigidas por la coalición de izquierdas de PSPV, Compromís y Unides Podem, tramitaron el Plan Especial ex novo, no sin las críticas de los dos últimos, que incluso llegaron a plantear la reversión de la ZAL o la reubicación del sector en otro emplazamiento. Al final, el nuevo planeamiento acabó aprobándose en 2018, y volvió a tener a las asociaciones en frente, que plantearon un nuevo recurso, atendido por el TSJ dos años después. Una tercera suspensión por infracciones en el procedimiento ambiental empleado que fue recurrida tanto por la Generalitat como por VPI ante el Supremo, y que el alto tribunal acabó aceptando el pasado mes de marzo, declarando el Plan conforme a derecho. Una resolución judicial que ha permitido desbloquear las licencias de obras para la construcción de los futuros centros logísticos en la ZAL tras un largo período de litigios.