María Oliver, concejala de Vivienda de València. Foto: EVA MÁÑEZMADRID/VALÈNCIA. (EUROPA PRESS). Ediles de Vivienda de los ayuntamientos de València, Cádiz, Zaragoza, Santiago, A Coruña, Barcelona y Madrid han presentado este lunes las alegaciones correspondientes al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 ante el Ministerio de Fomento. Entre ellas se encuentra la demanda de dos mil millones de euros de inversión para 2018 o la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Los concejales de municipios gobernados por candidaturas de confluencia en las que se integra Podemos, así como el de València, en el que gobierna Compromís con la marca de Podemos -València en Comú- y el PSPV-PSOE, se han reunido en el Ministerio de Fomento con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar para presentar dichas alegaciones. En concreto, se trata de José Manuel Calvo (Madrid), Josep Maria Montaner (Barcelona), Eva Tubío (Cádiz), María Oliver (València), Jorge Duarte (Santiago), Xiao Varela (A Coruña) y Pablo Híjar (Zaragoza).
Según han afirmado los concejales a Europa Press, el objetivo de exigir más inversión es "equiparar a España con el resto de países europeos en cuanto a políticas de vivienda", las cuales son, a su juicio, "un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución española". "El problema de emergencia habitacional lo seguimos teniendo todas las ciudades y creemos que es un error de Plan Nacional de Vivienda", ha apuntado la concejala valenciana.
Ademas, han explicado que, en la actualidad, el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059% del PIB, lo que equivale a 467 millones de euros en 2017 y han asegurado que si continúa con la tendencia actual de recortes en materia de vivienda, que han supuesto una reducción de 1.000 millones de euros en los últimos ocho años, las políticas públicas de vivienda desaparecerán en cinco años.
Oliver ha asegurado que "el acceso a la vivienda es un derecho básico constitucional". "La irresponsabilidad del Gobierno central nos ha dejado un desierto social en materia de vivienda: Mientras Austria tiene un 24 % de alquiler social y Reino Unido un 17,6 %, España dispone de un ridículo 2,5 %. Los gobiernos del cambio estamos aquí para exigir al Gobierno central que sea sensato y solidario con la gente, que actúe y deje de mirar hacia otro lado cuando ciudadanía lo necesita", ha agregado.
Por otro lado, los ayuntamientos también han propuesto cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos puesto que, según ellos, se ha demostrado que en muchas ciudades la reducción a tres años que se llevó a cabo en la última actualización de la ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.
Por ello, han aprovechado la reunión con Gómez-Pomar para pedir que se alargue la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, lo que supone modificar el marco legal y normativo que protege a los inquilinos. "Hemos insistido en que para los propietarios es mejor cinco años que tres porque en tres años no se puede hacer ningún proyecto familiar", ha añadido el edil de Barcelona.
Por su parte, Gómez-Pomar ha recalcado que "la reunión ha sido cordial y abierta" y ha insistido en que el Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, el cual tiene "un marcado carácter social", es "fruto de un alto consenso por parte de las comunidades autónomas". El Gobierno aún no ha respondido a las demandas de los ayuntamientos, aunque ha asegurado que Fomento "estudiará todas las sugerencias".
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2016 la puesta en marcha del nuevo Plan Nacional de Vivienda para el periodo 2018-2021. Esta iniciativa supone la continuación del Plan Nacional de Vivienda desarrollado entre los años 2013 y 2016, prorrogando las ayudas durante el año 2017 debido a la imposibilidad de firmar un plan cuatrienal por encontrarse el Gobierno aún en funciones cuando expiraba el plazo del anterior plan.
