València se planteará subir el recargo de IBI a grandes tenedores si no sacan vivienda al mercado

VALÈNCIA. Si la medida no es eficaz, el Ayuntamiento de València estudiará endurecerla. El recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellas viviendas vacías de grandes tenedores que el consistorio busca aplicar a partir del año que viene tiene como finalidad que estos propietarios saquen sus inmuebles vacíos al mercado para rebajar los precios de la compra y el alquiler. Pero si esta herramienta de presión no funciona, el gobierno municipal de València planteará subir el recargo.

Así lo explican en el grupo socialista del equipo de gobierno, al que pertenece el edil de Hacienda Borja Sanjuán. El actual recargo es del 30% sobre la cuota líquida del IBI para los pisos vacíos de grandes propietarios y se espera poder empezar a cobrar a partir de 2022 después de que la Generalitat Valenciana haya aprobado el marco regulatorio necesario la pasada semana, si bien este porcentaje podría incrementarse en los próximos años si el que hay ahora se revela ineficaz.

Sanjuán aseguró este miércoles que, "si los plazos se cumplen" y la Conselleria de Vivienda que encabeza Héctor Illueca tiene listo el registro de viviendas vacías antes de final de año, el Ayuntamiento del Cap i Casal podrá empezar a recaudar dinero por este encargo, algo que hasta ahora no podía hacer. Lo hará con el objetivo "no de cobrar más impuestos sino de que haya menos vivienda vacía en la ciudad y, por tanto, que bajen los precios del alquiler y muchas personas puedan acceder a tener una casa".

En este sentido, no se trata de una herramienta recaudatoria, explican en la concejalía de Sanjuán, sino de una medida cuya finalidad es aumentar la oferta de vivienda en el mercado libre para presionar los precios a la baja. Pero el porcentaje del 30% aprobado en 2019 no es el máximo posible; el consistorio tiene margen para subirlo. Y por ende, si el plus impositivo vigente no consigue su finalidad última, o al menos no lo suficiente, la posibilidad de incrementarlo está ahí y no se descarta ponerla sobre la mesa, aseguran las mencionadas fuentes.

"Para los socialistas, la prioridad es el acceso a la vivienda de los ciudadanos de València y no los privilegios de las grandes corporaciones como defiende el PP, por lo que se están estableciendo medidas concretas para garantizar este derecho fundamental y penalizar a través del IBI a los grandes tenedores de viviendas que tengan inmuebles vacíos", subrayaba Sanjuán al hilo del acuerdo del Gobierno central para la Ley estatal de Vivienda, que también contemplará recargos del IBI para grandes propietarios aunque no se han concretado los detalles.

Recargo de hasta el 50%

La Ley de Haciendas Locales ya prevé la posibilidad de aplicar este recargo desde 2004 y fija que pueda alcanzar hasta el 50%. "Los ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función de la duración del período de desocupación del inmueble", reza la normativa. Pero en la práctica era en València hasta el momento una disposición inaplicable porque la ley no definía el concepto de "inmueble desocupado", por lo que no se podía concretar qué viviendas debían ser objeto de recargo.

Un retoque exprés del Gobierno de Pedro Sánchez descargó esta responsabilidad en otra normativa estatal o autonómica de vivienda. Así pues el recargo sólo se podía aplicar en las comunidades que hubieran abordado el asunt en su marco regulatorio, como Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Navarra o Cataluña.

Y es aquí donde entra la Generalitat Valenciana y su normativa: en 2017 se aprobó la Ley de Función Social de la Vivienda, que ya esclarecía los conceptos para poder aplicar el plus impositivo. Pero no era suficiente para empezar a cobrar el recargo municipal aprobado en València ciudad, porque hacía falta un reglamento en forma de decreto de la Conselleria de Vivienda que desarrollara la ley y regulara, por ejemplo, el registro de vivienda vacía.

Este texto llegó el pasado viernes, cuando el departamento que ahora dirige Héctor Illueca -hasta hace poco, Rubén Martínez-Dalmau- elevó al Consell su aprobación y salió adelante. El decreto establece que los grandes propietarios serán aquellos con diez o más viviendas y define el término de vivienda vacía: aquella que esté desocupada de forma continuada durante más de un año sin justificación.

Así pues, según la normativa valenciana, los grandes tenedores deberán inscribir sus inmuebles baldíos en el registro autonómico -para los pequeños propietarios, esto será voluntario-, y se penalizarán cuestiones relacionadas con falta de información o el incumplimiento de la obligación de comunicar las viviendas vacías a la Generalitat. Las sanciones tipificadas como graves oscilarán entre los 10.000 y los 350.000 euros y, las muy graves, de los 350.000 hasta los 950.000 euros.

Es en base a este inventario autonómico de inmuebles vacíos como el Ayuntamiento de València, y en concreto la concejalía de Hacienda, podrán aplicar el recargo municipal del IBI a los grandes propietarios, que ahora es del 30% y que puede alcanzar en base a la Ley de Haciendas Locales hasta el 50%, a falta de ver cómo queda el redactado de la Ley estatal de Vivienda, que podría subir el techo impositivo del recargo.

"Este Ayuntamiento no se  va a poner a favor de los grandes fondos sino a favor de los jóvenes que no encuentran vivienda, que creo que es donde deben estar las administraciones públicas", incidió Sanjuán este miércoles: "Por eso estamos trabajando con la Generalitat para poder establecer este recargo cuanto antes y que, por supuesto, en 2022 ya empiece a movilizar vivienda vacía en la ciudad".