València devuelve cuatro millones por el impuesto de plusvalías anulado por el Constitucional

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha devuelto a los contribuyentes casi 4 millones de euros por el impuesto de plusvalías que el Tribunal Constitucional anuló en 2017 para aquellas operaciones de compraventa que resultaran en pérdidas para los propietarios del inmueble. Después de aquel fallo, desde 2018 el consistorio ha registrado múltiples reclamaciones para la devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocido como la plusvalía- y, concretamente, ha tenido que reintegrar unos 3,9 millones de euros según datos de la concejalía de Hacienda.

En la sentencia del alto tribunal, consideraba que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulneraba el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vinculaba necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, "sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo". Por ello, hasta entonces, se pagaba por el hecho de ser titular de un terreno durante determinado tiempo incluso en aquellos casos donde no se había producido ningún incremento real de su valor o donde se había registrado un descenso de su valor.

Con la anulación de estas disposiciones en la normativa, el Ayuntamiento de València ya previó en su momento que tendría que reintegrar una cuantía cercana a los cuatro millones de euros. Sin embargo, esto no se hace automáticamente sino que han de ser los propietarios los que presenten la reclamación ante el consistorio para que se declare su operación como no sujeta al cobro del impuesto de plusvalías.

Una de las reivindicaciones de los ayuntamientos, y en concreto del Ayuntamiento de València, es que el Gobierno central se haga cargo del agujero que la anulación de parte de la normativa ha supuesto para arcas municipales. A las devoluciones, habría que sumar todo aquel dinero que el Ayuntamiento ha dejado de percibir año tras año después de la sentencia del Constitucional.

En este sentido, según explica el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, es una propuesta que se está trabajando en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que "va por buen camino". Ya en su momento el edil del ramo, Ramón Vilar, exigía que el Estado asumiese su responsabilidad al ser una normativa estatal y apelaba "a la responasbilidad del legislador" porque los ayuntamientos habían estado hasta entonces liquidando el impuesto "con arreglo a lo legislado y con rigor jurídico-económico".

El 58% de las inspecciones por el IAE arrojan fraude

Sanjuán compareció este miércoles para hacer balance de la inspección municipal de tributos durante el año 2020. Así, aseguró que gracias a las inspecciones del año pasado el consistorio ha podido recuperar 8,2 millones de euros en situación de fraude fiscal. La mayor parte de esta cantidad corresponde a la gestión de plusvalías (3,5 millones de euros) y al Impuesto sobre Actividades Económicas (3,2 millones de euros), incorporado recientemente a estas actuaciones de control y en el que se ha detectado un 58% de irregularidades.

Por lo que respecta a la recaudación del IAE, las actuaciones de control se han centrado en servicios recreativos, como salones de juego; el sector del transporte y las comunicaciones; el sector de la energía y el agua; el sector del comercio, especialmente grandes superficies y supermercados, y el sector de la fabricación, fundamentalmente polígonos industriales. "Estos se eligen por criterios técnicos y atendiendo a la legalidad", aseveró Sanjuán, que reconoció "el trabajo de los técnicos" para llevar a cabo la elección de los sectores.

El Ayuntamiento ha incorporado el ICIO y el IAE a la inspección tributaria en los últimos años y ha detallado que "hasta el año 2016 la recaudación por inspección del IAE era de cero euros". Desde que se incorporó el IAE a la inspección, los sectores que más recaudación han proporcionado son el hospedaje, la actividad del puerto de València, que comporta el 13%, y los servicios recreativos y culturales, como los salones de juego.

Del total recaudado en 2020, a la cantidad correspondiente a la gestión de plusvalías y al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), hay que sumar 800.000 euros referidos al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); 500.776 euros, a sanciones tributarias, y "una cifra casi residual, a causa de la Covid-19", de la tasa de ocupación del dominio público.

Igualmente, el edil señaló que a través de la gestión del convenio catastral que se está impulsando, está previsto que el plan de inspección del próximo año incluya en el control de tributos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), "la principal fuente de recursos" del consistorio.