Hoy es 15 de agosto
VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València empieza a poner orden en el sector de motocicletas y ciclomotores compartidos -el conocido como motosharing-, en el que varias empresas llevan operando por las calles de València desde hace varios años pero para las que todavía no se había puesto en marcha un marco de autorizaciones que regulara su funcionamiento.
La concejalía de Espacio Público, que dirige Lucía Beamud, ha abierto el proceso de solicitud de estos permisos, de manera que se podrá empezar a limitar el número de vehículos de este tipo repartidos en las calles del Cap i Casal y, a la postre, se les podrá empezar a cobrar la tasa por ocupación de espacio público.
Lo ha anunciado la propia concejalía en un edicto publicado durante este lunes, en el que explica que se va a proceder a "regularizar la ocupación del dominio público municipal de los sistemas de alquiler de vehículos motorizados sin persona conductora y sin base fija, concretamente de ciclomotores y/o motocicletas compartidas". Por ello, da diez días a las empresas interesadas para que presenten sus solicitudes.
Según explicaron a este diario fuentes del departamento de Beamud, las regularizaciones se harán "de acuerdo con lo establecido en el informe de Movilidad Sostenible", departamento que depende del edil Giuseppe Grezzi. Dicho informe estudiaba la demanda potencial de los servicios de sharing en la ciudad y la capacidad de absorción de las calles de València de estos vehículos compartidos. En él se fijaba como número máximo de motocicletas y ciclomotores los 2.000 vehículos, con una limitación de 500 vehículos propiedad de una misma persona o empresa.
Si se regulariza el sharing de motos en función de lo que fija el informe, tal como explican en Espacio Público, se limitará por tanto el número de vehículos de alquiler compartidos que circulan y estacionan en las calles de València. Son seis compañías las que han estado haciendo negocio en los últimos años: Acciona, Muving, eCooltra, Molo, Yego y Blinkee.city. Datos no oficiales cuentan hasta 3.000 vehículos operando en València, si bien el informe contabilizó apenas 2.000.
Asimismo, en el documento elaborado por Movilidad Sostenible, se especificaba que el plazo de estos servicios sería de un año prorrogable anualmente hasta alcanzar los cuatro y que las condiciones serían revisables cada vez que se aprobase una prórroga. Entre las condiciones que se fija para este servicio se encuentra que las motos sean eléctricas y que estén disponibles siempre, todo el día durante los siete días de la semana, y también en las pedanías del Cap i Casal.
Otra de las consecuencias directas de que se haya abierto el procedimiento para las solicitudes es que ya se inicia el camino para que el Ayuntamiento de València pueda finalmente cobrar las tasas correspondientes a los vehículos que se utilizan para hacer negocio en el dominio público municipal.
La ordenanza fiscal aprobada en 2019 fija que las empresas de alquiler de vehículos compartidos que operen en las calles de la ciudad deben pagar una tasa anual de 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica. Sin embargo, el consistorio no había podido recaudar este dinero porque faltaba el marco regulador de Movilidad y Espacio Público y las empresas han estado operando libremente sin abonar ninguna compensación a las arcas municipales.
El caso del sharing de coches ha discurrido por otros senderos, puesto que se ha canalizado a través de un único proyecto piloto de la empresa valenciana Cargreen. Este servicio empezó a funcionar el pasado 9 de mayo con un centenar de vehículos diseminados por València. En su caso, sí se ha pagado una tasa desde el principio al Ayuntamiento en virtud del acuerdo que establecieron ambas partes. La tasa, en este caso, asciende a 715 euros por vehículo. En total, 71.500 euros al año.