VALÈNCIA. Si había alguna posibilidad, no verá la luz. A la postre, el Ayuntamiento de València no arrendará apartamentos turísticos para facilitar el confinamiento de familias vulnerables y personas sintecho, una medida que el consistorio estudiaba desde hace varias semanas pero para la que hacía falta un acuerdo previo con los gestores de los pisos turísticos. Algo que, según explican tanto en la administración municipal como fuentes del sector, no ha ocurrido: no han convergido los intereses de una y otra parte.
El anuncio llegaba a finales del pasado mes de marzo, tras quince días de confinamiento. El vicealcalde de la ciudad, Sergi Campillo, subrayaba el esfuerzo "ingente" del consistorio para encontrar alojamiento a aquellas personas que no tienen hogar o que, con motivo del estado de alarma, se habían quedado sin un techo bajo el que dormir. Una de las posibilidades, explicaba, era contratar alojamientos turísticos que "ahora están vacíos", lo que permitiría a los propietarios tener "unos ingresos, eso sí, por debajo del precio de mercado, durante estas fechas".
La vicealcaldesa Sandra Gómez insistía en que la prioridad era buscar "soluciones lo más dignas posibles" y que este tipo de viviendas turísticas eran, a priori, más adecuadas para núcleos familiares vulnerables que para personas individuales. Con todo, era la concejalía de Vivienda y Bienestar Social, que dirige la edil Isa Lozano, la que llevaba las negociaciones con la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat Valenciana (Avaec).
Previamente, la asociación había planteado a la Generalitat Valenciana la idea de utilizar pisos turísticos para dar albergue a víctimas de violencia de género durante lo que durara el estado de alarma y el parón de la actividad turística. Una medida que en la Conselleria de Vivienda, encabezada por Rubén Martínez Dalmau, valoraron, si bien las plazas en las instalaciones públicas para estas mujeres resultaban suficientes, por lo que finalmente no fue necesario.
La idea del consistorio, sin embargo, era un tanto diferente, según señalan en Avaec, al proponer una estancia mínima de seis meses para estos núcleos familiares y personas sin hogar, a cambio de un alquiler de 300 euros mensuales. Unas rentas que no eran asumibles para la asociación al considerarlas "muy bajas" en comparación con el estado y la situación de los pisos turísticos que se ofrecían.
Tampoco los gestores de estos inmuebles podían asegurar que se cumplieran los seis meses de estancia mínima, dado que tienen reservas para los próximos meses que permanecen vigentes pese a la crisis sanitaria. "No hablábamos de lo mismo, las propuestas no encajaban", aseguran en la asociación.
Uno de los precedentes próximos era Cádiz. Allí, a finales de marzo, el Ayuntamiento suscribió un convenio con una cooperativa del sector para este mismo menester. Medida de urgencia aplicada sólo durante el estado de alarma para asegurar el confinamiento de familias vulnerables y personas en situación en riesgo de exclusión. El consistorio pagaba un alquiler que no ha trascendido y se comprometía a velar por el cuidado y el buen estado de los apartamentos y a realizar la limpieza y desinfección tras la salida de sus ocupantes.
Finalmente, en València, no ha podido ser. La administración y la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de la Comunitat no consiguieron ponerse de acuerdo y la intención del consistorio quedará sólo en eso. Pese a ello, explican en la delegación de Lozano, las personas que necesitaban de esta ayuda finalmente han sido alojadas en hostales y en el polideportivo municipal de La Petxina.