VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya comienza a notar en las arcas el impacto de las restricciones y el confinamiento primaveral por el Estado de alarma en sus contratas y concesionarias. Este viernes, la Junta de Gobierno Local dará luz verde a una indemnización de más de 270.000 euros a la empresa Martínez Centro de Gestión SL, que presta el servicio de colaboración en la gestión y el cobro de las multas de tráfico y de la ORA.
Como consecuencia de la declaración del Estado de alarma por la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de València tuvo que suspender la prestación de dicho servicio, como muchos otros. En esta situación se mantuvo desde el 14 de marzo hasta el 27 de mayo. Casi dos meses y medio con la actividad paralizada, un sacrificio sobrevenido por causas de fuerza mayor que ahora el Ayuntamiento tendrá que compensar a la contrata mediante una indemnización.
Uno de los decretos aprobado por el Gobierno de España en los que se recogían medidas extraordinarias a aplicar a partir de la declaración del Estado de alarma especificaba precisamente este extremo: "Cuando [...] la ejecución de un contrato público quedara en suspenso, la entidad adjudicadora [el Ayuntamiento, en este caso] deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista".
Y eso hizo la empresa en cuestión: el 29 de abril presentó el escrito reclamando la preceptiva indemnización, y el 19 de junio remitió los justificantes de las cuantías que se le debía abonar. En total, 276.200 euros -65.600 en marzo, 105.200 en abril y 105.400 en mayo-. Tras comprobar que todas las cuantías estaban justificadas, el consistorio procederá a pagar el montante total y aprobará el gasto este viernes.
Si no es la primera, es de las primeras contratas que empiezan a recibir su indemnización de las arcas municipales. El Ayuntamiento de València, como muchas otras administraciones, se enfrentaa ahora a un período en el que tendrá que hacer frente a múltiples reclamaciones de este tipo tanto de contratas como de concesiones otorgadas por las instituciones. Como publicó Valencia Plaza, el consistorio del Cap i Casal ya estudia por qué vía compensará a decenas de empresas.
En el caso de las concesiones, las firmas tienen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, aunque los decretos aprobados permiten dos vías en este sentido: o bien ampliar la concesión hasta un 15% de la duración inicialmente prevista, o bien conceder esta compensación en materia económica, esto es, perdonando a la firma en cuestión parte del canon que está obligado a pagar por el contrato, o abonándole una cuantía monetaria.
En València, según explican en el área de Hacienda, ya hay empresas que han reclamado al Ayuntamiento su derecho a la compensación, y el consistorio "va a estudiar caso por caso", aseguran en el gobierno local, cuya intención es aplicar una u otra alternativa en función de la situación contractual y otras variables. En algunos casos podría interesar más la compensación económica. Por ejemplo, en aquellos en los que exista cierta urgencia por renovar el contrato para introducir mejoras en la prestación del servicio o el mantenimiento de las instalaciones y, por ende, no se quiera alargar más el contrato actual.
Pero, ¿cuántas concesiones tiene el consistorio del Cap i Casal? Si bien en la concejalía que dirige Borja Sanjuán no se atrevieron a dar una cifra, se cuentan por varias decenas las firmas que podrían pedir la compensación para restablecer el equilibrio económico de sus contratos. Por ejemplo, la firmas que gestionan en este régimen los parkings de la ciudad o empresas como las que gestionan el Bioparc o La Rambleta.
Quizá uno de los sectores con mayor volumen de concesiones es el de las instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento de València y, concretamente, de la Fundación Deportiva Municipal, que preside Pilar Bernabé. En el organismo municipal también estudian la manera de llevar a cabo esta compensación. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que es todavía prematuro hacer una previsión del impacto económico que esto puede tener en las arcas municipales, dado que por el momento no hay una decisión tomada en cada uno de los casos.