València en Comú pedirá el cierre de Divalterra y el "vaciamiento" de la Diputación tras Alquería

VALÈNCIA. (EP). València en Comú (VALC) pedirá el cierre de Divalterra y el "vaciamiento progresivo" de la Diputación de Valencia en favor de la Generalitat Valenciana en las negociaciones para conformar al nuevo equipo de gobierno de la corporación provincial, tras la dimisión del expresidente Jorge Rodríguez por su detención y puesta en libertad en la operación Alquería.

En concreto, la formación exigirá un plan para vaciar de competencias las diputaciones en favor del Consell y "cuando sea posible" de las mancomunidades y los ayuntamientos. "A la espera de las necesarias reformas legales que permitan eliminar el ente", también pedirá medidas encaminadas a la cesión de competencias a otras instancias "más transparentes, eficaces y con mayor legitimidad", avanza VALC en un comunicado.

El diputado Berto Jaramillo ha defendido al respecto que "las corporaciones provinciales desempeñan un papel importante para los municipios pequeños, pero esas competencias se podrían transferir a los ayuntamientos, las mancomunidades o la administración autonómica".

En la misma línea, ha subrayado que València en Comú también puesta por reforzar las mancomunidades, al considerar que "las administraciones de segundo orden como las mancomunidades o las agrupaciones de ayuntamientos que colaboren voluntariamente en muchas o algunas cuestiones serían una herramienta muy eficiente".

Para que éstas se desarrollen o consoliden, Jaramillo ha abogado por impulsar cambios legales a nivel estatal. A nivel autonómico, "la Comunitat Valenciana también debería impulsar cambios legales que impulsen el municipalismo y las mancomunidades y debiliten a las diputaciones".

Y es que, para el diputado, "las diputaciones padecen un déficit democrático: Su representación no se elige de forma directa por la ciudadanía y no es estrictamente proporcional al número de votos obtenido por los partidos en las elecciones locales". "Pierden sentido con la consolidación de las comunidades autónomas", ha recalcado.

Pidió la liquidación en 2016

La formación recuerda que ya pidió en diciembre de 2016 la "liquidación" de esta empresa pública dependiente de la Diputación y antigua Imelsa por ser "epicentro del caso Taula, investigación judicial sobre la gestión del PP en la sociedad en la que hay decenas de imputados". Entonces, el diputado exigió responsabilidades cuando algunas informaciones denunciaron procedimientos de contratación y pago de dietas con cargo a la compañía.

"Ahora Divalterra, antes Imelsa, también centra las supuestas irregularidades investigadas en la operación Alquería", ha subrayado Jaramillo, para denunciar que la dinámica de esta empresa pública está "viciada tras el larguísimo periodo del PP en el gobierno". A su juicio, "la sociedad estaba cuestionada antes y sigue cuestionada ahora pese al cambio de gobierno", algo que "no podemos permitir".

Desde la formación también destacan que en 2016 exigieron que la Diputación asumiera directamente la gestión de las brigadas forestales que dependen de Divalterra, con más de 500 trabajadores, y las otras áreas de gestión que encajaran en sus competencias y obligaciones.

Por lo demás, respeto a los derechos del personal y la protección de sus puestos de trabajo "siempre que sea posible", València en Comú también defendió hace dos años la liquidación de la empresa. "En 2018, esa exigencia no ha cambiado", subrayan desde VALC.