VALÈNCIA. En mayo de 2019, la Generalitat Valenciana delegó en el Ayuntamiento de València las competencias para multar por infracciones graves y muy graves de la normativa de espectáculos. Desde entonces, el consistorio y concretamente la concejalía de Procedimiento Sancionador, de la que se encarga el edil Carlos Galiana, acumula más de 2.700 infracciones detectadas y sancionadas.
En concreto, la administración municipal puede intervenir cuando se hallen espectáculos o actividades recreativas sin licencia o con una licencia diferente, por exceso de aforos o incumplimiento de horarios, por explosiones de petardos, tracas o artefactos similares, por el mal estado de las instalaciones o el incumplimiento de las condiciones sanitarias y de seguridad o por ejercer el derecho de admisión de forma arbitraria o discriminatoria, y también por la admisión de menores en espectáculos prohibidos para ellos, entre otras cuestiones.
Asimismo, son motivo de sanción la publicidad engañosa, la presencia de armas en el recinto y las alteraciones del orden, la reventa no autorizada de entradas, la falta de contratos para la organización del evento o lar permisividad de "acciones penalmente ilícitas o ilegales" como tráfico de drogas, así como la falta de colaboración con la autoridad y el incumplimiento de las órdenes de la administración. Por causas como estas, entre otras, el Ayuntamiento ha resuelto más de 1.500 expedientes a locales y espectáculos celebrados en el Cap i Casal desde que tiene la potestad y hasta el pasado 21 de diciembre, según datos de la mencionada concejalía.
El departamento de Galiana, en este sentido, cifra en 2,03 los millones de euros recaudados por el consistorio con motivo de dichas multas. Hay que tener en cuenta, al hilo de dicha cuantía, que se tratan de sanciones ya confirmadas, entre las que se pueden haber aplicado las bonificaciones del 20 y el 40% contempladas en la norma, y que hay otras que están todavía tramitándose que están pendientes de resolverse.
El Ayuntamiento pudo empezar a sancionar el 13 de mayo de 2019, previa firma del convenio con la Conselleria de Justicia para la cesión de las competencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que entre marzo y mayo de 2020, los locales estuvieron temporalmente cerrados y las actividades recreativas, paralizadas con motivo del confinamiento impuesto para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Además, a partir de entonces, las resoluciones de la Conselleria de Sanidad en materia de covid-19 restaron competencias sancionadoras al Ayuntamiento en materias como el aforo o los horarios. Así pues, el consistorio ha recuperado esta capacidad sancionadora plena "muy recientemente", según fuentes de la concejalía. Concretamente, en materia de horarios, el 8 de octubre, y en cuanto a los aforos, "un poco más adelante".
Las sanciones oscilan entre los 600 y los 30.000 euros en el caso de una infracción grave, y cuando se acumulen estas pueden sumar hasta 300.000 euros, además de la posible suspensión de la actividad o la inhabilitación durante medio año. Si son infracciones muy graves, la multa va de los 30.000 a los 60.000, acumulativamente hasta los 600.000 euros, y el cese o la inhabilitación pueden alcanzar los tres años.
En su día, Galiana aseguró que el consistorio trabaja las sanciones graves y muy graves "en virtud de las peticiones vecinales y del propio consistorio" y por eso la concejalía va "al día" en su tramitación. "En general, estos expedientes ponen orden en casos de graves incumplimientos de las ordenanzas municipales y garantizan que se respeten y se cumplan los derechos de la ciudadanía frente a grandes eventos o empresas; por ello es tan importante que los expedientes se gestionen al día", señaló el edil a este respecto.