València retrasa la regulación del 'sharing' hasta bien entrado 2020

VALÈNCIA. Poco, por no decir nada, se sabe de la regulación de la actividad de sharing -vehículos compartidos- que el Ayuntamiento de València prevé elaborar y que el sector lleva esperando meses. Por unas cosas o por otras, todavía no ha salido a la luz y se desconoce en qué punto está.

De hecho, todavía existen algunas divergencias sobre quién debe abordarla. Fuentes del consistorio apuntan que corresponde a la delegación de Movilidad, encabezada por Giuseppe Grezzi, dado que el sharing es una nueva forma de moverse por la ciudad. Otros, por contra, señalan que es la concejalía de Espacio Público, ahora dirigida por Lucía Beamud en relevo del edil Carlos Galiana, la que debe afrontar la redacción de la ordenanza sectorial atendiendo a las consideraciones de Movilidad.

Así, se espera que esta regulación no empiece a aplicarse hasta, por lo menos, entrado 2020. Los plazos en la tramitación de una ordenanza no son precisamente ágiles. Sin ir más lejos, la reciente reforma de la ordenanza de Movilidad tardó aproximadamente medio año desde que se conoció el primer borrador hasta que finalmente se aprobó.

Una vez redactada la norma, la Junta de Gobierno Local debe dar su visto bueno al texto y después ratificarse en el pleno municipal del mes. A continuación se abre un período de exposición pública que acostumbra a ser de 30 días para que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren. Después de ello, la concejalía en cuestión -Espacio Público o Movilidad- ha de responder dichas alegaciones y llevar el texto de nuevo al hemiciclo municipal para su aprobación definitiva. Unos plazos que llevarán inevitablemente la regulación, en el mejor de los casos y si en septiembre está redactada, al mes de diciembre. Algo poco probable a tenor de la tramitación de otras normativas como la de Movilidad. 

Se prevé que en la regulación se fije el régimen en el que se presta este tipo de actividad: mediante autorizaciones a las operadoras, mediante concesiones o por concurso público. En esta clase de servicios entran tanto los patinetes, como las motocicletas -moto sharing- y los coches -car sharing- compartidos. Estos vehículos acostumbran a ser eléctricos, si bien hay algunas empresas que utilizan vehículos de combustión. Ahora bien, el Ayuntamiento de València ya ha dejado su postura clara a favor de los primeros por lo que no es de extrañar que dicha preferencia se pueda explicitar en esta norma.

Hay que recordar a este respecto que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, explicó en una entrevista a este diario que el car sharing "supondría un problema por la escasez de plazas" de aparcamiento y que no habría inconveniente si sus plazas "fueran en subterráneo". Además, deslizó que podría generar alguna tensión para con el sector del taxi: "También porque algo nos han dicho, cara a los taxistas", aseguró. Con todo, dijo que este sector "puede ser interesante [...] siempre apostando por lo eléctrico".

No obstante, si alguien pudiera considerar esta tardanza en elaborar una regulación como reflejo del desinterés del consistorio, es necesario subrayar que desde Alcaldía -y no desde Movilidad- se está trabajando en la puesta en marcha de un proyecto piloto de car sharing de un año con la empresa valenciana CarGreen, cuyo acuerdo está ultimándose, retrasado también por el parón electoral de los meses de abril, mayo y junio.

En ese sentido, este proyecto podría ayudar a elaborar la nueva norma del sector dado que, en virtud de dicho acuerdo, la operadora pondrá a disposición del consistorio los datos estadísticos de movilidad que registre. Se trata, por ejemplo, de recuentos sobre cantidad de viajes por vehículo, tiempo por viaje, distancia recorrida, qué zonas están más concurridas que otras, etcétera. Una información valiosa para que el Ayuntamiento cuente con una fotografía fiel de cómo los usuarios emplean este servicio, para más tarde acometer esta regulación.

Mientras, las tasas

Por el momento, y a la espera de la ordenanza del sharing, está en tramitación la ordenanza fiscal que establece las tasas a pagar por las operadoras. Elaborada por la concejalía de Hacienda, de Ramón Vilar, llegó a la Junta de Gobierno Local el pasado mes de junio, pero fue paralizada a instancias del responsable de Movilidad con el propósito de revisarlas junto a la delegación de Seguridad Ciudadana para evitar problemas a posteriori. Aunque se preveía que pudiera pasar por la mesa de la Junta de Gobierno en las últimas semanas, finalmente, explican en la delegación de Hacienda, se aprobará en la primera quincena de septiembre, junto al resto de ordenanzas fiscales. 

Así, estas tasas entrarían en vigor el próximo año. Sin embargo, pueden ser inaplicables hasta que no se apruebe la regulación del sector por parte de Espacio Público y/o Movilidad. "Serían de aplicación inmediata -arguyen en Hacienda- una vez entre en vigor la ordenanza sustantiva de la actividad, que a su vez es un desarrollo sectorial de la ordenanza general de Movilidad".

Según el texto inicialmente presentado, las tasas del sharing ascienden anualmente a 60 euros por patinete eléctrico y monociclos o plataformas de poco tamaño, 70 euros por vehículos similares de mayor tamaño, 78 euros por ciclomotor eléctrico y 82 por motocicleta eléctrica. En cuanto a los turismos, fija que si los vehículos eléctricos están exentos de pagar la zona azul, deberán abonar 715 euros anuales por unidad; mientras que si deben pagarla, la tasa aumenta hasta los 1.028 euros por unidad.

Esta tasa no sólo se pretende aplicar para aquellas empresas que tengan repartidos sus vehículos a lo ancho y largo de València, sino que también deberán abonarla aquellos establecimientos que se dediquen a alquilar este tipo de vehículos y los tengan situados frente a su fachada o en el entorno del local. Por otro lado, esta ordenanza no afectará a aquellas empresas que operen en la ciudad mediante una concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento de València, como por ejemplo Valenbisi. Por tanto, únicamente se aplicará a las empresas que ostenten una autorización.