VALÈNCIA. Parece resistirse la nueva ordenanza que ha de regular la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de València. El gobierno municipal, conformado por PP y Vox, está llevando al límite los plazos marcados por el Gobierno central para la aprobación de la normativa. La alcaldesa de la ciudad, la popular María José Catalá, adelantó la pasada semana que el equipo de gobierno llevaría el texto para su aprobación a la comisión municipal de este martes, pero no ha sido así. Lo cual ha levantado las sospechas sobre el posible incumplimiento con las disposiciones del Ministerio de Transportes.
"Actualmente se está ultimando y nuestra previsión es que la semana que viene pase por comisión y se lleve al Pleno del Ayuntamiento de este mes para su aprobación", aseguró la primera edil el pasado viernes. Un anuncio 'in extremis', dado que el decreto aprobado por el Gobierno de España obliga a regular esta herramienta antes del 29 de junio. Por lo que parece complicado que, si no ha pasado por comisión, pueda quedar aprobada la nueva ordenanza en el pleno de la próxima semana.
El edil de Movilidad, Jesús Carbonell, explicó en la comisión que la aprobación de la ordenanza conlleva una tramitación, según relataron fuentes presenciales. Y preguntadas fuentes del gobierno local, no aclararon el motivo del retraso y tampoco si saldrá adelante finalmente este mes. Con todo, podría tener que ver con la necesidad de que el texto pasase antes por la Junta de Gobierno Local. En cualquier caso, al ser la comisión municipal, como el pleno, de carácter mensual, la horquilla temporal complicaría la rápida aprobación del documento.
Lo que había hecho hasta ahora el gobierno local era transformar de manera transitoria, el pasado mes de diciembre, el Área de Prioridad Residencial existente en el centro histórico -el distrito de Ciutat Vella- en una suerte de pequeña ZBE. Aunque no son lo mismo -lo primero restringe el tráfico a vecinos, clientes, emergencias y algunos grupos de población mientras que lo segundo busca limitar el acceso por los niveles de emisiones-, sirvió para que el consistorio ganara tiempo y pudiera aprobar una ordenanza para toda la ciudad antes de que acabe junio. Por el momento, no se ha cumplido la previsión de Catalá de aprobar el texto en comisión y se desconoce cuál es la intención del gobierno local para los próximos días.
Según Catalá, la ciudad tiene “el compromiso” de cumplir con este asunto y “pretende cumplir con la ley”, y resaltó que otras ciudades no habían cumplido en ese sentido. La ZBE permitirá restringir el acceso a los vehículos más contaminantes en determinadas zonas del cap i casal en función de los niveles de contaminación atmosférica, pero más allá de eso, el gobierno local ha dado pocas pinceladas sobre cómo se aplicará. Lo único que dio a conocer la alcaldesa es que se hará "de manera progresiva" para permitir que los ciudadanos puedan "planificarse". Por ello, durante el primer año de aplicación no se multará, sino que servirá de período transitorio para informar sobre su funcionamiento.
Para poner en marcha la ZBE, el Ayuntamiento de València adjudicó el pasado mandato un contrato para la instalación de 257 cámaras que controlarán las diferentes zonas en las que quedará dividida la ciudad, y que permitirán modular las restricciones en función de los niveles de contaminación. Y en la línea de lo que pide el portavoz de Vox, Juanma Badenas, el edil de Movilidad previó que habrá "un margen de maniobra amplio para no aplicar medidas restrictivas excesivamente relevantes" dado que, subrayó, los niveles de contaminación de la ciudad "están por debajo de los límites marcados por la normativa europea".