Hace ahora dos años, una conocida y exitosa startup del ecosistema emprendedor valenciano anunciaba su cese de actividad. Su CEO aseguraba entonces que “hasta cuatro o cinco despachos de abogados nos han dicho que estaba todo bien hecho y adecuado a la ley”, pero la Inspección de Trabajo de València había realizado una inspección unos meses antes. Nunca se confirmó oficial y públicamente, pero todo apuntaba en su día a que la Inspección de Trabajo vio relación de laboralidad entre la startup y sus “colaboradores autónomos”, y ello llevó a los emprendedores y sus conocidos inversores a decidir extinguir la empresa.
Dos años después, salta la noticia y pone de nuevo en el centro del ecosistema emprendedor a un agente con el que no estamos acostumbrados a convivir: la Inspección de Trabajo de València. La semana pasada diversos medios se hicieron eco de un informe de la misma en la que concluyen que los empleados de Deliveroo no son autónomos, tal como al parecer impone la empresa en la relación contractual, sino trabajadores por cuenta ajena, asalariados. Una vez más la laboralidad aparece en escena.
Reconozco que, si bien la tentación es la de ponerme a disertar aprovechando esta oportunidad acerca de cómo los supuestos de laboralidad aparecen sistemáticamente cuestionados en aquellas startups que dicen basar su modelo de negocio en la economía colaborativa, me preocupa al menos tanto como este asunto otro más relacionado con este nuestro modelo de estado hoy en día tan de moda. Una vez más ha sido ¿pionera? la Inspección de Trabajo de València.
Sin cuestionar el concienzudo trabajo que desde la inspección se está realizando para asegurar y proteger los derechos de los trabajadores, la inseguridad jurídica en temas laborales que los emprendedores en València se están encontrando dista mucho de la realidad en la que se desenvuelven otros ecosistemas no tan lejanos. Parecería que, de cara a comenzar la actividad, no conviene hacerlo en València cuando el modelo de negocio discurra por esa insegura a la par de apetecible línea de la alegalidad. Tanto aquella de hace dos años, como ésta, están implantadas y operan a nivel nacional, pero la inspección la ha realizado València. De hecho, ésta última no tiene siquiera su sede social en València, pero una vez más, la inspección valenciana para ser la única que ha hecho los deberes cuando concierne a startups de economía colaborativa.
Decía Cormac McCarthy que la frontera entre EEUU y Mexico no es país para viejos, y visto lo visto, parece que València, al menos en este aspecto, no es tierra para emprendedores.