En esta moción se "condena enérgicamente dicho vertido y se insta a Capitanía Marítima y a la Autoridad Portuaria de València a investigar con la máxima su origen".
El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha afirmado que lo que se pretende es "blindar" las playas y "perseguir al causante del daño para que asuma el coste de los gastos de descontaminación y las responsabilidades penales que se deriven de este grave episodio".
Asimismo, se insta a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento "a tomar medidas legales por el grave daño causado a dicho espacio natural" y se plantea una colaboración entre el servicio municipal de Devesa-Albufera, la Generalitat Valenciana y la Administración General del Estado, para "evaluar el impacto de la contaminación en la flora y fauna, tanto en la parte emergida como en la parte sumergida de la playa, siendo esta última competencia del Estado".
En este sentido, a la Administración General del Estado se le reclama ejecutar proyectos de restauración de las playas de la Albufera "para compensar los daños sufridos, conforme al artículo 132.2 de la Constitución, ya que es la titular del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el mar y las playas".
Finalmente, Caballero ha destacado que también se va a solicitar que "se refuercen las medidas de control y prevención de vertidos en la costa valenciana y se incremente la vigilancia y la coordinación entre las distintas administraciones para proteger el parque natural y evitar futuros episodios de contaminación".
Por su parte, Sergi Campillo (Compromís) ha calificado el vertido como "la mayor crisis ambiental de nuestra costa" y ha criticado la ausencia de la alcaldesa de València, María José Catalá, durante tres días y que solo "apareciera para hacerse la foto alzando la bandera verde desde la posta, acto que incumple la Ley de publicidad institucional".
En su intervención, ha instado a acelerar la investigación y exigir al Puerto proyectos de restauración de las playas de L’Albufera, así como la paralización de la ampliación del puerto, ya que "hay que limitar el crecimiento portuario y repensar esta infraestructura porque la sociedad valenciana también se lo reclama".
La concejala socialista Elisa Valía ha afirmado que comparten la preocupación por el vertido, así como el de la playa del Cabanyal y ha cuestionado también la actitud de Catalá "al no ir al puesto de mando avanzado durante los primeros días, pero sí al izado de la bandera verde, cosa que es ilegal". Asimismo, ha mostrado su sorpresa por que el grupo del PP cuestione las actuaciones de Capitanía Marítima en el suceso.
Infancias migradas
Otra de las mociones alternativas aprobadas por el Pleno --en esta ocasión con los votos a favor del equipo de gobierno (PP y Vox) y en contra de la oposición (Compromís y PSPV)-- ha sido la presentada a las de Compromís sobre las infancias migradas y PSPV-PSOE sobre derechos y política social, por la que se insta al Gobierno de España a asumir sus competencias en inmigración.
En concreto, esta moción conjunta de los grupos que conforman el equipo de gobierno pide al Estado "que asuma de forma diligente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.2 de la Constitución Española, sus competencias en la definición, planificación, regulación y desarrollo de una política de inmigración legal, eficaz, segura y ordenada".
Asimismo, se insta a tomar todas las medidas necesarias y transferir los recursos adecuados para hacer frente al colapso de los centros de acogida en todas las regiones de España, especialmente en la Comunitat Valenciana, donde estos centros se encuentran al 170 % de su capacidad.
Por último, pide a las autoridades europeas a que se refuercen los programas de cooperación con los países de origen. Durante el debate, Lucía Beamud del grupo Compromís ha defendido que "la pobreza extrema, las violencias o el hambre son los principales motivos que impulsan a las personas a huir de sus países de origen, mientras que en su momento se llegó a acoger a 13.000 infancias ucranianas, solo en el País Valencià, ahora los 23 menores del continente africano suponen un problema, o esto se aborda con solidaridad territorial, humana y antirracista o se hace desde el racismo, la aporofobia y la violación del derecho internacional en materia de asilo".
Por su parte, Javier Mateo del grupo Socialista, ha apuntado que "para el equipo de gobierno actual la migración es buena o mala dependiendo de donde viene y del color de piel que tenga, la política y el dialogo son las mejores herramientas para construir ciudad, pero estamos muy lejos de tener un partido con algo de humanidad gestionando este Ayuntamiento".
La concejala de Bienestar Social, la 'popular' Marta Torrado, ha manifestado su "solidaridad con la comunidad canaria ante la tragedia migratoria, cuyo único responsable es el gobierno de Pedro Sánchez, y su incapacidad para atender esta realidad, a nivel municipal trabajamos para asistir a estos jóvenes, vamos a crear la primera mesa de prevención de la infancia vulnerable, para compartir todas las acciones en esta materia".
Finalmente, el portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha insistido en que quieren migrantes "que cumplan la ley, no que se salten las fronteras para convertirse en delincuentes". "Es mejor que se queden en sus naciones incrementando la riqueza allí, no vamos a estar a favor de los mecanismos que promueven un efecto llamada", ha dicho.
Apartamentos turísticos
Por otro lado, se ha rechazado la moción presentada por el PSPV en relación a la regulación de los apartamentos turísticos y la aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda. La edil Elisa Valía ha argumentado que "hay un problema de acceso a la vivienda para las familias valencianas, por lo que es necesario aplicar medidas inmediatas como la reducción del precio del alquiler, la paralización de la extracción viviendas para uso especulativo y la revocación de las licencias de apartamentos turísticos, es fundamental reconsiderar la política de esta ciudad en cuanto al acceso a la vivienda y al modelo turístico"
En este sentido, Ferran Puchades, de Compromís, ha añadido que "se trata de un tema de absoluta actualidad y trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, porque condiciona aspectos de nuestra ciudadanía como la emancipación de la juventud, por ello se necesita decisión política para tomar acciones frente a una ciudad absolutamente tensionada con los precios del alquiler".
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado que "el objetivo de este gobierno es regular con seguridad jurídica esta realidad e incentivar el uso residencial de la vivienda, para ello se han incrementado en más de un 300% las inspecciones de apartamentos turísticos ilegales, además seguimos impulsando el programa Más vivienda, así como la adquisición directa y la colaboración público-privada, entre otras medidas, en total se han invertido 27 millones de euros en políticas de vivienda".