VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de València asumirá los gastos derivados de la tramitación que han de llevar a cabo las personas cuyas viviendas resultaron afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre y que no dispongan de seguro.
De esta manera lo ha expuesto la alcaldesa de València, María José Catalá, después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado con carácter de urgencia que el Ayuntamiento asuma la contratación y validación de informes periciales para la acreditación de daños en vivienda y/o enseres de los afectados que no dispongan de seguro.
Se trata de un mecanismo prioritario para la justificación de los daños en las residencias que, en el caso de la ciudad de València, se han centrado con mayor dureza en las pedanías y vecindario de la Torre, el Forn d'Alcedo y Castellar-l'Oliveral y diseminados colindantes, según ha detallado el consistorio en un comunicado.
"Las viviendas que no están aseguradas necesitan un peritaje para poder acreditar los daños que hayan padecido", ha apuntado la primera edil, que ha señalado que las personas "necesitan ayuda, y desde el Ayuntamiento de València hemos asumido ese peritaje".
Para ello, tal como se recoge en el acuerdo aprobado por el gobierno municipal, las delegaciones municipales y servicios competentes procederán a la contratación, por vía de emergencia, de los servicios de peritaje adecuados. El acuerdo también contempla que se pueda contactar con colegios profesionales y otras entidades corporativas para "recabar su asistencia y colaboración".
La medida da respuesta a las disposiciones del real decreto ley aprobado el pasado 5 de noviembre, relativo a medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Dana en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.
Tal como se establece en dicha disposición legal, para acreditar la cuantía del daño en la vivienda y enseres de primera necesidad, en los casos en que no exista cobertura de un seguro, se admitirá un informe pericial contratado y validado por el Ayuntamiento en el que conste la destrucción de la vivienda con una valoración de la misma, o los daños sufridos por esta o en los enseres de primera necesidad con una valoración de estos.
Esta medida se suma a las iniciativas impulsadas por el gobierno municipal, a través de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local los pasados días 31 de octubre y 4 de noviembre, para agilizar las prestaciones de asistencia pericial a las personas afectadas.
Se trata de medidas como la reactivación de la Oficina de Coordinación de Ayudas, que se creó a raíz del incendio de Campanar, y la habilitación de la dirección electrónica [email protected] para organizar las iniciativas de ayuda de empresas, entidades y particulares, así como la puesta en servicio de las oficinas de atención a los Pobles del Sud.
La Junta de Gobierno también impulsó una partida de un millón de euros para gastos de emergencia y la tramitación urgente de contratos de asistencia para atender la emergencia. Asimismo, se facultó a las concejalías de Servicios Sociales y Vivienda para facilitar a las personas afectadas acceso a las viviendas recientemente adquiridas por el consistorio en las inmediaciones de la pedanía de La Torre.
En la misma línea, se ha autorizado a los empleados públicos que viven fuera de la ciudad y hayan resultado afectados por las inundaciones y no pueden teletrabajar para que puedan colaborar con las corporaciones de sus municipios de residencia. Y también a los funcionarios con habilitación de carácter nacional para que puedan prestar asistencia jurídica y técnica a las corporaciones de los municipios afectados que lo requieran.